El 14 de enero tomó posesión el binomio presidencial y el 15, los alcaldes. En esta entrevista, el presidente de Guatemala cuenta cómo planea integrarlos durante los próximos cuatro años.
Por Carmen Valle
César Bernardo Arévalo de León estudió letras, sociología y antropología. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Guatemala en España y en 2019 fue electo diputado con el partido Movimiento Semilla. Con este ganó las elecciones generales de 2023 y ahora es el presidente de la República.
En 20 minutos, Arévalo explica cómo es su relación con las municipalidades, los planes de trabajo con ellas, algunas iniciativas para abordar problemas de país y cómo espera compatibilizar la autonomía municipal con los proyectos del Ejecutivo.
–¿Cuál es su experiencia en relación con los gobiernos locales?
– Antes de las elecciones no trabajé directamente con municipalidades. Después de ellas, invitamos a los alcaldes electos a una reunión y llegaron 250 de ellos. Allí les informamos nuestra intención de colaborar de una manera directa y abierta con todos, independientemente del partido o el comité cívico con el cual fueron electos. Lo único que vamos a exigir es transparencia y combate a la corrupción.
–¿Cómo influye su cargo en la alcaldía y en los ocho concejos municipales donde participan integrantes de Semilla?
–Las personas electas por Semilla para un gobierno municipal tienen el mismo compromiso que tenemos nosotros a nivel nacional. O que tienen los diputados en el Congreso de la República en términos del cumplimiento de principios y la orientación de generar un gobierno no solo libre de corrupción, sino orientado al bien común y al servicio de todos los ciudadanos. En el caso de ellos, en su circunscripción específica.
–¿Cómo planea ejercer autoridad sobre los alcaldes sin entrar en conflicto con la autonomía municipal?
–La Constitución es muy clara en cuáles son los ámbitos de gobierno. Establece la autonomía municipal y no está en discusión. No es tanto un problema de autoridad, sino una cuestión de cooperación y colaboración en donde la responsabilidad de un alcalde a nivel local es complementaria y debe ser integrada con la responsabilidad del Gobierno central de generar desarrollo en todo el país.
Al final, la obra del Gobierno central a desarrollarse desde sus ministerios, se lleva a cabo en algún municipio. Como la obra se expresa territorialmente, lo lógico es tener relaciones de colaboración y cooperación con los responsables del desarrollo a nivel municipal.
–Termina un período presidencial donde se prorrogaron plazos de cumplimiento de reglamentos por parte de los alcaldes, como el de tratamiento de aguas residuales y el de desechos sólidos. ¿Qué hará usted para no repetir la historia?
–Tenemos una política para trabajar con las municipalidades y prepararlas para la implementación de reglamentos y leyes existentes. Para eso, vemos la necesidad de montar un equipo de trabajo en el Ejecutivo para apoyar y colaborar con las alcaldías en la aplicación de sus planes de desarrollo.
–La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) tiene representación en 14 instituciones, ¿la utiizará como canal para dirigirse a los alcaldes o irá directamente con ellos?
–La Anam es una institución donde quienes definen qué sucede con ella son los alcaldes y no el presidente. Nosotros nos ajustaremos para colaborar con la Anam, pero también desarrollaremos relaciones directas con los alcaldes.
–La vigencia de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) termina en 2026. ¿Su gobierno planea conservarla?
–Se necesita tener un aparato de trabajo institucional con el nivel local, no solo con las municipalidades, sino en toda la gobernabilidad territorial. Eso incluye gobernaturas y consejos de desarrollo. Aún estamos en proceso de identificar cuáles son estos mecanismos y haremos las reformas necesarias para que las cosas funcionen como se debe.
Hasta ahora ha sido una comisión prácticamente inútil, pero haremos una evaluación de los cambios necesarios para que cumpla sus funciones. Sí habrá un cambio en quién la dirige, pero será anunciado en el futuro.
–La Copresam impulsó durante los últimos años la creación de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS). ¿Su gobierno planea elaborar través de ella una iniciativa de ley de aguas para presentar al Congreso?
–No necesariamente a través de la Copresam. La ley de aguas es un tema que incluye el ámbito municipal, pero lo rebasa. Es una deuda con la Constitución, porque en 1985 esta ordenó elaborar una norma específica que no se ha llevado a cabo a pesar de que ya hubo varios intentos.
Tenemos clara la necesidad de llenar ese vacío y según veamos la viabilidad de introducir este tema en el Congreso, prepararemos una ley de aguas a nivel general, o también a través de legislación parcial alrededor de temas específicos relacionados con el agua. Puede ser alrededor de contaminación, cuencas, saneamiento.
–Uno de los lastres del país es la desnutrición y las autoridades más cercanas a ella son los alcaldes. ¿La presidencia tiene planes de combatir este problema junto a ellos?
–Sí, tenemos en revisión un proyecto piloto para trabajar con 17 de las municipalidades más pobres para hacer un esfuerzo interinstitucional de parte del Ejecutivo, pero con una lógica clara territorial donde se implicará a las municipalidades en el trabajo.
No se necesita hacer ninguna modificación legislativa porque con el marco legal y los recursos existentes haremos un mecanismo operativo para abordar este problema de una manera más eficiente. El obstáculo no ha sido la ausencia de fondos para atenderlo, sino la incapacidad de diseñar políticas adecuadas y obtener los resultados necesarios.
–Guatemala acumula años con indicadores bajos de acceso a servicios públicos y los alcaldes son los responsables de proveerlos. ¿Cómo se asegurará la presidencia de mejorar esos números?
Los alcaldes operan bajo el marco de una autonomía constitucional. No podemos obligarlos, pero podemos colaborar para trabajar mecanismos e incentivos que estamos dispuestos a poner en práctica para mejorar esos indicadores. Esos incentivos se anunciarán en el futuro.
–¿Qué planes tiene la presidencia para combatir el narcotráfico al lado de las municipalidades? Se debe tomar en cuenta que a las alcaldías llegaron, en el pasado y en el presente, personas con presuntos vínculos al narcotráfico.
–La política de seguridad del gobierno le dedica mucha atención y tiene muy claro cómo el narcotráfico es un fenómeno que se manifiesta territorialmente. A través de esa focalización territorial se harán los marcos operativos y eso implicará el trabajo en coordinación con autoridades municipales. También se identificarán los niveles de penetración de este tema dentro de estructuras municipales cuando sea el caso.
Ojoconmipisto también cuestionó al presidente si apoyará a algún candidato a presidente de la Anam, como lo hicieron otros gobernantes en elecciones anteriores y dijo que aún no analizaba ese tema. Lo mismo respondió cuando se le preguntó cómo garantizará su gobierno la puntualidad de los aportes constitucionales para las municipalidades.
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Por Mirja Valdés
Mirja Valdés
Quetzalteca que estudió Técnico en Periodismo y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos. Reportera y editora en varios medios. Me gusta lo que hago. También los gatos 🐈.