A la fecha, siete personas atienden a 1 mil 200 entidades que deben brindar información pública. La idea es tener presencia en la 35 auxiliaturas de la PDH.

870 mil 553 dosis de las cuatro marcas disponibles en Guatemala vencerán en los próximos dos meses y medio. De estas, 16 mil 330 expirarán el 30 de octubre y 5 mil más en noviembre.

Algunas tienen un portal electrónico donde está todo, menos cómo ejecutan su presupuesto, y otras no lo actualizan desde el año pasado.

El diario oficial publicó el acuerdo con el que da marcha atrás a la medida que vulnera la Ley de Acceso a la Información Pública. GuatemalaLeaks presentó un amparo en noviembre de 2020 para que la entregara de manera gratuíta.

El medio solicitó a la Unidad de Información Pública,“las denuncias y causas penales en contra de Florencio Carrascoza Gámez, alcalde de Joyabaj, Quiché”, pero la respuesta fue negativa.

Los Q1 mil 406 millones representan el 75.5 por ciento el total de lo que deben 254 municipalidades. El Seguro Social se rehusó al principio a proporcionar esta información.

La jefa del Ministerio Público se rehusó a proporcionar información solicitada por medio de la Ley de Acceso a la información Pública.

El acuerdo, que cobra vigencia este martes 10, limita quienes pueden hacer uso de esa prerrogativa.

El procurador denuncia que la comisión de Transparencia del Congreso no solicitó su opinión y propone un mayor debate.

El registro cobra Q250 por entregar las estadísticas vitales. Con esta medida se busca que la  ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información.