Las 500 cámaras y 35 botones de pánico funcionarán como de costumbre en La Antigua. Estarán a cargo del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. La municipalidad queda fuera.
Por Ana Valdez
Con la finalización en noviembre de 2025 de un convenio que duró cinco años entre la municipalidad de La Antigua Guatemala y empresarios de FundAntigua, las 500 cámaras y 35 botones de seguridad dejaron de estar bajo el control de la comuna. Aunque la alcaldía apeló para revertir la decisión, la Corte de Constitucionalidad la rechazó.
La central de monitoreo y los botones de pánico operarán bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC). Ambas instituciones tienen el mandato constitucional de la seguridad ciudadana y responder ante emergencias, prevenir hechos delictivos y coordinar acciones en tiempo real.
En días en que el municipio experimenta la llegada de 1.3 millones de visitantes, la alcaldía no pudo revertir la situación legal del sistema de videovigilancia de la Ciudad Colonial.
Cinco años duró el convenio
“Durante cinco años, la alianza entre Fundantigua, la municipalidad, el Ministerio de Gobernación y la PNC, permitió devolver condiciones de seguridad a la ciudad colonial, la cual vivió épocas duras por los hechos delictivos y la creciente violencia en el municipio”, afirma el comunicado emitido por Fundantigua.
Sobre la decisión de trasladar la central de monitoreo y botones de emergencia al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, la fundación justificó que esto fue necesario “para evitar que una herramienta valiosa fuera utilizada para usos ajenos a la seguridad”. Elaboraron una nueva alianza público-privada para ello.
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“Lo que confirma la Corte de Constitucionalidad no sólo cierra un capítulo legal. Marca un precedente (…) los proyectos público-privados sí pueden funcionar en Guatemala cuando se tienen objetivos claros, ejecución técnica y límites definidos”. El texto tembién advierte que esos proyectos no pueden sostenerse si se desvían de su propósito. Se refieren al uso con fines personales.
Cada seis meses pasaban pruebas de polígrafo a los trabajadores, sin embargo dejó de hacerse de manera regular. Solicité información sobre la empresa que contrataron para hacerlo y las fechas de las evaluaciones, pero nunca recibí el informe, dijo el concejal IV del partido Todos, Diego Arriola, sobre las omisiones de la municipalidad.
Además, se detectó que familiares de uno de los concejales trabajaban en el centro de monitoreo. Ojoconmipisto solicitó la postura de la municipalidad al vocero Luis Juárez, pero al cierre de esta nota evitó pronunciarse.
