El ministro de Salud admite que aunque la comunidad científica recomienda medidas para contener la pandemia, poco puede hacer la cartera frente a quienes no las cumplen.
Por Carmen Maldonado Valle
Francisco José Coma Martín es médico y cirujano, especializado en administración hospitalaria. Trabajó durante 30 años como director de centros médicos en la red privada y en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Integró la Comisión de garantía de calidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres.
Durante la gestión de Amelia Flores al frente la cartera fungió como viceministro de Hospitales, y el 16 de septiembre de 2021 se convirtió en el tercer ministro de Salud durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
En entrevista, Coma habla sobre las deficiencias en los sistemas para comunicarse con los ciudadanos, vacunación, la posibilidad de imponer restricciones de movilidad y la falta de influencia del MSPAS sobre quienes no cumplen con las medidas para prevenir más contagios.
–Hay municipios, sobre todo en Sololá, cuya alerta epidemiológica es amarilla y reportan menos de diez hisopados mensuales o a veces ninguno. ¿Por qué diría que el semáforo funciona en esas ciudades si ni siquiera se cumple con el requisito para alimentarlo: hacer pruebas?
–Bueno, esa es una de las debilidades del sistema, pero al final recordemos la imposibilidad de obligar a la gente a hacerse el examen. No creen en la enfermedad, tampoco en los mecanismos para detectarla y mucho menos en la vacuna.
Además, debemos admitir cómo en las áreas más alejadas de la urbanidad sí existe una menor posibilidad de contagio, porque son menos frecuentes las aglomeraciones, visitas a centros nocturnos, entre otros factores de riesgo.
Es imposible obligar a los ciudadanos a tomar consciencia y protegerse.
De acuerdo con el MSPAS, quien ejecutó el presupuesto de Q15 millones para comunicar sobre la pandemia y vacunación durante 2021 fue la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, mientras Salud se encargaba de girar las instrucciones sobre qué herramientas debían usarse (banners, perifoneo, spots radiales, etcétera). El 31 de diciembre, esta entidad se desligó del proceso y, según Coma, ahora el MSPAS es responsable de destinar fondos propios para esta tarea.
Al preguntar a la cartera cuánto se ejecutó de los Q15 millones en 2021 y cuánto dinero se asignará a informar en áreas rurales para que el mensaje sobre la inmunización llegue de forma adecuada, no respondió.
–¿Qué errores cometieron en el plan de comunicación sobre la inmunización contra COVID-19, sobre todo en el interior del país?
–Nos equivocamos al asumir una respuesta favorable ante el fármaco. Al ser un país exitoso en la vacunación de niños pequeños, creímos en la posibilidad de ver la misma anuencia al tratarse de la pandemia. No nos preparamos para combatir la desinformación y los rumores sobre los biológicos.
También hubo algunos fallos durante la elaboración de material informativo en los idiomas de cada región o los canales para hacerlos llegar. En algunos municipios la radio no tiene alcance o las personas no saben leer, entonces debimos enfocarnos desde el principio en contenido gráfico.
–¿Cómo se enfrentarán las consecuencias de estos errores en los municipios rezagados en vacunación, como Concepción (Sololá), donde solo el dos por ciento de la población tiene esquema completo?
–Estamos organizando reuniones con líderes comunitarios para diseñar nuevas estrategias y no solo pedirles difundir el mensaje entre la gente, sino también escuchar a través de ellos las dudas más frecuentes de los vecinos.
Pensamos informar a través de grupos pequeños para tener más oportunidades para hablar con los pobladores. Quizá sea a paso lento, pero aunque solo consigamos aumentar las cifras un 1 % en cada intervención, eso ya es un avance.
Aun así, recordemos: no vamos a obligar a nadie a inyectarse, no solo allí, sino también en el área urbana. No vamos a generar conflictividad social.
De enero a noviembre de 2021, el MSPAS hizo 547 inspecciones a comercios, centros de trabajo, entre otros establecimientos. Impuso sanciones a 81 de ellos por no cumplir las normas sanitarias.
Además, durante el estado de calamidad que entró en vigor el 4 de septiembre de 2021, se reportaron fiestas en Sacapulas y Joyabaj (ambos en Quiché). En ellas se violaron medidas como la prohibición de espectáculos públicos y aglomeraciones, la ley seca a partir de las 19:00 horas y el toque de queda a partir de las 20:00 horas.
–El semáforo tiene una estructura, pero eso no implica obediencia por parte de los ciudadanos. ¿El MSPAS puede hacer algo para que las normas preventivas se respeten?
–Se hacen inspecciones multisectoriales donde participan Salud y Gobernación, pero nos es imposible controlar todo. Tenemos acceso a lugares públicos, como restaurantes y bares, y allí podemos verificar su nivel de cumplimiento, ¿pero qué hacemos con las fiestas privadas? Son uno de los principales focos de contagio y no se puede llegar a ellas a menos que haya una denuncia. Por eso son tan importantes los reportes por parte de la población.
La mayoría de las fiestas se realiza sin autorización y sin protocolos de bioseguridad, pero el MSPAS no puede multar ni adjudicar responsabilidades porque quien tiene potestad para hacer detenciones es Gobernación. Las autoridades municipales también pueden coordinar operativos con ellos, por ejemplo, pero Salud como tal no puede esposar a nadie.
Podemos imponer restricciones, pero los contagios solo se reducen cuando la gente las hace suyas y las cumple porque comprende el riesgo latente de la pandemia.
