“No nos vamos a ir. Ustedes tienen agua en su casa, ¿y nosotros? Estamos en una pandemia, ni siquiera podemos bañarnos ¿y nos piden irnos?”, reclama un vecino de Palín, Escuintla, a un policía. Es marzo de 2021 y está en la carretera al Atlántico, donde 150 personas bloquean todos los carriles como protesta por el desabastecimiento.

Durante ese mes hubo otra manifestación en Mixco, Guatemala, por la misma causa. Los participantes gritaron que tenían las tuberías vacías desde hacía semanas “y nadie hace nada”.

El alcalde Neto Bran les pidió retirarse porque, si bien los pozos necesitaban reparaciones, estas se hicieron y él desconocía la razón de la escasez.

Ante la falta de reglas claras, el agua se ha convertido en un punto de conflicto no solo para Palín y Mixco. De hecho, entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de abril de 2021 la oficina del Procurador Derechos Humanos (PDH) recibió 85 denuncias por la presunta violación del acceso a este recurso.

A futuro, la pelea no solo será entre pobladores y autoridades, sino “puede darse entre comunidades: disputas por el acaparamiento, riñas por desviaciones de ríos o reclamos si se seca una fuente natural.

No existe una ley para fomentar la utilización acuífera responsable y eso nos afectará mañana”, sostiene Diego Padilla, sociólogo del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, de la Universidad Rafael Landívar.

Por otro lado, la falta de normativa también puede disminuir de forma progresiva la disponibilidad de fuentes naturales.

Según María José Iturbide, directora de la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua), cada año se debe excavar más profundo para encontrar agua, debido a la sobreexplotación.

Ella la describe como una botella en que cada pozo representa una pajilla, la cual deberá bajar cada vez más para extraer líquido.

Al comparar las mediciones en el subsuelo hechas en 1978 con las de 2018, el acuífero descendió 400 metros (el equivalente a cuatro cuadras) en la ciudad de Guatemala, explica Iturbide.

Una ley “no solucionaría todos nuestros problemas hídricos, pero sería un instrumento para evidenciar nuestra responsabilidad en el manejo sustentable, dejar de extraer sin medida y así evitar o al menos posponer a la escasez”, asevera la directora de Funcagua.

En 1991 Vinicio Cerezo, entonces presidente, propuso al Legislativo la primera iniciativa para regular los recursos hídricos. Padilla describe ese Gobierno como la época de oro para la naturaleza en Guatemala.

“Se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (ambas vigentes) y se propuso esa ley de aguas”, sostiene.

Tras ella, otras doce pasaron por el Congreso. Además de estar archivadas, sus puntos en común son que todas proponen la apertura de plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y prohíben la contaminación de las fuentes naturales por parte de las industrias. Además, limitan la perforación de pozos para evitar la sobreexplotación del acuífero.

¿Por qué ninguna avanzó? “Nunca hubo un clima de interés ni se discutieron. Cada diputado tiene prioridades según su distrito y como esto no lo es, no luchan por aprobarlas”, explica la exdiputada Nineth Montenegro.

A su parecer, también influyeron los intereses de las municipalidades: “Algunas veces, los alcaldes desvían ríos o no administran de forma correcta el agua.

Para ellos resultaría contraproducente aprobar una norma que frene estas prácticas. Recuerde que los congresistas escuchan a los jefes ediles de su departamento”.

Con ella coincide Leocadio Juracán, ponente de la iniciativa 5070. Esta instauraba algo no mencionado por sus homólogas: la creación de un órgano para decidir sobre el recurso.

Su junta directiva tendría a representantes del Gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial y el pueblo maya.

“En 2016 hubo muchos conflictos por quienes desviaban fuentes naturales y el mal uso de los acuíferos. La población maya nos dio ideas para crear una norma donde se acabaran esos abusos y, con cambios mínimos, eso presentamos”, asevera Juracán.

Según él no hubo interés por retomar la discusión y “aunque insistimos, se engavetó”, agrega.

