Si el reglamento que obligaba a las comunas a tratar sus aguas se hubiera cumplido en la fecha establecida antes, dos tercios del país hubieran reprobado.
Por Carmen Valle
Tras seis prórrogas y hasta ahora 17 años, el Reglamento de descargas y reúso de aguas residuales sigue sin cumplirse. En mayo de 2022, Ojoconmipisto reportó cómo 252 de las 340 ciudades no tenían plantas de tratamiento municipales, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Un año después, solo se aprobaron seis sistemas nuevos a solicitud de las alcaldías.
De acuerdo con la cartera, dos plantas de tratamiento autorizadas se encuentran en Villa Nueva, una en Chuarrancho, una en San Miguel Ixtahuacán, una en Masagua y otra en La Esperanza. Esto a pesar de que antes de la sexta prórroga, el 2 de mayo de 2023 era la fecha límite para que los alcaldes cumplieran con la obligación de procesar al menos sus dos principales fuentes de aguas residuales. Tras el último aplazamiento, la nueva fecha es el 2 de mayo de 2025.
Para poder instalar estas estructuras, las comunas requieren el dictamen favorable del MARN. Este tiene registros de las solicitudes que le hacen desde 1998 y al menos entre mayo de 2022 y mayo de 2023, recibió 25 expedientes y 16 fueron autorizados. De ellos, a su vez, diez pertenecen a supermercados y comercios, mientras seis son municipales.
En ninguno de los listados del MARN aparece aprobación para municipios como San José Chacayá (Sololá), por ejemplo, a pesar de su cercanía con el lago de Atitlán. Según el alcalde, Florencio García, se trata de un malentendido, porque en el lugar sí se tratan las aguas residuales. De acuerdo con la cartera, en 2015 sí entró un expediente para esa ciudad, pero no obtuvo autorización.
En el mismo departamento, Pascual Tambriz, alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, sí admite que hace falta infraestructura de este tipo en su ciudad. Lo justifica con la falta de presupuesto para obras de este tipo.
“Sí se requiere mucho dinero para hacer esto, pero no es imposible conseguirlo, porque hay muchas organizaciones dispuestas a financiar. El problema es que para solicitarlo se requieren estudios y anteproyectos para presentar, y los alcaldes no hacen ese paso previo”, explica Edwin Castellanos, director científico de The Nature Conservancy. “En dos años lo logran, pero los alcaldes ahora mismo no piensan en esto porque estamos en elecciones y sus prioridades son otras”, añade.
A decir del investigador, la importancia de las plantas de tratamiento radica en que los cuerpos acuíferos como ríos y lagos se contaminan sobre todo porque las aguas residuales llegan a ellos sin procesarse. Esto implica escasez de agua limpia pero, al no tener opción, muchas comunidades la usan y se arriesgan a enfermedades como diarrea o envenenamiento crónico.
Como ejemplo, Castellanos cita el río Motagua: “Es uno de los cuerpos de agua más grandes del país y pasa por el corredor seco. Esas personas no deberían pasar por sequías, pero como hay contaminación, no pueden aprovechar el recurso”.
A la fecha, de acuerdo con la cooperación alemana en Guatemala, al menos nueve de cada diez cuerpos de agua superficiales están contaminados, solo el cinco por ciento de las aguas grises se trata y solo una de cada cuatro alcaldías tiene una planta de procesamiento. Según la institución, no existe ningún programa en el país para monitorear la calidad del agua en los lugares donde sí se trata.
También puedes leer: Monto gastado en dietas triplica lo del mantenimiento de plantas de tratamiento
