El medio solicitó a la Unidad de Información Pública,“las denuncias y causas penales en contra de Florencio Carrascoza Gámez, alcalde de Joyabaj, Quiché”, pero la respuesta fue negativa.

Los Q1 mil 406 millones representan el 75.5 por ciento el total de lo que deben 254 municipalidades. El Seguro Social se rehusó al principio a proporcionar esta información.

La jefa del Ministerio Público se rehusó a proporcionar información solicitada por medio de la Ley de Acceso a la información Pública.

El acuerdo, que cobra vigencia este martes 10, limita quienes pueden hacer uso de esa prerrogativa.

El procurador denuncia que la comisión de Transparencia del Congreso no solicitó su opinión y propone un mayor debate.

El registro cobra Q250 por entregar las estadísticas vitales. Con esta medida se busca que la  ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información.

El registro recauda Q250 por dar acceso a estadísticas vitales. Así responde a solicitudes incluso cuando esta medida contraviene uno de los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública: la gratuidad.

El decreto 12-2020 obliga a cumplir con los diez días hábiles para dar una respuesta a una solicitud de información pública.

Emitió un acuerdo interno por el estado de calamidad que debía vencer el 31 de marzo. Tras el anuncio de Giammattei, será el 13 de abril.

De hecho, las municipalidades son las más deficientes en efectuar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).