A decir de Lucía García, bióloga de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Guatemala es un país rico en recursos hídricos, por lo que es lejano el desabastecimiento total.

Sin embargo, “(las fuentes) serán escasas y esto podrá generar conflictos. Los grupos privilegiados tendrán medios para conseguir agua donde sea, en tanto que los pequeños agricultores, por ejemplo, no tendrán cómo obtenerla”.

Se desconoce cuándo pasará esto. En el ínterin, las municipalidades pueden comenzar con apagar sus pozos por un tiempo para dejarlos descansar.

También, agrega la experta, cosechar la mayor cantidad de agua durante la temporada lluviosa, devolverla al suelo y aumentar la capacidad del manto acuífero.

A nivel estatal, García recomienda observar cómo otros países usan el agua de forma eficiente para conocer qué conductas se pueden imitar en Guatemala.

Un ejemplo es Israel, donde hubo una sequía de 14 años hasta que en 2013 las aguas residuales comenzaron a reciclarse. Ahora estos recursos se potabilizan y sirven para consumo y riego en zonas áridas.

En El Salvador también hay un proyecto sostenible: la empresa Sherwin-Williams consume 6.8 millones de galones de agua al año y, después de tratarlos, los usa para consumo y fabricación de pintura.

Durante el mismo período capta lluvia, la deposita en el manto freático y así le devuelve 7.6 millones de galones de agua.

Además, menciona Iturbide, los vecinos podrían proponerse pagar un precio justo por el agua: “Ahora solo pagamos por que nos llegue a la casa, pero no por la captación, mantenimiento de tanques ni cloración.

Es como tener el plan de telefonía de moda, pero solo pagamos por el aparato y no por las llamadas”.

De hecho, está en desacuerdo con la tarifa fija impuesta por algunas municipalidades. Por citar algunos ejemplos, en Cunén, Quiché, se pagan Q7 mensuales por el agua; en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Q20.

“Tener un costo estático y no por consumo también puede ser injusto, porque quienes usen poco y ahorren recursos pagarán lo mismo que quienes despilfarran”, señala la experta.

Aunque se aprobara una ley de aguas, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), también se debe procurar su aplicación por parte de los gobiernos y los habitantes.

Según la entidad, “gestionar el agua es equivalente a evitar conflictos entre seres humanos”, pero muchos de los marcos aprobados “se quedan en meras declaraciones, sin traducirse en la organización efectiva de los aparatos estatales”.

El saneamiento, la reparación de tuberías para evitar desperdicios, el tratamiento de las aguas residuales, el mantenimiento del alcantarillado y la elaboración de reglamentos de agua son solo algunas de las garantías que deberían darse en cada ciudad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Sus responsables son las alcaldías.

Estas obligaciones se pueden cumplir por medio de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS).

Hasta agosto de 2021, solo una de cada tres comunas tiene una, pero la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) prevé instalar estos departamentos en las restantes antes de finalizar el año.

Según la Copresam, estas entidades deberían velar por que las municipalidades traten el agua y manejen los desechos para evitar contaminación.

Ojoconmipisto consultó a 44 alcaldías y de las 29 que reportaron tener OMAS, dos no cuentan con plantas de tratamiento, tres no tienen presupuesto para ello y cinco no asignan dinero para limpiar aguas negras.

A decir de Marvin De León, director de la Anam, 224 de las 340 comunas tienen estas plantas, pero no se sabe si funcionan o no, “porque están a cargo de cada municipalidad”.

Al preguntarle si la institución exige a sus agremiados cumplir con su tarea de cuidar los acuíferos, respondió que solo pueden sugerirlo, mas no obligarlos “porque los jefes ediles gozan de autonomía”.

En cuanto a qué hacer si las fuentes de agua se secan, solo tres de las 44 alcaldías tienen una hoja de ruta. Las demás apuestan por construir más pozos.

Pero esta solución, ejecutada en Siria, por ejemplo, provocó conflictos y migraciones hacia las grandes ciudades. Los pozos se secaron por completo, revela un estudio de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos.