La Ley de Servicio Municipal permite contrataciones discrecionales y clientelismo político. Para fortalecer los gobiernos locales se requiere profesionalizar, capacitar y fiscalizar.
Por Pilar Rodríguez
La falta de aplicación de la Ley de Servicio Municipal mantiene abierto uno de los principales desafíos para los gobiernos locales: lograr que la contratación de empleados responda al mérito y a las capacidades. Y no a intereses políticos o personales.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), y Miguel Ovalle, diputado por el partido UNE y exalcalde de Salcajá, señalan las fallas que persisten en el sistema. Desde la contratación discrecional y el uso de plazas como botín político hasta la falta de capacitación y los problemas de fiscalización.
– La Ley de Servicio Municipal se aprobó en 1987. Casi cuatro décadas después, ¿ha logrado crear una verdadera carrera administrativa municipal o predomina la discrecionalidad en las contrataciones?
– Luis Linares: La ley no es la responsable de profesionalizar la carrera pública municipal. La ley nos da los lineamientos para alcanzar ese servicio de carrera o ese servicio profesional en las municipalidades del país. El problema no es entonces de la ley sino de quienes están obligados a aplicarla.
En estos 40 años, la gran mayoría de las municipalidades no la cumplen. La ley proporciona tres grandes lineamientos para el ingreso al servicio municipal por méritos: el proceso de convocatoria pública de las plazas disponibles en una municipalidad. También, el proceso de selección mediante criterios y parámetros objetivos y la estabilidad del empleado municipal, que no puede ser despedido salvo causa justificada.
Y ninguno de esos tres grandes bloques se cumple. Los trabajadores municipales son nombrados a capricho, a discreción e igualmente son despedidos a discreción.
El primer responsable de vigilar el cumplimiento de la ley sería el Concejo Municipal, que es el depositario de la autonomía. Después están los órganos de control: la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, porque las relaciones laborales implican derechos humanos.
– ¿Qué reformas serían necesarias para que el empleo municipal dependa más del mérito y menos del alcalde de turno?
– Miguel Ovalle: Existe una norma de mérito y profesionalización que en la práctica no se cumple. La incidencia política en las contrataciones depende en gran medida de cómo llega el alcalde al poder: si lo hace financiado por dinero propio o por padrinazgos, utilizará las plazas para responder a esos compromisos e intereses. Solo un liderazgo con visión de desarrollo prioriza la capacidad técnica.
Para cambiar esto, se requiere un ente fiscalizador funcional. Aunque la Contraloría General de Cuentas debería asumir ese rol, la corrupción y el pago de favores provocan que sancione arbitrariamente a quien trabaja bien y proteja a sus aliados.
Además, es urgente reformar el sistema de sanciones: actualmente, a directores financieros o de planificación honestos se les imponen multas impagables que ahuyentan al personal capacitado. La clave no es crear más mecanismos, sino sanear a las instituciones fiscalizadoras y garantizar condiciones seguras para el profesional.
— En la actualidad conviven trabajadores permanentes, personal contratado bajo el renglón 029 y otras modalidades temporales. ¿Cómo impacta esta diversidad en los derechos de los trabajadores y en la calidad de los servicios que reciben los vecinos?
– Luis Linares: En primer lugar, impacta en la incertidumbre en la que vive el trabajador que no tiene garantía de cierta estabilidad porque los contratos son de un año como máximo.
También impacta en que se corre el peligro de que la municipalidad tenga que desembolsar enormes cantidades de dinero cuando se pierden los juicios que entablan los trabajadores al ser cancelados sus contratos.
– Miguel Ovalle: La convivencia de modalidades como el renglón 029 precariza los derechos laborales al privar a los trabajadores de prestaciones e indemnizaciones. Impacta directamente en la calidad del servicio al vecino debido a la alta rotación y la falta de profesionalización del personal.
Contratar a alguien por 029 y ubicarlo en el lugar de trabajo es una farsa. A todos los contrataba (en la municipalidad de Salcajá) 011 o renglón 022.
La discrecionalidad de estas figuras temporales fomenta el clientelismo y el uso de las municipalidades como botín político, generando cuantiosas pérdidas al Estado por demandas tras los despidos. Migrar a renglones como el 011 o 022 garantiza los derechos del trabajador y da continuidad a la gestión pública, aunque exige un estricto control presupuestario.
– ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las finanzas municipales frente a los pactos colectivos?
– Miguel Ovalle: La coexistencia de renglones temporales como el 029 precariza al trabajador sin prestaciones y deteriora el servicio por la constante rotación, al tiempo que fomenta el clientelismo y desencadena costosas demandas laborales contra el Estado. Migrar a plazas presupuestadas (011 o 022) restituye derechos y profesionaliza la gestión, pero exige rigurosidad para evitar que la estabilidad laboral derive en complacencia.
Para sostener las finanzas ante los pactos colectivos, la clave radica en una gestión por resultados que condicione los incentivos e incrementos salariales al cumplimiento de metas de recaudación y eficiencia. Es imperativo transparentar la información financiera con los sindicatos y respetar el límite de los gastos de funcionamiento, para evitar desviar fondos de inversión municipal que pongan en riesgo la legalidad y el desarrollo local.
– ¿Cómo se puede profesionalizar el servicio municipal y garantizar que los empleados ejerzan sus funciones con capacidad?
