A pesar del Estado de Calamidad se realizaron sin distanciamiento físico ni mascarillas. El exministro de Gobernación explica las sanciones que pueden enfrentar los asistentes.
Por Carmen Maldonado Valle
El 4 de septiembre entró en vigor el Estado de Calamidad en Guatemala con el fin de contener la propagación de la COVID-19. Algunas de las medidas incluidas eran la prohibición de celebraciones y espectáculos públicos, ley seca a partir de las 19:00 horas y toque de queda desde las 20:00 horas.
Aunque las medidas solo duraron tres días porque el Congreso las improbó, en Sacapulas y Joyabaj, Quiché, ocurrieron fiestas donde se violaban las condiciones decretadas por presidencia. Carlos Menocal, exministro de Gobernación, explica quiénes son sujetos de persecución penal por ello, las atribuciones de los alcaldes y cómo debió actuar la Policía Nacional Civil (PNC).
Los alcaldes dicen que no pueden impedir las celebraciones porque solo la PNC tiene esa protestas, ¿es así?
–No es cierto, el decreto 5-2020 es el marco de acción para el estado de su conjunto. Este faculta a las autoridades correspondientes para para resguardar la prevención sanitaria, instalar cordones sanitarios y tomar medidas de bioseguridad, como distanciamientos sociales, la utilización de mascarilla.
No solo la PNC puede accionar, porque también se activan los comités de reconstrucción, los de emergencia y los comunitarios para dar respuestas inmediatas, entonces el alcalde se convierte en la máxima autoridad para coordinarlos, además del concejo municipal y los consejos de desarrollo.
Lo que pudieron hacer los alcaldes para acabar con esas celebraciones era comunicarse de inmediato con el gobernador departamental por ser el representante del Presidente. Luego debieron convocar a las fuerzas de seguridad y ejercer todo el marco legal para acordonar el área.
En Sacapulas y Joyabaj los vecinos tienen sus propios patrullajes, ¿qué podía hacer la PNC para entrar y terminar con las celebraciones?
–El oficial a cargo de la subestación debió coordinarse con la comisaría departamental para detener la actividad. La primera gestión de un policía es hablar con la población para ordenarles terminar con el evento. No es una negociación.
De no tener una respuesta positiva, se requiere buscar refuerzos de inmediato, acordonar el municipio, entrar con toda la fuerza cotidiana del Estado y disolver la aglomeración. No eran fiestas normales, sino que estaban al margen de las disposiciones gubernamentales y sanitarias. Se violó todo: la ley seca, el toque de queda, la obligación de usar mascarilla, la prohibición de espectáculos públicos, pero las autoridades no actuaron.
Por ser un estado de calamidad, la PNC estaba facultada para llevarse a todos los asistentes a los separos, no solo por violar una medida, sino un decreto legislativo que al final es la ley máxima. Eran delitos en flagrancia y nadie hizo nada.
¿Todos debieron ser encerrados o sobre quiénes recaen las consecuencias al violar estas disposiciones?
–Debió sancionarse a la población por asistir y a la corporación municipal por no detener la celebración. También al gobernador, porque se pronunció hasta después de las aglomeraciones, pero en ese momento ya no servía de nada.
También se podía multar al grupo musical porque el artículo 5 del estado de calamidad prohibía en específico concentraciones de personas y espectáculos. Y quienes no podían faltar en las consecuencias eran los organizadores, por poner en riesgo la salud de todo un municipio.
¿Qué medidas deberían tomarse para evitar que estas aglomeraciones se repitan?
–Lo ocurrido en Quiché, aunque no se frenó en el momento, debe ser objeto de persecución civil y penal. Se deben adjudicar responsabilidades por haber hecho esta celebración.
Hacer esto dejaría un ejemplo muy claro para que cualquier autoridad de aquí en adelante, ejerza el poder para evitar abusos y, sobre todo, más contagios. Si eso se logra, la población pensaría dos veces antes de volver a cometer una irresponsabilidad de esta magnitud.
Tras esta entrevista, Ojoconmipisto llamó al hospital regional de Quiché. El personal dijo estar preocupado no solo por un posible aumento de contagios, sino porque “solo tenemos siete camas disponibles para atenderlos y nuestros índices de mortalidad superan el 40 por ciento. La mitad se muere”.
También puedes leer: #20MinutosCon Edwin Asturias, “Sputnik Light no es una vacuna nueva”
