Entre sus tareas está garantizar este recurso para todos los vecinos y fomentar el uso de plantas de tratamiento, pero no todas lo hacen.
Por Carmen Maldonado Valle
Las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) son dependencias creadas por las alcaldías para garantizar agua de calidad a su vecinos, además de tratar los líquidos residuales. Sin embargo, no todas cumplen con esta tarea porque no tienen plantas de tratamiento y tampoco planean hacerlas.
Estas oficinas, también llamadas direcciones o departamentos en algunas comunas, empezaron a funcionar en 2006 por iniciativa de organizaciones internacionales, cuenta Luis Ruano, titular de la institución encargada de impulsarlas: la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam). En la actualidad, 117 municipios tienen su OMAS. “Buscamos que se creen las 223 faltantes este año porque se ha demostrado que el acceso al agua potable no solo evita enfermedades sino también ayuda a disminuir los niveles de desnutrición en los países”, sostiene.
Las OMAS no son como otras dependencias municipales con sus propios decretos o acuerdos gubernativos para determinar sus funciones específicas, es más algo tácito. “Universalizar el acceso al agua potable, tratarla antes de su consumo y manejar los residuos en ella, cita Ruano. De no hacerlo se perderán fuentes de este recurso y eso será insostenible, añade. En eso Tacaná y Catarina, San Marcos, son las más efectivas porque en las inspecciones han notado que cumplen con todas sus responsabilidades.
Te compartimos nuestro video sobre la distribución de agua:
En 2020, la Copresam elaboró un plan para la implementación y planificación estratégica de las oficinas de agua, además de las funciones, detalla los requisitos a llenar por parte de quienes las dirijan: ser técnico en saneamiento rural, tener al menos un año de experiencia en proyectos similares, conocimiento del área geográfica de trabajo y de los reglamentos municipales y saber utilizar programas informáticos básicos.
Hilario Acabal es el jefe de la OMAS de Momostenango, Totonicapán. Él cumple los requerimientos para el puesto y cuenta un poco sobre su trabajo. “No gestiono más drenajes. Aquí trabajamos con lo que hay y limpiamos el agua que va a llegar a las casas para ser consumida. No tratamos la que sale de ellas porque no tenemos plantas y tampoco hay planes concretos de construir alguna”.
Según el censo 2018, cuatro de cada diez hogares en Momostenango no poseen agua entubada dentro de la casa y dependen de chorros públicos o esperan la lluvia. Acabal, sin embargo, dice que por el momento no hay recursos para planificar más sistemas de distribución acuífera.
Las mismas cifras revelan que en Uspantán, Quiché, siete de cada diez hogares tampoco tienen agua potable. Allí también hay OMAS y quien la dirige es Manuel Sajbín, que describe su trabajo como una “limpieza del agua antes de que las familias la ingieran para evitar enfermedades. Para eso cloramos los tanques de distribución y así nos aseguramos de desinfectarla”.
Sajbín negó la existencia de plantas de tratamiento en Uspantán. Al preguntarle por qué no hay, si es una de las responsabilidades de su departamento, dijo que no respondería a nada más si no se le visitaba en la municipalidad.
Las consecuencias
Las plantas de tratamiento existen para procesar el agua usada por los hogares y empresas, con el fin de erradicar la mayor cantidad posible de suciedad, además de evitar que los químicos lleguen en su estado puro a los ríos o lagos donde desembocan los drenajes.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estima que una de las mayores consecuencias de no implementar plantas de tratamiento es la proliferación de larvas que pueden entrar al organismo humano y causar enfermedades como la disentería y la diarrea. Además, fomenta los criaderos de zancudos, los cuales pueden contagiar de zika y dengue.
Fernando Castañaza, ingeniero civil especializado en gestión de riesgos, explica que además de las amenazas a la salud hay peligros a nivel natural: “si no se trata, la contaminación puede llegar al subsuelo y hacer inservibles los lagos donde desembocan los drenajes”.
El ingeniero añade que la mayor parte de contaminantes enviados a los cuerpos acuíferos proviene de las empresas. “Hay pequeños comercios que usan aceite o líquidos que en su estado normal son nocivos para los ríos. Todos miran a las municipalidades, pero también se debe exigir a las empresas ser conscientes con los ecosistemas”.
Como no hay una ley que rija las tareas de las OMAS, tampoco hay sanciones para las que no cumplen con todas sus tareas. La única regulación en torno al manejo de aguas residuales es el acuerdo 236-2006, el cual obliga a todos los municipios a tener al menos una planta de tratamiento, pero tienen como límite 2023 para cumplir con ello.
Mientras pasan los siguientes dos años, las direcciones de agua y saneamiento comenzarán a formar parte de cada municipalidad pero, como agrega el titular de COPRESAM, “aún no tenemos las herramientas coercitivas para garantizar que las oficinas van a cumplir con el procesamiento de residuos”.
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