Mientras la población se preparaba para las fiestas decembrinas, se prorrogó la norma donde se iba a obligar a las comunas a procesar en 2023 sus aguas residuales.
Por Carmen Valle
Aunque pasaron casi 17 años desde la publicación del reglamento de descarga y reúso de aguas residuales, 2023 prometía avances, pues se iba a exigir a los gobiernos locales procesar sus dos principales fuentes de aguas residuales. Era la primera etapa de tres para cumplir con esta responsabilidad, pero al terminar 2022 se publicó una nueva reforma y la fecha se retrasará hasta 2025.
Con esta, van seis prórrogas a la regla. Mientras tanto, de acuerdo con la hidróloga, Sharon van Tuylen, en Guatemala se producen 1 mil 540 millones de metros cúbicos de aguas residuales por año, o sea, 385 mil piscinas olímpicas en su máxima capacidad (4 millones de litros por cada una).
Además, solo una de cada cuatro alcaldías en áreas urbanas tiene una planta de tratamiento y 17 municipalidades en todo el país tienen sistemas de tratamiento terciario. Esto se refiere no solo a quitar los desechos grandes y la materia orgánica, sino también al retiro de la carga contaminante y así el agua se vuelve apta para reutilizarla.
Las nuevas fechas quedaron así: las comunas deberán tener los estudios técnicos previos a la construcción para el 30 de mayo de 2024, cuando en teoría debían haberlos elaborado desde 2019; para el 2 de mayo de 2025 deberán procesar las dos principales fuentes de aguas residuales, en vez del 2 de mayo de 2023.
Para el 3 de mayo de 2027 deberán procesar el 60 % de sus descargas. El 100 % deberá alcanzarse para el 2 de mayo de 2031. Así, el camino por recorrer será de al menos siete años a partir de ahora.
El ministro de ambiente, Gerson Barrios, justifica el cambio con la necesidad de tiempo para los alcaldes, porque así pueden obtener financiamiento. “En 2020 la pandemia nos dejó encerrados, lo cual no permitió gestionar y salir al mercado financiero”, dice.
Su argumento es el mismo dado por el presidente Alejandro Giammattei en septiembre de 2022. En una actividad de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) anunció esta prórroga, aunque aún no se oficializaba, pues “no es justo haberles puesto plazos tan pequeños sin pensar en sus presupuestos tan cortos. Debemos dejarnos de plantas y apostar por dar más dinero a los alcaldes para aumentar su capacidad financiera y así logren hacerlas”, dijo. Tras ello recibió aplausos de los jefes ediles.
El nuevo acuerdo gubernativo donde se ratifica el retraso modificó los plazos para estos proyectos. Donde no hubo cambios fue en las sanciones y para quien no cumpla con las nuevas disposiciones (si no ocurre una séptima modificación) habrá desde una advertencia hasta la obligación de reparar el daño ambiental causado, según la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente.
Y recuerde: en los últimos cinco minutos —quizá cuanto usted lleva en esta nota— en Guatemala ya se generaron 14.6 millones de litros de aguas residuales y solo cinco de cada 100 serán tratados.
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