Con la entrada de la nueva Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), repasamos los fallos de la anterior que impactaron a las municipalidades.
Por Jimena Porres
La IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomó posesión el 14 de abril en horas de la madrugada para el período 2026 – 2031. La saliente se caracterizó por emitir fallos que polarizaron a la sociedad, entre estos los que afectan de manera directa a las municipalidades.
Dos tuvieron que ver con reglamentos ambientales. En mayo de 2024, la CC amparó de forma provisional a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), luego de una inconstitucional que presentó Sebastián Siero, presidente de la entidad y alcalde de Santa Catarina Pinula. El 30 de ese mes vencía el plazo para presentar los estudios que informaban donde las alcaldías vertían sus aguas negras.
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Al suspender los artículos 3 y 24 Bis del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, eximió a los alcaldes de presentar estudios diagnósticos para construir plantas de tratamiento. Tras 20 años, el reglamento sigue sin entrar en vigencia.
El segundo fue el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. Al que en julio de 2024 dio vía libre para su implementación, luego de que la Anam también interpusiera una inconstitucionalidad para dejar sin efecto siete artículos que le otorgan responsabilidades a las comunas sobre el tratamiento de desechos sólidos.
Sin embargo, en agosto de 2025, cuatro meses después de que entrara en vigencia, lo declaró inconstitucional. El diputado Ronald Portillo Cordón del partido Vamos presentó la acción legal, la CC lo admitió porque “vulnera la autonomía municipal”.
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En la ciudad de Guatemala
En abril de 2024 la CC resolvió un recurso de la municipalidad de Guatemala para agilizar la implementación del AeróMetro, cuyo contrato estaba en segunda lectura en el Congreso de la República. La acción también utilizaba la autonomía municipal como sustento.
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Ahora las alcaldías pueden concesionar proyectos sin aprobación del Congreso. Permite que gestionen sus servicios públicos de acuerdo con sus necesidades y circunstancias particulares.
En diciembre de ese mismo año comenzó la tala de 117 árboles con 200 años de antigüedad en el bosque del acueducto. Esto fue posible porque la empresa Irantu contaba con la autorización para talar el área tras un amparo otorgado por la CC.
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Quetzaltenango: concejales de oposición y electricidad
Tres concejales titulares y uno suplente del Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) no han podido incorporarse al concejo municipal de Quetzaltenango desde 2024. La comuna, dirigida por Juan Fernando López que llegó con el partido Humanista, declaró vacantes los lugares y los ocupó con miembros de su partido.
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La lucha para reincorporarse continuó hasta enero de 2025. Tras la muerte del concejal IV, David Armando García, el concejo aprovechó para incluir la resolución de la CC que dejó en pausa la participación de los concejales de SBX. El proceso judicial que mantiene a la oposición fuera de la mesa del concejo está entrampado.
La Corte volvió a favorecer a la alcaldía cuando la amparó provisionalmente y suspendió la vigencia del nuevo tarifario de energía eléctrica. La comuna debe al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Q1 mil 689 millones.
El INDE señaló que la alcaldía busca incumplir sus obligaciones contractuales, además que si la CC deja en definitiva el amparo “el pueblo de Guatemala perderá más de Q100 millones que no pagaría una entidad que tampoco honra la deuda de casi Q1 mil 700 millones”.
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Las últimas
En enero 2026 la CC suspendió, para luego confirmar la elección de la nueva junta directiva de la Anam. El amparo provisional, interpuesto por José Enrique Arredondo Amaya, alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, buscaba convocar a un nuevo proceso electoral. La resolución anuló la disposición y ratificó la nueva junta directiva.
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Mientras que en marzo, dejó fuera a la alcaldía de La Antigua Guatemala del control del centro de monitoreo. Esta quedó bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.
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