–Menciona la importancia de las denuncias ciudadanas, pero al llamar al número del ministerio de Salud (1517) nadie responde y otros canales, como el portal, a veces presentan fallas. ¿Entonces cómo planean recibir esos reportes?
–La mayoría de las denuncias las recibimos a través de comentarios o mensajes por redes sociales y eso nos da una pista para saber dónde ocurren los problemas. Con la confirmación de Ómicron en el país, por ejemplo, se dio la orden de realizar pruebas a todos los que sospecharan estar contagiados y no solo a quienes presentaran síntomas, pero no todas las áreas de salud cumplieron el mandato.
Por redes sociales nos llegaron mensajes sobre un laboratorios móviles en la Ciudad de Guatemala y establecimientos de Salud en San José Pinula donde se requería a las personas tener síntomas para hacerles el hisopado. Así fue cómo lo detectamos y se les llamó la atención (a los trabajadores).
Es cierto, el 1517 ha presentado fallas y las llamadas a veces no entran. Se venció el contrato con el call center y estamos en proceso de renovarlo, pero no tenemos fecha.
En cuanto al portal, se satura y hacemos lo posible por restablecerlo rápido. Presenta algunas fallas al registrarse o al mostrar fechas para recibir la tercera dosis de la vacuna, porque el sistema calcula en automático los tres meses desde que la persona completó su esquema y por eso a muchos les muestra como día estimado para el refuerzo alguna fecha del año pasado.
–Al escribir al MSPAS por redes sociales no siempre se recibe una respuesta. ¿Dónde pueden reportar problemas quienes ya se vacunaron, pero sus constancias siguen sin aparecer en el sistema?
–La verdad, hemos tenido problemas de conexión en algunos centros de vacunación. A veces hay fallas técnicas, el equipo se reinicia o se va la señal de internet mientras los digitadores ingresan información sobre los ciudadanos. Se convierte en un subregistro.
Aun así, quienes tengan ese problema pueden acercarse al puesto para inyectarse y en ese momento reportar qué número de dosis se administró. Es nuestra única oportunidad para recuperar los datos.
–¿La razón para reducir el plazo de seis a tres meses para aplicarse el refuerzo de la vacuna es completar el subregistro?
–No y tampoco fue antojadizo. Los fabricantes de los biológicos y la comunidad científica están en constantes estudios sobre ellos y nos dieron luz verde para reducir el plazo porque no se detectó la necesidad de esperar seis meses, aunque quien quiera hacerlo, está en su derecho.
–¿Se hace porque tengamos vacunas próximas a vencer?
No. De hecho solo tenemos un lote del primer componente de Sputnik V a caducar en febrero, pero las fechas de vencimiento no influyeron en reducir el tiempo para aplicar terceras dosis.
Además, los fabricantes nos avisaron sobre la posibilidad de utilizar los fármacos incluso tres meses después de haber caducado. No hemos usado dosis vencidas aún, pero cuando tengamos el documento de las farmacéuticas para amparar esta decisión comenzaremos a hacerlo.
–¿Guatemala tiene negociaciones vigentes para adquirir inmunizantes o donaciones próximas?
–Aún no hay reportes de donaciones por parte de la comunidad internacional y la única negociación en curso es para adquirir dosis de Pfizer específicas para niños de cuatro a 11 años.
Esta decisión aún no está tomada, porque la mesa técnica de médicos, infectólogos, pediatras y expertos en general aún discute los pros y contras de inyectar a este grupo. Sin embargo, se debe adelantar la conversación con la farmacéutica para estar preparados cuando se dé un veredicto.
Tampoco hemos negociado una cantidad de dosis exacta porque ese es el último paso de la negociación. Ahora nos encontramos en la etapa de contratos, documentación y acuerdo de confidencialidad.
–Pero las clases presenciales e híbridas llegan en 2022. ¿El MSPAS supervisará el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en establecimientos educativos?
–No. A nosotros no nos compete regular eso y se dejará a discreción exclusiva del ministerio de Educación.
El 12 de abril de 2020 el presidente, Alejandro Giammattei, anunció multas de Q7 mil a Q150 mil para quienes no usaran mascarilla en espacios públicos o privados. Durante 2021, Ojoconmipisto preguntó en cuatro ocasiones al MSPAS cuántas de estas sanciones se impusieron. Ninguna, admitieron.
Al consultar entonces cómo se adjudicarían responsabilidades para quienes se negaran a cumplir con los protocolos de bioseguridad, la cartera respondió: “se procederá conforme a lo establecido en el Código de Salud”. En el documento, sin embargo, no se contempla una pandemia ni medidas a tomar con sujetos (no establecimientos) renuentes a cumplir las disposiciones gubernamentales.
–¿Qué sucedió con las multas que el presidente aseguró que se impondrían a quienes no cumplieran las medidas de prevención?
–Para ser honesto, nunca se pensó en una sanción para quienes no usaran mascarilla. Sus derechos fundamentales van por encima y solo podemos sancionar a establecimientos.
Hemos visto casos como el de San Lucas Tolimán, Sololá, donde se intentó adoptar esta medida y se multó a una persona con Q100 por no tener cubrebocas. El Procurador de Derechos Humanos se pronunció e instó a la municipalidad de abstenerse de tomar estas acciones.
Tampoco podemos reformar el Código de Salud para contemplar estos casos, porque es un procedimiento administrativo muy lento a través de acuerdos ministeriales. Solo nos queda tratar de hacer conciencia en las personas y comprendan el riesgo a nuestro alrededor si no nos protegemos del virus.
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