Este diálogo con el experto Edie Cux, aborda la trascendencia de la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas y su impacto en la fiscalización de las 340 municipalidades.
Por Natalie Samayoa
Edie Cux, experto en transparencia de Acción Ciudadana, conversa sobre la relevancia de la próxima elección de la jefatura de la Contraloría General de Cuentas (CGC). La institución tiene un poder determinante que va más allá de la auditoría, pues influye en la participación política mediante la emisión del finiquito, opina.
Para Cux, el perfil del próximo contralor debe priorizar la ética y la probidad sobre los títulos académicos. “Lo mínimo que se espera es que sea una persona que compruebe esa probidad a lo largo de su vida”. A su criterio, la institución enfrenta límites de personal, presupuesto y tecnología, por lo que considera clave definir prioridades para fortalecer la auditoría.
– ¿Por qué es importante la elección del Contralor General de Cuentas?
— El contralor general tiene dos funciones. El artículo 232 de la Constitución establece que la institución vela por la calidad del gasto público. Quiere decir que vela por nuestro dinero, por nuestro pisto. Así como Ojoconmipisto busca fiscalizar esos recursos, la Contraloría debe velar porque ese dinero se invierta de una forma coherente y honrada.
Hay otra función que no siempre recibe la misma atención: la emisión del finiquito para los funcionarios públicos. La institución no solo cumple una labor de fiscalización, sino también decide quién puede o no ejercer un cargo público por medio del finiquito. Eso le da un papel muy importante, sobre todo de cara a las elecciones de 2027.
– ¿Qué impacto tiene una Contraloría bien dirigida en la fiscalización de las municipalidades?
— Es trascendental. Su mandato es bastante amplio porque alcanza a instituciones que, aunque tienen autonomía, dependen del presupuesto general y de las reglas del ciclo presupuestario.
Por eso, la Contraloría tiene un gran poder, porque dentro de la estructura política, las municipalidades, los alcaldes, entre otros, tienen la facultad de fiscalizar in situ a las municipalidades. E influir en la detección de los primeros indicios de impunidad en casos de corrupción.
– ¿Cuál debe ser el perfil ideal de quien ocupe el cargo?
— La ley fija requisitos mínimos, como ser contador público y auditor, cumplir con la edad requerida y ejercer sus derechos civiles. Sin embargo, ese es solo el mínimo legal.
El perfil ideal no depende únicamente del perfil o títulos académicos. En el país existe un avance en la formación profesional, pero tener maestrías o doctorados no garantiza la calidad de un funcionario.
Hay que poner especial atención en la probidad, la honradez y las capacidades éticas. La persona que ocupe el cargo debe demostrar esas cualidades a lo largo de su vida, sobre todo porque será responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Probidad.
Lee más: Mes y medio antes de asumir el cargo, la CGC denunció al alcalde de San Lucas Sacatepéquez
– ¿Cuáles son las principales facultades de la Contraloría General de Cuentas?
— La principal es velar por la calidad del gasto público. Dentro del ciclo presupuestario existe la recaudación, que corresponde a la SAT, y el gasto, que realiza el Ejecutivo.
La CGC debe verificar que ese gasto tenga calidad, que exista pertinencia, honradez y un impacto económico y social para la población. También tiene la facultad de emitir los finiquitos para los funcionarios públicos. Por eso su función resulta tan trascendental.
¿Qué limitaciones enfrenta la institución para cumplir su trabajo?
— Existen limitaciones presupuestarias, de personal, normativas y estratégicas.
Fiscalizar de forma efectiva y constante a las 340 municipalidades, además de secretarías, fideicomisos y otras entidades, resulta imposible para una sola institución. La Contraloría trabaja con muestreos y no cuenta con mecanismos digitales eficientes como otros países. Gran parte de la información aún se maneja en papel.
Esa cultura formalista provoca que el auditor llegue a una institución, solicite un espacio de trabajo y revise documentos físicos. Se centraliza mucho en temas de forma y no de fondo. Por ejemplo, una obra inconclusa, pero ¿tiene alguna sanción en la contraloría?
La Contraloría también tiene la facultad de imponer sanciones administrativas o presentar denuncias penales, aunque esas son algunas de las limitaciones que enfrenta la institución.
Esta semana publicamos que solo hay 265 auditores para supervisar a las 340 municipalidades. ¿Con ese contexto la CGC tiene capacidad para fiscalizar a los consejos municipales?
— En realidad no, pero existen mecanismos. Ninguna contraloría en el mundo va a cumplir con ese número, a menos que exista una prioridad de fortalecimiento presupuestario.
Hay decisiones estratégicas. La institución cuenta con un plan anual de auditoría en el que define los criterios para fiscalizar y realizar el muestreo, según los riesgos que identifica. Por ejemplo, puede priorizar la ejecución presupuestaria o sectores como salud, educación e infraestructura.
