La Ley de Aguas en discusión busca priorizar el derecho humano al agua y la agricultura familiar para la seguridad alimentaria.
Por Jimena Porres
Aunque la crisis del agua afecta a todo el planeta, el peso de la escasez recae con mayor fuerza sobre las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sitúa la igualdad de género en el centro del Día Mundial del Agua 2026. Alerta sobre las brechas que impiden a millones de personas acceder de forma segura (potable) a este recurso vital.
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Jaime Carrera, viceministro del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), compartió los esfuerzos que hace desde su cartera para garantizar este derecho. Conversó con Ojoconmipisto para responder dudas sobre la gestión del agua en Guatemala y los avances de la Ley para regularla.
–En la gestión del agua, ¿qué se hace bien y qué no se cumple?
–Conformamos el Gabinete Específico del Agua con seis ministros y la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para dar coherencia a la política pública. Está orientada a optimizar el trabajo institucional mientras vamos hacia una Ley de Aguas.
En saneamiento, trabajamos con el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el MARN, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Y el Fondo de Desarrollo (Fodes) para generar financiamiento y asistencia técnica a las municipalidades, para sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Logramos un punto resolutivo en los Consejos de Desarrollo que ordena a los 340 municipios priorizar al menos dos proyectos anuales de tratamiento de aguas y gestión de residuos. Gestionamos un préstamo para construir en la cuenca del Motagua, la planta de tratamiento más grande de Centroamérica para tratar las aguas residuales del área metropolitana.
–¿Qué responsabilidades competen a las municipalidades, cuáles al Gobierno central y cuáles a la ciudadanía?
–Es importante mencionar que las funciones y competencias del agua están distribuidas en más de 20 instituciones del Estado, lo cual hace compleja su gestión.
El acceso, abastecimiento y saneamiento es competencia delegada a las municipalidades. El Código de Salud les mandata tratar las aguas residuales domésticas construyendo drenajes y sistemas de tratamiento, lo cual es vital para la salud humana y del ecosistema. Mientras que el Código Municipal les encarga el abastecimiento de agua potable.
El desafío es grande: en áreas rurales, el 85 % de la población no recibe agua por sistemas municipales sino que se organiza a través de comités de agua y asociaciones.
El agua para agricultura compete al Ministerio de Agricultura; las hidroeléctricas al Ministerio de Energía y Minas; y la vigilancia de la calidad para consumo humano al MSPAS. Al MARN nos compete evitar la contaminación y coordinar acciones para la conservación y mejoramiento de las cuencas.
Hay dos elementos clave de la ciudadanía: primero, pagar por el servicio no por el agua en sí, lo que implica mantener tuberías, fuentes y potabilización. En muchos lugares este servicio está subsidiado y es poco sostenible. Segundo, hay que pagar para que el agua se trate; la mayoría de los países incluyen en la factura un monto para limpiar el agua residual.
–Cuando se intenta orientar a las municipalidades sobre cómo gestionar el agua, surge el tema de la autonomía municipal. ¿Cómo se aborda este punto en las discusiones sobre la Ley de Aguas?
–Proponemos crear una Superintendencia del Agua para garantizar derechos y concesiones en cantidad para que las municipalidades aseguren la provisión. Un cambio importante es que la inversión para plantas de tratamiento de aguas residuales pueda ser asumida por el gobierno central, vía la nueva entidad o el INFOM.
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Esto centralizaría capacidades técnicas y financieras, para evitar que los proyectos queden abandonados al cambiar de alcalde cada cuatro años. Queremos dejar la operación y mantenimiento en manos capacitadas y sostenibles.
–¿El Gobierno brinda asesoría a las municipalidades para planificar presupuestos destinados a la gestión del agua?
–Sí, generamos una guía de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales que muestra opciones económicas según el contexto urbano o rural. Capacitamos a oficinas de planificación y medio ambiente municipal. También impulsamos estrategias como «Atitlán Transparente» con el sector privado y turismo para fortalecer la gestión de aguas residuales en el lago.
–¿En qué fase se encuentra actualmente la Ley de Aguas?
–La etapa participativa incluyó recorridos por el país y dos rondas de discusión con sectores privados, autoridades ancestrales y sociedad civil, y recibimos más de 115 propuestas.
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Publicamos un borrador inicial y ahora afinamos detalles con mesas técnicas de autoridades ancestrales e iniciativa privada. Buscamos acercar dos visiones: la del agua como ser vivo y sujeto de derechos, y la del agua como insumo productivo. Ambos enfoques deben incorporarse para garantizar la sostenibilidad.
–¿Qué se espera que incluya el documento a presentar al Congreso y cuáles serán los siguientes pasos?
–La ley reconoce las formas locales de gestión, comités indígenas y no indígenas que abastecen al 85 % de la población. Establece una línea base de quiénes usan el agua y los volúmenes asignados por cuenca.
Protege zonas estratégicas de recarga mediante un canon que pagarán las actividades productivas para compensar a quienes protegen el bosque. Además, crea una institución con mirada integral que prioriza el derecho humano al agua y la agricultura familiar para la seguridad alimentaria.
El presidente Bernardo Arévalo espera entregar la iniciativa al Congreso antes de junio de 2026.
–¿Qué temas clave se discutieron en las mesas de participación realizadas en 2025?
