Aunque es prioritario en el país, el gasto de los gobiernos locales en ese tema no llega a la mitad del presupuesto destinado a vehículos, máquinas u otros rubros.
Por Carmen Maldonado Valle
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), en Guatemala la mitad de los niños tiene algún grado de malnutrición. Según sus cifras, se agravó a raíz de la pandemia, porque de tener 11 mil 87 menores de cinco años con desnutrición aguda en 2019, para la misma fecha en 2020 habían 20 mil 924, casi el doble.
El año de llegada de la COVID-19 al país fue también el año donde asumieron sus cargos las corporaciones municipales actuales. Desde entonces han invertido Q13 millones 997 mil 674 en el combate a la desnutrición (Q466 mil 589 mensuales, en promedio). Sus gastos van desde bolsas con víveres hasta animales o centros de atención médica para casos de enfermedad por inseguridad alimentaria.
Una de las comunas con presupuesto destinado a este tema es la de Chajul, Quiché, donde en 2020 se compraron 3 mil gallinas criollas para dar a madres con desnutrición. A decir de Margarita Mendoza, una de las beneficiarias y miembro del comité de tejedoras, se solicitó esto porque podrían utilizar las aves para comer o criarlas para venderlas y aumentar sus ingresos.
Las gallinas, sus vacunas, comederos y todo el equipo entregado a las vecinas costaron Q259 mil 200 y la proveedora fue Matea Engracia Ceto Ceto. No fue el único lugar donde se invirtió en estos animales, porque Tacaná, San Marcos, también hizo una compra por Q250 mil.
“Los proyectos con gallinas pueden funcionar si los gastos para mantenerlas no compiten con los de la familia. Ciertos tipos solo comen concentrado o se enferman con frecuencia, entonces generan gastos y las personas dejan de alimentarse por sufragar estos costos”, explica el coordinador de la escuela de nutrición de la Universidad Panamericana, Jorge Pernillo.
Otras alcaldías, como la de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, compran fórmulas nutricionales para los habitantes, como Incaparina, suplementos para niños y bebés, entre otros, según las recomendaciones del área de Salud. De acuerdo con la encargada de nutrición en el departamento, Mayarí Cobón, no se dan bolsas con víveres a las familias porque si tienen retardos en peso o talla requieren fórmulas específicas para recuperarse.
En cambio, se evalúa a las personas para determinar el grado de malnutrición y según su edad y necesidades de su cuerpo, se les dan los suplementos adecuados. “A un bebé no le sirve una bolsa de frijol. Requiere un complemento acorde a su etapa de crecimiento, entonces damos la asistencia nutricional y la fórmula. En 2019 murieron 32 niños por desnutrición y para 2020 lo redujimos a 12”, sostiene Cobón.
Mientras tanto, la alcaldía de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, también publicó compras para reducir la malnutrición, según la descripción. Su pedido fue de azúcar, café, sopas de pollo en sobre, nachos, malvaviscos, aguas gaseosas, chocolate y granos básicos para entregar a las familias. Por esto pagó Q533 mil 120 en siete concursos.
Se intentó contactar al jefe edil, Otilio Barrientos, para preguntarle por qué compró estos alimentos, pero no entró ninguna de las llamadas. En la municipalidad, la secretaria dijo que el único autorizado para dar declaraciones era el personal de comunicación social, pero en ese momento no se encontraba.
La proporción de los gastos
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establece a las municipalidades como responsables, junto a otras instituciones estatales, de combatir la desnutrición. Esto, establece el documento, se debe hacer a través de cuatro ejes principales: asegurar la disponibilidad de alimentos, mejorar el acceso a ellos, capacitar a las personas para comer de forma saludable y aumentar el alcance de los servicios de salud y agua potable.
También la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional detalla que aunque la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) planifique y coordine los proyectos, las municipalidades son corresponsables porque conocen mejor las necesidades de sus comunidades. Además, tienen mayor capacidad para monitorear los resultados de las acciones.
“No, nosotros algunas veces damos bolsas con víveres, pero en realidad es obligación de la Sesan. Por eso no tenemos más proyectos”, respondió el subdirector de planificación de Uspantán, Dennis Pú, cuando se le preguntó sobre las iniciativas de su ciudad para frenar la malnutrición.
En ese municipio, catalogado como altamente vulnerable ante la desnutrición en el último censo nacional de talla, se destinaron Q6.8 millones a remodelar el estadio en 2021. No es el único, porque desde 2020 los gobiernos locales han gastado Q81 millones 959 mil 948 en instalaciones deportivas, casi seis veces más que lo invertido en proyectos de seguridad alimentaria.
También hay otros rubros con mayor peso dentro de los presupuestos ediles en esta administración: Q28 millones 769 mil 332 para vehículos todo terreno o Q142 millones 186 mil 302 en alquilar retroexcavadoras, por ejemplo.
Quienes adjudicaron los eventos relacionados con desnutrición fueron 23 alcaldías pertenecientes, la mayoría, al occidente del país. La comuna con mayor inversión en ello fue la de El Progreso, Jutiapa, con Q5 millones 761 mil 450. A la fecha, Guatecompras no reporta eventos vigentes respecto a este tema.
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