Es la respuesta a una cuestión de competencia presentada por la municipalidad de Guatemala. Permitirá que avance el proyecto del aerómetro en la calzada Roosevelt.
Por Kristhal Figueroa
La municipalidad de Guatemala, a través de su mandataria judicial, Sulma Guicela Ramírez Pineda, presentó una cuestión de competencia ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Buscaba determinar si el Congreso de la República tiene la autoridad para aprobar los contratos de concesiones otorgados por la municipalidad.
El 8 de abril, la CC resolvió el recurso. Señaló que las comunas tienen la facultad de aprobar concesiones de servicios públicos locales por medio de los concejos municipales. Con este fallo, se respeta el marco constitucional de descentralización administrativa y autonomía municipal.
Se permite, además, que las municipalidades gestionen sus servicios públicos de acuerdo con sus necesidades y circunstancias particulares, según la resolución. “Siempre bajo un marco de control y supervisión que garantice el interés público, la eficiencia y la continuidad en la prestación de servicios”, agregó.
Miguel Ovalle, exalcalde de Salcajá, Quetzaltenango, y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), valora de manera positiva la decisión. “Es por lo que siempre hemos peleado en la Anam: la autonomía municipal. Las alcaldías, a través de sus gobiernos locales (corporaciones municipales) tienen la facultad de otorgar concesiones de los servicios públicos, siempre que se cumpla con lo establecido en la ley de contrataciones”, indicó.
Tanto la Ley de Contrataciones (artículo 26) como la Constitución Política de Guatemala (artículo 183), brindan al Congreso la facultad de aprobar y ratificar las concesiones realizadas por el Organismo Ejecutivo. No mencionan a las municipalidades.
“La reforma al Código Municipal establece la mancomunidad de municipios. A través de ella, también se pueden hacer ese tipo de concesiones. Este fallo valora lo que realmente significa la autonomía municipal establecida en este código y en la constitución”, explicó Ovalle.
Tenemos esta nota: Lo bueno y lo no tan bueno alrededor del Aerometro
Ninotchka Matute, concejal VIII de la municipalidad de Guatemala, considera que el fortalecimiento de la autonomía del poder local es una buena noticia. Pero, con este fallo, también se eliminan contrapesos, indicó. “Da la libertad a las municipalidades para concesionar obras sin mayores cuestionamientos y eso se presta para malos manejos y obras que favorecen a determinados actores privados en detrimento de lo público”, agregó.
El caso del aerómetro
El fallo de la CC beneficia directamente la construcción del aerómetro, un sistema de transporte de cable que involucra a las municipalidades de Guatemala y Mixco. Fue prometido en 2015 por el entonces alcalde, Álvaro Arzú, y concesionado por un consorcio entre Cablevía de Guatemala, Desarrollos Residenciales Victoria, Desarrollos Torino y Doppelmayr Guatemala, quienes estarían a cargo de él durante 25 años.
El concejo municipal de Guatemala aprobó el contrato en 2021. Sin embargo, el proyecto se encuentra estancado en el Congreso. La iniciativa de ley que permitiría ejecutarlo espera la tercera lectura desde el 2023.
Matute considera que el concejo municipal presentó la cuestión de competencia ante la CC para llevar adelante este proyecto. “Ahora no se necesita la aprobación, prácticamente tiene vía libre para su ejecución”, indicó.
El proyecto, según la concejal, es cuestionable tanto en su pertinencia técnica para responder adecuadamente a la demanda de transporte, como en la adjudicación de la concesión a un grupo de empresas que se presentaron como “oferente únicos”.
Agregó que tampoco está claro si el contrato establece candados para que el costo del pasaje (Q3.00) se mantenga durante el plazo de la concesión. “Vamos a requerir el contrato para conocerlo”, indicó.
Este es el primer caso que Miguel Ovalle conoce en el que una concesión local es evaluada en el Congreso. “Si la municipalidad de Guatemala hizo una concesión, fue a través del concejo municipal y con las facultades que el Código Municipal y la Constitución les brinda”, finalizó.