Es similar a la política criminal. No se pueden investigar todos los delitos que ocurren en el país, pero sí establecer prioridades. Ahí la propuesta del próximo contralor puede ser crucial para definir cómo abordar esas auditorías.
Uno de los procesos que ya se impulsa es la transformación digital, con auditores digitales, uso de inteligencia artificial y prioridades estratégicas. Hay que alinear muchos esfuerzos.
Si no es posible auditar a todas las municipalidades, ¿cómo decidir cuáles deben recibir mayor atención?
— Tiene mucho que ver con el impacto y con los datos que se generan.
Hay municipalidades pequeñas con poco presupuesto, pero que forman parte de conglomerados políticos o de estructuras que incluso pueden convertirse en organizaciones criminales. Esa información puede detectarse con análisis de datos.
Existe una experiencia en República Dominicana. El director de adquisiciones públicas implementó un mecanismo con inteligencia artificial, análisis de datos e interoperabilidad entre el registro de proveedores, la Contraloría y la fiscalía.
Ese sistema permite identificar riesgos de corrupción durante una licitación o una compra pública, detectar fraccionamientos o proveedores de papel.
En Guatemala podría existir una comunicación directa entre el Ministerio de Finanzas, el registro de proveedores, el Registro Mercantil, la Contraloría, la Intendencia de Verificación Especial y la SAT. Si esa información se cruza, pueden surgir alertas de corrupción que permitan prevenir o sancionar posibles irregularidades. Lo único que se necesita es voluntad política.
Conoce sobre: Solo 265 auditores vigilan las 340 municipalidades del país.
– ¿Qué implica un hallazgo dentro de una auditoría?
– Un hallazgo puede interpretarse como un error administrativo o una falla dentro de los procesos.
Muchos permanecen en el ámbito administrativo, pero otros derivan en multas para funcionarios por incumplimientos legales.
También existen hallazgos que pueden constituir delitos contra la administración pública, como fraude, cohecho, alteración de bases de licitación, posibles sobornos, sobrevaloraciones o sustracción de recursos del presupuesto. En esos casos se trata de situaciones mucho más graves.
– ¿Cómo pasa un hallazgo a convertirse en una denuncia penal?
– La Contraloría desarrolla un plan anual de auditoría y revisa las distintas instituciones. Cuando un auditor identifica un hallazgo, este puede convertirse en una denuncia penal si existe un incumplimiento legal.
Eso ocurre cuando un funcionario deja de cumplir una obligación o realiza acciones que exceden sus funciones. También cuando existen indicios de una posible sustracción de recursos públicos.
En esos casos, los auditores trasladan el expediente a la opinión jurídica de la Contraloría, que determina si corresponde presentar una denuncia penal.
La persona denunciada mantiene el hallazgo mientras el caso se resuelve y es investigada por el Ministerio Público. Además, los informes de auditoría sirven como prueba dentro del proceso.
La contraloría sancionó a Walter Mazariegos de la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, tiene tres denuncias penales y varios casos de auditoría abiertos. Él ahorita no cuenta con finiquito.
A pesar de ello, tomó posesión, digamos, ilegalmente, pero la CGC cumplió con esos pasos. Sí hay hallazgos que son interpretados como delitos y, por lo tanto, este funcionario tiene 20 años que tiene estos cuestionamientos.
En su experiencia, ¿qué obstáculos impiden que un hallazgo llegue a ser investigado?
— La mayoría de casos se entrampa por los informes de auditoría.
Cuando un ciudadano denuncia un posible caso de corrupción ante el Ministerio Público, una de las primeras solicitudes suele ser un informe de la Contraloría. Ahí aparece el primer obstáculo.
Las auditorías especiales toman tiempo. Hay informes que tardan dos, tres, cuatro o hasta cinco años.
Mientras tanto, el Ministerio Público espera ese documento y las investigaciones permanecen detenidas. Se genera un círculo de impunidad entre ambas instituciones. Los alcaldes continúan en sus cargos, no se les retira el finiquito y los casos permanecen sin avances.
¿Por qué debería importarle a los vecinos quién dirige la Contraloría General de Cuentas?
— Hay una frase que hemos compartido desde hace años con quienes realizan auditoría social: “entre mayor exposición tenga la corrupción, mayores límites encuentra”.
Aunque exista impunidad y muchos casos no concluyan con sanciones, la exposición pública ayuda a prevenir nuevas irregularidades.
Cuando se conoce que un proveedor recibe cientos de millones de quetzales en contratos o que un alcalde percibe salarios y dietas elevados, la población presta más atención. Existe una mayor conciencia sobre estos temas.
Por eso el papel del contralor resulta trascendental. No solo vela por el gasto público y por los impuestos de la ciudadanía. También influye en qué casos de corrupción pueden avanzar y eso tiene un impacto político.
Dar seguimiento a esta elección es importante, pero también lo es denunciar, realizar auditoría social y mantenerse atento al uso de los recursos públicos.
Te interesará: Denuncian a siete municipalidades ante la PDH y la CGC.
