La licitación con errores frenó el proyecto de alquiler de más de 500 cámaras para La Antigua. La empresa beneficiada decidió no firmar el contrato en medio del conflicto entre la iniciativa privada y la comuna, por controlarlas.
Por Luis Ángel Sas
En resumen: la municipalidad de La Antigua Guatemala lanzó una licitación pública para arrendar un sistema de videovigilancia compuesto por 532 cámaras, radares de velocidad, kioscos de pánico y fibra óptica para 141 puestos en la ciudad colonial y alrededores.
Lo publicó en Guatecompras el 18 de julio de 2025. El contrato debía ser por 48 meses y con una opción de compra al final. El concurso tiene varios errores técnicos desde el inicio que detallamos a continuación.
Primer error: no se cumplió la visita técnica
El cronograma de la licitación marcaba que el 29 de agosto (2025) las empresas interesadas debían presentar sus ofertas. En este evento había dos requisitos fundamentales. Quienes fallaran en lo requerido no serían tomados en cuenta:
1) El formulario de oferta electrónica
2) La constancia de visita técnica. De este último, los proveedores interesados debían llegar a evaluar de manera presencial el proyecto. Aquí el primer problema detectado, jamás se agendó la visita técnica. La municipalidad olvidó publicar cuándo y dónde se harían.
Segundo error: la fianza
Otro de los errores fue el monto de la fianza de sostenimiento de oferta. Según el documento, consignaron “uno por ciento (5%) del valor total de la oferta” (Sic).
En letras se lee uno, pero en número dice 5, ahí la contradicción. Esta fianza sirve para garantizar que quien oferta no modificará su propuesta ni se retractará de firmar el contrato en caso de ganar.
En agosto (2025) la municipalidad de La Antigua Guatemala modificó las bases y fijó como nueva fecha el 1 de septiembre la visita técnica. La nueva fecha para entregar ofertas se corrió para el 12 de agosto.
También agregaron una aclaración, que la ruta de la fibra óptica podría ser aérea, subterránea o mixta. Y se amplió el plazo de instalación de 120 a 200 días calendario. Dieron más tiempo para hacer la instalación.
Lo que no cambiaron fue el texto sobre el porcentaje de fianza, justo lo que puso el evento en jaque a criterio del proveedor que decidió no firmar. Pero a criterio de la municipalidad no había problemas.
Según el artículo 338 del Código de Comercio si hay variación entre lo escrito en letras y cifras se usará lo escrito en letras. Esto también se establece en el artículo 13 numeral 4 del Código de Notariado donde se establece “En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras”.
La llamada
El 12 de septiembre concluyó el plazo para aceptar plicas. La única empresa que ofertó fue Wicom Solutions, S. A. por Q11 millones 888 mil 736. Así que el 25 de septiembre le fue adjudicado (NOG 26503999).
El concejo municipal aprobó el 3 de octubre de 2025 la adjudicación realizada por la junta de licitación. Según el documento se informa que fue el punto cuarto donde se aprobó para que continuara el trámite. Según la ley de compras y contrataciones tuvieron 10 días para firmar el contrato, pero eso nunca ocurrió.
En la última semana de abril circuló en redes sociales el audio de una llamada supuestamente entre Ángel Ramírez, secretario municipal de Gestión Estratégica De la comuna antigüeña, y Mynor Humberto Cabrera, representante legal y dueño de la empresa Wicom.
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Cabrera le dijo que le preocupaba que lo buscaran medios de comunicación para preguntarle sobre el tema. “Yo sí estoy asustado, mano. Me llegan a buscar a la oficina. Me están llamando por todos lados, me mandan mensajes. Que van a filtrar no sé qué”, indicó.
Deja ver que su mayor preocupación era la fianza. Justo el error que no corrigieron.
“La Afianzadora va anular la fianza de sostenimiento porque está uno por ciento y 5% a la par. Es un error garrafal”, añadió. “Todos mis abogados me dicen que tiene implicaciones legales esa onda y que me pueden traer hasta implicaciones penales. Yo sí esto… creémelo, asustadísimo”, le insistió.
Ramírez, quien fue integrante titular de la junta de evaluación, intentó tranquilizarlo, le dijo que el alcalde quería hablar con él, sugirió que tienen contactos en Contraloría General de Cuentas para frenar cualquier reparo por este motivo.
Pero Cabrera insistió en que se pueda anular el evento, pero esto no ocurrió. La licitación está en un punto muerto. Sigue como adjudicado, pero no se firmó el contrato. Está en un impase. Desde la municipalidad indican que ejecutarán la fianza del 1% porque la empresa se negó a firmar el contrato. Es decir que la empresa debería pagar Q118 mil por negarse a firmar el contrato. Es decir, el 1% del costo del evento.
Ojoconmipisto llamó a Cabrera a su oficina, pero dijeron que se encontraba fuera del país y le darían el mensaje. Ramírez no respondió las llamadas. Este era el segundo contrato que ganaba la empresa Wicom. En enero de 2025 obtuvo uno para proveer internet a las dependencias de la comuna antigüeña por Q598 mil 800. Pero este ya concluyó.
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Esta polémica llega en medio de la pelea que tiene la alcaldía de La Antigua con la Fundantigua –que agrupa a más de 60 empresas privadas– por el manejo de más de 500 cámaras financiado por este grupo en 2020 e instalado en el Centro Cultural Brañas.
La inversión fue de $1 millón y funcionó mediante un convenio de 5 años. Pero en noviembre del 2025 la fundación acusó al alcalde Juan Manuel Asturias de politizar el sistema. Asturias respondió que no era cierto y que respondía má a un capricho de los empresarios por intentar mantener el control de las cámaras.
El lío llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, resolvió que el centro debía ser operado por la Policía Nacional Civil (PNC). Fundantigua entonces firmó un convenio con la Policía para que manejaran las cámaras con su apoyo. Por esto la municipalidad busca crear su propio centro de monitoreo.
