La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) obliga a las municipalidades a actualizar sus datos, Escuintla figura entre los 7 departamentos con un “cumplimiento deficiente”.
Por Natalie Samayoa
La transparencia en la gestión pública está pendiente en varias municipalidades del país. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), solo cinco de los 22 departamentos del país alcanzaron un nivel de cumplimiento aceptable de las obligaciones establecidas en la LAIP.
Es así que comunas donde el alcalde recibe salarios superiores a los Q90 mil mensuales, no suben el desglose de su sueldo como ordena la LAIP.
¿Qué pasa con los incumplidos?
El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Erick Coyoy, señala que “todas las entidades públicas tienen la obligación de dar a conocer la información de su personal. No debería haber restricción”.
Menciona que la PDH debe ser más activa: es la encargada de verificar el cumplimiento de la ley porque el acceso a la información está reconocido como un derecho humano. “No es una sanción financiera, pero sí una sanción moral al identificar públicamente que los funcionarios no están cumpliendo”.
El archivo de la PDH reporta que se registraron 352 solicitudes resueltas fuera del plazo legal y 9 mil 077 solicitudes resueltas con declaración de inexistencia de la información solicitada.
La LAIP establece obligaciones específicas. El artículo 10 regula que la información pública de oficio debe mantenerse disponible para la ciudadanía, mientras que el artículo 7 dispone que esta información debe permanecer accesible y actualizada como máximo cada 30 días.
Escuintla viste mayormente de rojo
El Informe de Situación del Derecho de Acceso a la Información Pública 2025, publicado en abril de 2026 por la PDH, señala que el sector de municipalidades tiene un bajo cumplimiento. A nivel nacional, 25 municipalidades no entregaron su informe anual.
Además, el documento indica que únicamente cinco departamentos del país registran un cumplimiento aceptable. Diez presentan cumplimiento bajo y siete muestran cumplimiento deficiente. Entre estos últimos se encuentran San Marcos, Retalhuleu, Sacatepéquez, Sololá, Chimaltenango, Escuintla y Guatemala.
El promedio departamental de Escuintla fue de 57.14% en la primera supervisión y 58.59% en la segunda, lo cual corresponde a un nivel deficiente según el informe.
Respuestas sin fundamento
El mismo Informe advierte sobre deficiencias en la emisión de resoluciones relacionadas con solicitudes de información.
Según el documento, “las resoluciones fundadas y motivadas son esenciales para garantizar el derecho de acceso a la información pública”. La ley exige que toda decisión relacionada con una solicitud explique claramente sus razones legales y técnicas, especialmente cuando se niega o limita el acceso.
Sin embargo, la PDH identificó que “muchas instituciones emiten resoluciones sin una adecuada fundamentación”. De acuerdo con el texto, esta debilidad “afecta la transparencia, genera inseguridad jurídica y dificulta que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos”.
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9 de 14 portales locales no están actualizados
Mientras los alcaldes de La Gomera, Tiquisate, Iztapa y Masagua ganan más de 90 mil quetzales al mes, decenas de miles de sus habitantes viven en precariedad. De 14 municipios, solo 9 cuentan con su información actualizada.
Solo en estos cuatro municipios se registran 62 mil 309 habitantes en condiciones de pobreza general, mientras los portales de transparencia siguen sin actualizar información sobre la gestión pública.
En el siguiente gráfico se presenta la clasificación por colores, basada en la información disponible en los portales oficiales de los municipios.
La ley exige transparencia. Los portales deben mostrar esos salarios, pero en ocho municipios la información no se publica, por lo que los incumplimientos persisten. La PDH recomienda implementar programas de capacitación en acceso a la información pública para todo el personal institucional y así, fortalecer la transparencia.