–La escasez es una gran preocupación; se secan manantiales porque 2024 fue de los años más secos registrados. Hay mucha conflictividad entre municipalidades por fuentes de agua.
Existe consenso en que la ley es necesaria para ordenar el recurso y dar certeza. Incluso sectores privados están dispuestos a pagar por el agua siempre que se reinvierta en la protección de las cuencas. Sobre la nueva institución, proponemos un directorio técnico de cuatro directores elegidos por el presidente de forma escalonada para que no un solo gobierno elija a todos, así garantizar contrapesos.
–¿Cómo buscan garantizar que las municipalidades cumplan con sus obligaciones dentro de la nueva ley?
–Les quitaremos la carga de inversión en saneamiento al centralizarlo en un ente experto.
No se cobrará a quienes garanticen el derecho humano al agua, que representa solo entre el 5 % y 8 % del uso total en el país, sino a quienes obtengan rentabilidad económica. Esto protege el ejercicio del acceso.
–¿Qué poblaciones son las más afectadas por la falta de acceso al agua en áreas urbanas?
–Los problemas son más fuertes en áreas rurales y periurbanas donde el servicio es intermitente o las mujeres deben acarrear agua. Según el MSPAS y las universidades, la mayoría de fuentes de agua no cumplen normas de potabilidad por contaminación microbiológica. Entre el 40 % y 50 % de la población tiene sistemas inadecuados, en saneamiento las cifras son peores.
–Vecinos como los de Canalitos llevan años sin respuesta a su solicitud de acceso al agua. ¿Qué rutas de acción tienen las comunidades ante una administración municipal ineficiente?
–En el área metropolitana estamos sobreexplotando el agua subterránea; a nivel mundial se habla de «bancarrota hídrica» porque hay daños irreversibles. El cambio climático agrava esto con sequías prolongadas.
Las comunidades pueden usar denuncias y auditoría social, pero la solución real es mejorar la disponibilidad. En Guatemala solo usamos el 15 % del agua disponible, pero almacenamos menos del 2 %. La ley propone construir infraestructura, mini-embalses o represas, para captar agua en época lluviosa y usarla en la seca. Hoy ninguna institución tiene esa competencia delegada por falta de ley.
–¿Cuáles son las principales fuentes de agua para consumo humano en Guatemala: ríos, agua subterránea u otras?
–En Guatemala nos organizamos en 38 cuencas. Hay un uso fuerte de agua superficial, en ciudades como Guatemala, Zacapa o Xela, de agua subterránea. En el Pacífico las cuencas son cortas y con pendientes fuertes, lo que causa inundaciones en las partes bajas. En Petén hay cuencas enormes como la del río San Pedro.
Promovemos mesas técnicas de cuenca para identificar soluciones locales a tres grandes problemas: aguas residuales, desechos sólidos y pérdida de cobertura forestal.
–En el caso de la ciudad de Guatemala, que se abastece de ríos ubicados fuera de su jurisdicción, ¿cómo debería ser la coordinación y comunicación entre municipalidades?
–Con el modelo de compensación que planteamos. Quienes usamos agua que viene de Chimaltenango deberíamos pagar a quienes cuidan el bosque allá. Esto será más frecuente, especialmente en el Corredor Seco, donde habrá que movilizar agua entre territorios.
–¿Por qué es importante que cada municipio invierta en plantas de tratamiento para garantizar el abastecimiento propio?
–Porque estamos conectados por un hilo conductor que es el río. Si un municipio río arriba no trata su agua, el de abajo recibe agua sucia y gasta más en potabilizarla. El río Motagua, por ejemplo, atraviesa 95 municipios; lo que uno deje de hacer afecta a todos los demás hasta Puerto Barrios.
–¿Cuántas plantas de tratamiento de agua existen actualmente en el país?
–No tenemos el dato preciso. Pero en diagnósticos regionales encontramos que alrededor del 20 % de las plantas no operan, o lo hacen de forma deficiente.
Hallamos plantas con menos de cuatro años de construcción totalmente abandonadas por falta de recursos para operación, o falta de voluntad de los nuevos alcaldes. Por eso necesitamos un ente especializado que asuma la inversión y acompañe la operación.
–¿Quién supervisa que estas plantas funcionen correctamente?
–Es una competencia compartida. El MSPAS establece estándares sanitarios y aprueba las plantas; al MARN nos corresponde monitorear los vertidos, lo que sale de la planta y verificar que cumplan la normativa ambiental.
–¿En qué punto estamos respecto al cumplimiento de la obligatoriedad de contar con plantas de tratamiento?
–Muy lejos. En Atitlán, el 100 % de los municipios incumple, ya sea porque no tienen planta o porque la que tienen no limpia lo suficiente. Es un proyecto de Estado donde la ciudadanía debe exigir cumplimiento .
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–Sabemos que estas plantas requieren energía o combustible para operar. ¿Cómo impacta esto en los costos de funcionamiento?
–Lo ideal es usar la gravedad para reducir costos, pero a veces hay que bombear el agua residual, lo cual es caro para las municipalidades. Muchos alcaldes compraron plantas estándar que no se adecúan a su contexto y no funcionan bien. El INFOM debe liderar ese acompañamiento técnico para encontrar soluciones sostenibles.
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