La CC aún no da un veredicto definitivo sobre la responsabilidad municipal respecto a plantas de tratamiento, pero ambas partes están confiadas.
Por Carmen Valle
La Corte de Constitucionalidad (CC) aún no toma una última decisión sobre hasta dónde llegará la responsabilidad municipal para construir plantas de tratamiento durante los próximos siete años. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) son los involucrados, y ambos tienen esperanzas a su favor.
A este Espacio Abierto acudieron Patricia Orantes, titular del MARN y Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam. En esta nota se introduce la entrevista sobre las razones detrás del amparo provisional de la CC, y los pronósticos de cada uno respecto a la decisión definitiva.
Aun así, puedes acceder al resto de preguntas y verla completa aquí:
¿Tanto el MARN como la Anam piensan qué harán si la CC resuelve a favor del contrario?
Orantes: Confiamos en que la CC fallará a favor del acuerdo 236-2006 (en el cual se regula el tratamiento y reúso de aguas residuales). Lleva 18 años vigente y si hubiera una inconstitucionalidad, se habría detectado muchísimo antes. Si no sucede así, trataremos de comprender por qué y reharemos el reglamento con base en ello.
La norma solo pone metas de tiempo para que los gobiernos locales cumplan con su responsabilidad. Tanto el Código Municipal como el Código de Salud las obligan a procesar sus aguas residuales. También les pone parámetros técnicos sobre cómo deben estar estas al momento de verterlas en los ríos.
Siero: Eso no lo hemos analizado. Creemos que se le puede encontrar una solución de mutuo acuerdo y tampoco le apuntamos a la inconstitucionalidad definitiva. Solo la presentamos porque no podíamos dejar legalmente indefensos a los alcaldes.
En realidad, iniciamos estas pláticas con el MARN hace cinco meses y por el bien de la naturaleza y del país, esperamos llegar a una solución factible. Si ese acuerdo entra en vigencia, el único afectado será el medio ambiente y es muy difícil que las personas lo entiendan.
En caso de un fallo como este por parte de la CC, pasaría lo mismo que cuando se presenta una denuncia penal relacionada con carreteras u otros proyectos. Mientras se resuelven los procesos, las construcciones se suspenden porque son la prueba del juicio. El acuerdo solo se volvería carcelario hacia los concejos municipales y cuando alguien denuncie una descarga de aguas residuales no atendida, no se podrá trabajar por ser la prueba para el proceso legal.
Instalar plantas de tratamiento a nivel nacional representa un compromiso e inversión importantes para las alcaldías. ¿Qué ofrecen el MARN y la Anam a las municipalidades para ayudarlas a cubrir estas necesidades?
Orantes: Este es un problema con muchos retrasos porque no genera votos, necesita conocimientos técnicos y en algunos casos es más caro que en otros. Se requiere un plan de inversión pública al menos durante los próximos 25 años y, aunque es una obligación legal de las municipalidades, desde la campaña el gobierno se comprometió a meter el hombro con un cofinanciamiento.
El ofrecimiento está allí, por parte del Presidente, el ministerio de Finanzas y el Instituto de Fomento Municipal (Infom) para cofinanciar los sistemas de tratamiento. Aun así, se necesita el compromiso de las alcaldías.
Siero: La ANAM les ofrece todo el apoyo técnico y las asesorías para llevarlo a cabo. Ahora existen equipos a los cuales pueden acudir los alcaldes al necesitar ayuda y así se les guíe. Esto no significa hacerles el trabajo, sino resolver sus consultas básicas. Al MARN le solicitaremos asistencia, pero ya estamos acostumbrados a que no den su ayuda aunque la ofrezcan.
Desde nuestra primera plática, nos animaron a no preocuparnos porque se encontraría una solución y estaban conscientes de que el acuerdo no podía acorralar a los concejos. Pasó el tiempo y no se cumplieron los consensos a los cuales llegamos en estas reuniones y por eso acudimos a la CC.
Incluso antes del amparo ante la CC, las alcaldías se excusaban y no todas construían sus plantas de tratamiento. Antes, negaban tener fondos y ahora el argumento cambió, pero en los últimos gobiernos el Gobierno central también les ofreció dinero para incluir esto en sus prioridades. ¿Cómo puede garantizarse que las comunas sí inviertan el dinero de saneamiento en ese rubro?
Orantes: Es una responsabilidad de cada alcalde hacer buen uso de sus recursos. Para eso son las autoridades de sus municipios. La población nos dio un mandato a todos los electos y es cero corrupción, entonces a nadie le toca procurar que otros hagan su trabajo.
Aun así, hay un acuerdo con el Infom para acompañar a las municipalidades donde se requiera con asistencia técnica y financiera. Ese es nuestro compromiso.
Siero: Son los fondos de consejos de desarrollo, pero los alcaldes no los usan para drenajes porque su regulación lo hace imposible. Este dinero, si al 31 de diciembre de cada año no se ejecuta, se pierde y se va a un fondo común. Aun así, un proyecto como este tarda alrededor de 18 meses en construirse más otros seis en trámites, entonces invertir esto en plantas de tratamiento no es administrativamente atractivo porque el tiempo de ejecución supera el tiempo de disponibilidad de los recursos.
Ante el Congreso propusimos que este dinero no se vaya a fondo común a fin de año y se mantenga con los años porque una planta de tratamiento no se construye en seis meses. Además, pensemos en que este año, como en gobiernos anteriores, se atrasó el nombramiento de los gobernadores y cuando eso pasa, también se retrasan convenios, procesos y así el financiamiento de a poco se pierde.
Sin importar el fallo definitivo de la corte, si en este momento ambas partes se sentaran a negociar sobre el reglamento para tratar aguas residuales, ¿en qué estaría dispuesta a ceder cada una?
Orantes: Nosotros no tenemos que ceder en nada ante la Anam. Tenemos una obligación de cuidar la calidad de las aguas del país y comprendemos que los reglamentos pueden mejorarse. Este, en específico, podría dar un tratamiento diferenciado a las alcaldías según la cantidad de aguas negras a manejarse en cada una, pero no en un marco de negociación, sino de reflejar mejor la diversidad de condiciones de las comunas.
Siero: El 22 de mayo le conté a la ministra sobre la acción ante la CC. Me comprometí a retirarla cuando el MARN presentara una propuesta donde sí se atendiera la realidad nacional. La Anam busca derogar el acuerdo, pero el ministerio no quiere porque quedaría mal ante ambientalistas.
El MARN prometió la posibilidad de hacer adendas al acuerdo y la Anam accedió porque se lograba el fin: nuevos plazos y herramientas factibles. También se comprometió a proponer soluciones para obstáculos económicos y dijo que antes del 30 de mayo se tendrían estas alternativas. Llegó la fecha y pidieron uno o dos meses más para tener esto listo.
La inconstitucionalidad solo protege a los concejos mientras esto pasa, pero al menos de nuestra parte, ya cedimos. Propusimos crear un fondo verde para financiar esto, mencionamos nuevos plazos y ahora lo que nos queda es esperar. Estaremos dispuestos a escuchar cuando tengan su respuesta.