– Luis Linares: Un empleado profesional va a ser un piloto, un electricista, un albañil, un juez de asuntos municipales, un jefe de contabilidad, un profesional financiero o un profesional de leyes jurídicas.
¿Cómo se va a profesionalizar este servicio municipal? A través de un proceso de selección de personas idóneas y eso es lo que plantea la Ley de Servicio Municipal.
Segundo, el proceso de gestión de los servidores públicos implica proporcionar las facilidades necesarias para cumplir con sus tareas. Tercero, sistemas de control para lograr que la actividad que desarrolla el empleado se traduzca en resultados y la garantía de estabilidad como una forma de asegurar que la persona se sienta identificada con la institución.
La Ley de Servicio Municipal no establece que no salir aprobado en una evaluación sea causal de despido justificado. El trabajador debe tener condiciones para cumplir con sus actividades, pero también debe existir la posibilidad de que sea despedido justificado si no cumple con sus labores.
También hay obstáculos en el sistema de justicia. Una audiencia para una demanda judicial o un incidente de despido puede fijarse para dentro de un año y un incidente que debiera tramitarse en tres meses puede tardar dos años. Esto impide el efectivo cumplimiento de la ley.
– ¿Qué mecanismos de control deberían fortalecerse para evitar el uso de plazas municipales con fines políticos o clientelares?
– Luis Linares: La modalidad se presta para inventarse cualquier plaza, función o tipo de actividad que permita favorecer a los allegados políticos, amigos y familiares. Entonces favorece aún más que la administración municipal se convierta en un botín que se reparte entre los allegados por un motivo u otro.
En mi caso, eliminé todos los 029. Contratar a alguien por 029 y ubicarlo en el lugar de trabajo es una farsa. Eliminé las contrataciones por 029 y a todos los contrataba 011 o renglón 022. Inclusive dejé de contratar personal por destajo y los contrataba por jornales porque tenían el derecho de todo lo que como trabajador les corresponde.
La función de 029 es utilizada por algunos profesionales que trabajan en la administración pública para ganar más de lo establecido en el servicio civil, pero cuando los despiden se llevan un motín que va compartido con su abogado defensor y con el juez de turno. Guatemala ha pagado mucho por eso.
– Miguel Ovalle: La modalidad se presta para inventarse cualquier plaza, cualquier función o cualquier tipo de actividad que permita favorecer a los allegados políticos, amigos y familiares. Entonces favorece aún más que la administración municipal se convierta en un botín que se reparte entre los allegados.
En mi caso, eliminé todos los 029. Contratar a alguien por 029 y ubicarlo en el lugar de trabajo es una farsa. A todos los contrataba 011 o renglón 022. Inclusive dejé de contratar personal por destajo y los contrataba por jornales porque tenían el derecho de todo lo que como trabajador les corresponde.
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– ¿La Contraloría General de Cuentas posee herramientas suficientes para prevenir excesos o se requieren reformas legales e institucionales?
– Miguel Ovalle: La Contraloría tiene las herramientas suficientes. Si no las tuvieran, se las inventan. Pero eso no es problema de la Contraloría, el problema es con quiénes son afines, a quiénes van a fiscalizar y a quiénes no.
Las herramientas las tienen. Ahora, ¿qué tan probos son los de la Contraloría General de Cuentas? Los que están en la Contraloría deben ser más probos y tener la capacidad de entender realmente lo que es funcional y lo que no.
– En los próximos 10 años, ¿cuál debería ser la principal transformación del empleo municipal para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales?
– Luis Linares: La principal tarea para que el empleo municipal se transforme en botín político o clientelar, es cumplir con la Ley de Servicio Municipal. Transformarse para mejorar la eficiencia de la gestión pública y para que los trabajadores municipales ejerzan los derechos que les otorgan la Constitución y la ley, .
Si se identifican algunos puntos que sea necesario reformar, hacer las reformas, pero la ley está pendiente de ser estrenada prácticamente en todos sus aspectos. Ese dinero que manejan las municipalidades y las entidades públicas viene del pueblo, es nuestro dinero, el dinero de los ciudadanos. Entonces, los empleados municipales deben tener eso sumamente claro.
Están para servir, porque se habla de servidores públicos y servidores públicos no son los que se sirven de la institución, sino que sirven al público de una institución. Su razón de ser es el servicio al ciudadano, no complicarle la vida al ciudadano, no abusar del ciudadano y no ver al ciudadano como un pollo al que hay que desplumar.
Y utilizar los recursos municipales de la manera más eficiente posible. A cada quetzal hay que exprimir hasta el último centavo, pero para el servicio de la población. Las entidades públicas existen para servir al bien común.
– Miguel Ovalle: Todos, ciudadanos, debemos privilegiar el bien común antes que el bien particular. Muchas instituciones imparten diplomados en servicio municipal, profesionalizan en servicio municipal y maestrías en servicio municipal, hay que atreverse a participar porque una cosa es lo que dicen los manuales y otra lo que se ve en el ejercicio de sus funciones.
Cada población tiene el gobierno que merece. ¿Por quién piensan votar? Por el más chistoso, por el que da dádivas, por el que ofrece más regalos. Debemos entender que el que regala se las va a cobrar después.
En esta democracia hay que pedirle a los ciudadanos ser responsables con el voto. En política el voto no es pensante, el voto es emocional y mientras tengamos ese divorcio de la razón y la emoción, siempre nos va a ganar la emoción y los resultados tristemente van a ser los mismos.
