El acuerdo que obliga a las municipalidades a construir plantas de tratamiento se emitió en 2006. Tras 18 años, se amparan en su autonomía para pedir que se invalide.
Por Carmen Valle
En 2006 se creó el reglamento donde se responsabiliza a municipalidades, entre otras instituciones, a procesar las aguas residuales con plantas de tratamiento. Lleva seis prórrogas y 18 años de retraso, y tras este lapso, los alcaldes solicitan ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que la norma se invalide.
Quién representó a los alcaldes en este proceso ante la corte fue la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Esta se ampara en que el acuerdo es inconstitucional porque viola la autonomía de las comunas. ¿Este argumento es válido? ¿En alguna de las prórrogas se contempló un recurso como este? ¿La autonomía municipal es más grande que un reglamento?
A estas preguntas responde un episodio de Verificado. En él participan la presidenta de la Alianza por la Cuenca del Río Motagua, Jeanne Samayoa, y el extitular de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam), Luis Ruano. En esta nota se resume la entrevista, pero puedes escucharla completa aquí:
¿Para qué sirven las plantas de tratamiento de aguas residuales y qué pasaría si el país no las tuviera?
Samayoa: Toda el agua desechada al lavar platos, ducharnos, usar el inodoro o cualquier otra acción, se va por las tuberías, viaja por los drenajes y termina en un río o lago. De ese mismo lugar viene el agua que después cae por el grifo y se repite el ciclo.
¿Qué hace una planta de tratamiento entonces? Procesa esos líquidos desechados para quitarles todos los contaminantes posibles y así su calidad sea mejor al devolverlos a los ríos. Sin embargo, las alcaldías buscan, por su autonomía, invalidar el reglamento donde se establecen plazos para hacer esto.
La diferencia entre tenerlas o no la vemos en cómo la mitad de nuestros niños tiene desnutrición y entre las causas está no tener agua limpia. Lo vemos también en colectores colapsados a causa del paso de aguas negras y lluvia en exceso. Además, cada vez se ven más salidas de agua con químicos, color o espuma y al final eso llega a las fuentes de donde después nos abastecemos.
Durante varios años, la excusa de las municipalidades para no hacer plantas de tratamiento fue la falta de fondos, pero en 2024 cambió. ¿Alguna otra vez los alcaldes se negaron a cumplir con esto porque creían que se violaba su autonomía?
Ruano: Durante mi paso por la Copresam no fue así. De hecho, empezaban a caminar hacia la construcción de las plantas de tratamiento y la Anam les dio acompañamiento en esto. Esta institución ayudaba a reunir a los jefes ediles para explicarles la normativa, los medios necesarios para cumplirla y todo lo relacionado con ella.
Esta no es una regla aplicable solo a municipalidades. La cumplen también empresas, centros comerciales, condominios, etc., pero las comunas cada vez que se acercaba la fecha límite para procesar sus aguas residuales durante los últimos 18 años, decían no tener dinero. Pedían una prórroga, luego otra y otra, hasta llegar a este punto, donde algún abogado les sugirió dejar las prórrogas y decir “esto es inconstitucional”.
Es verdad, las plantas de tratamiento son costosas, pero muchos concejos municipales no tienen sus prioridades de gasto bien definidas. Falta dinero para agua y saneamiento, pero sí lo hay para conciertos, ferias, fútbol, para elegir a la reina o para que Los Conejos lleguen a cantar un rato.
Además, tienen problemas para recaudar sus impuestos e incluso hacen ofrecimientos como “yo le regalaré el agua a mi gente”. Está bien, pero eso es caro, tratarla es caro, y si no se cobra, entonces después no valen las excusas porque la bolsa no llega para el tratamiento.
¿Y ese argumento es válido? ¿Las obligaciones contenidas en reglamentos van en contra de la autonomía municipal?
Ruano: No. El artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe a los municipios como autónomos. Les corresponde elegir a sus autoridades, disponer de sus recursos y atender los servicios públicos. Para ejercer esto, deben ser hacerse cargo de ellos.
Su argumento puede ser “no lo hago porque soy autónomo”, pero la autonomía no los hace países separados. Por lo tanto, deben buscar el bienestar de los servicios públicos municipales.
Si durante 18 años se prorrogó la norma, ¿qué diferencia habría ahora si la CC falla a favor de la Anam?
Samayoa: Sí hay una gran diferencia. En Guatemala creemos que porque no hicimos nada hace años, la contaminación sigue igual, pero no es así. Ahora es peor y es un desastre donde se acumula lo de los años anteriores con el presente.
En todo este tiempo hemos tenido un bono demográfico, por el cual una gran parte de la población está en una edad productiva para la economía. En vez de aprovecharlo para salir del subdesarrollo, no hemos invertido en esto y hay comunidades donde para esta fecha ni siquiera hay infraestructura adecuada para el agua.
¿Qué ha hecho la gente? Migrar y no solo hacia Estados Unidos, sino hacia los centros urbanos, donde sí hay servicios, donde hay agua. Entonces vemos cómo las ciudades están colapsadas y no podemos seguir así.
Una laguna se secó ya, mientras el río Las Vacas es considerado el más contaminado y contaminante del mundo. El lago de Amatitlán es un basurero a pesar de ser la reserva de agua dulce más grande de la metrópoli y el lago de Atitlán es cada vez más una cloaca. El aire es tóxico y en parte es por la concentración de vehículos concentrados en un mismo sitio. Esto debe parar.
¿Por qué aún no se resuelve el problema?
Ruano: Todo esto también pasa porque se pretende responsabilizar siempre a los alcaldes como personas, cuando en realidad los compromisos los tienen las instituciones. A veces ellos dicen que el anterior los dejó sin presupuesto y planeó según sus prioridades, pero luego les toca a ellos su turno, no priorizan la calidad del gasto ni cobran por los servicios municipales.
Si quieren reelegirse, piden más tiempo para cumplir las reglas. Si ya se van, le dejan el problema al siguiente, cuando en realidad deberían planificarse proyectos multianuales, donde sin importar quién esté a la cabeza se cumplan. No por ser una prioridad del alcalde, sino por ser una prioridad de la ciudad.
Esta entrevista se publicó en Spotify el 6 de junio de 2024 bajo el nombre “¿La autonomía municipal puede más que los reglamentos para tratar aguas residuales?”. Puedes encontrarlo y compartirlo a través de este enlace.
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