Diego Toledo, diputado oficialista, asegura que la modificación al reglamento no se sujeta a la Ley de Tránsito.
Por Pilar Rodríguez
El diputado Diego Toledo, electo por el partido Semilla, presentó una acción de inconstitucionalidad general parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta impugna el artículo 11 del Reglamento del Servicio Municipal de Estacionamiento Seguro en la Vía Pública y Asistencia Vial de La Antigua Guatemala.
La norma establece multas de Q500 para quienes utilicen espacios de estacionamiento regulados sin pagar la tarifa correspondiente o incumplan las disposiciones de uso de los espacios autorizados.
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El documento presentado por Toledo sostiene que la disposición vulnera los artículos 4, 12 y 41 de la Constitución Política de la República, relacionados con los principios de igualdad, derecho de defensa y prohibición de multas confiscatorias.
Según el recurso, el reglamento impone una misma sanción a todos los tipos de vehículos, pese a que el propio sistema municipal establece tarifas diferenciadas de entre Q5 y Q30 según la categoría de transporte.
El reglamento no se sujeta a la Ley de Tránsito
El diputado argumenta que «la multa es desproporcionada respecto a los distintos tipos de pago requeridos por el uso del espacio público para estacionamiento», y que el monto que implica es «desmedido respecto a la infracción cometida en el caso de omitirse el pago por la contraprestación». Y es que regulación no distingue entre vehículos de diferentes tamaños o capacidades, a pesar de que las tarifas sí lo hacen.
«Recibimos denuncias sobre la desproporcionalidad que existe”, contó Toledo. «Lo mismo paga un camión de bebidas al entrar al parque y que un vehículo pequeño o incluso una moto”. Recordó que varios vecinos se han acercado a él a comentarle de la nula capacidad de defensa ante las mulas que reciben.
La inconstitucionalidad sostiene que el reglamento faculta a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para verificar infracciones mediante cámaras, lectores de placas y otros sistemas tecnológicos. Pero no desarrolla mecanismos de notificación ni procedimientos de impugnación acordes con lo establecido en la Ley de Tránsito.
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«No existe un mecanismo de defensa ágil y veraz para la persona que está siendo multada”, dijo el diputado. El recurso también señala que el reglamento municipal omite garantías vinculadas al debido proceso, como la notificación directa al infractor, el plazo para presentar recursos y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa antes de hacer efectivo el cobro de la multa.
Por ello, el diputado solicitó a la CC suspender provisionalmente la vigencia de la disposición y declarar inconstitucional el artículo 11 del reglamento.
«Nosotros esperamos que se certifique lo conducente a la municipalidad», dijo el congresista. «En ese momento se iniciaría un proceso de antejuicio contra el alcalde y una persecución penal directa a quienes aprobaron este nuevo reglamento que literal fue un fraude por completo».
Cambiaron el reglamento para evadir resolución
En mayo de 2026, la municipalidad de La Antigua Guatemala modificó su reglamento de parqueo tras la suspensión provisional de la CC.
La decisión fue tomada tras una inconstitucionalidad presentada por un vecino antigüeño. En una nota anterior, Ojoconmipisto reportó que varios expertos legales analizaron un posible caso de fraude de ley. Es decir, si la comuna buscaba evadir la resolución del órgano judicial.
El reglamento ahora incluye asistencia vial gratuita las 24 horas para quienes paguen el servicio, con apoyo mecánico básico como carga de batería y atención a fallas menores, además de vigilancia en áreas de estacionamiento por parte de la PM y PMT.
