De cada diez quetzales de los ingresos de Emetra, seis provienen de las infracciones impuestas. Los trabajadores señalan que los obligan a cumplir una cuota diaria de 15 multas.
Por Isaias Morales
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) de la ciudad de Guatemala planificó un presupuesto de Q130 millones este año, cuyo financiamiento provendrá en el 65 % de diferentes tipos multas de tránsito, de acuerdo a registros del portal de Gobiernos Locales.
Emetra administra la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la cual en su Plan Operativo Anual (POA) establece un objetivo de fondos a captar. Por ejemplo, este 2022 estima colocar 45 mil cepos en la ciudad por un monto de Q22 millones 500 mil y otros Q63 millones provendrán de sanciones por exceso de velocidad, parquímetros, entre otros.
De hecho, el 10 de agosto un grupo de trabajadores señalaron ser obligados por las autoridades municipales, a imponer, al menos, 15 multas diarias. Abner García, representante del Sindicato de la Empresa Municipal de Transporte, aseguró que si los agentes de la PMT no cumplen con esta instrucción corren el riesgo de ser suspendidos o incluso despedidos.
Se buscó una versión de Amílcar Montejo, portavoz de la entidad de tránsito, pero no se le localizó en la municipalidad ni respondió las llamadas.
La alcaldía se limitó a responder en una declaración escrita que sus agentes y personal están “capacitadas y son muy profesionales quienes trabajan con mucho esfuerzo en la conducción vial de la ciudad”.
El gerente de Emetra, Francisco Roberto de Jesús Barnoya Asturias, negó la existencia de esa cuota diaria de cepos al diputado de Creo, Creo, Cristian Álvarez, durante una citación en el Congreso el 2 de noviembre de 2021.
Por su parte, el alcalde Ricardo Quiñónez, no atendió a los manifestantes. La oficina de comunicación social proporcionó una carta de un grupo de sindicalistas denominados “unidos” enviada a la dirección de Recursos Humanos. Aseguraron no apoyar las exigencias de los manifestantes a quienes señalaron de no ser trabajadores.
A criterio de Rafael Valladares, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), que este tipo de multas no se traduce en responder a las necesidades de la población y por eso hay descontento porque no se ven soluciones en la ciudad. “No hay una planificación para mejorar la movilidad. La municipalidad se queja que no hay recursos, pero los enfocan en pasos a desnivel y ornamentar las calles, lo cual no tiene sentido”.
Según el entrevistado, la movilidad de transporte público y ciclistas quedan en un segundo plano, pues no hay avances en los proyectos previstos. “Lo del Transmetro no llega solo llega a algunas rutas y otras como el AeroMetro son inviables en la calzada Roosevelt porque hay dudas sobre la capacidad y tiempo de transporte”.
Los trabajadores que manifestaron el 10 de agosto reclamaron mejores condiciones laborales y protestarán frente a la municipalidad al menos una vez por semana. Una de estas peticiones fue mejorar las condiciones laborales y así evitar casos como los dos técnicos de Empagua fallecidos tras supervisar alcantarillas.
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