Cuando la SAT reveló esta estructura de defraudación tributaria habló de 10 municipalidades, pero hay tres más de Chiquimula e Izabal.
Por Pilar Rodríguez
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contó diez municipalidades en la presentación del caso B410, pero son 13 las que adquirieron servicios e insumos a empresas que defraudaron al fisco por Q300 millones de quetzales. Las de San Jacinto y San Juan Ermita, Chiquimula, y Morales, Izabal.
El proveedor, H3, S.A., fue inhabilitado por la SAT el 20 de agosto de 2024. Héctor González, especialista en adquisiciones públicas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), confirma que la razón de la inhabilitación del NIT fue el fraude fiscal.
Los representantes legales de la empresa son Luiz Armando Agustín Díaz y German Osvaldo Ochoa Ramírez.
Lo adjudicado
La empresa H3, S.A., según Guatecompras cuenta con nueve concursos adjudicados en 2024 por un monto total de Q8 millones 075 mil 793. Son por servicios de arrendamiento de 30 días de camión cisterna de agua de parte de la municipalidad de San Jacinto, Chiquimula.
Al ingresar al perfil del proveedor, aparecen otras tres municipalidades a las que la empresa surtió. Esto fue lo que cada una adquirió y el monto adjudicado.
Caso B410
El 14 de agosto de 2024, la SAT convocó a una conferencia donde informó del desfalco fiscal que 410 empresas llevaron a cabo de 2021 a 2023. En el comunicado de la Superintendencia, “se identificaron más de 200 empresas con domicilio fiscal en la 33 Calle “C” 10-16, Zona 7 Colonia Bamvi”. La dirección no es real.
Además, el 75 % de las empresas habían sido constituídas por el mismo abogado y notario. Tanto el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Ministerio de Desarrollo (Mides), como el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), y otras 10 municipalidades, obtuvieron servicios e insumos de las empresas implicadas.
Sobre el Plan de Prestaciones, Sebastián Siero, presidente de la entidad y alcalde de Santa Catarina Pinula, afirmó que las compras a las empresas del caso B410 fueron de la administración anterior. “El filtro más grande es el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Si un proveedor cumple con todos los requisitos legales no podemos saber si paga los impuestos”, explicó.
El papel del RGAE
Ricardo Barrientos, Director Ejecutivo del Icefi, explicó en una conversación con Ojoconmipisto por qué no es correcto que las compras se centren en un solo proveedor. En primer lugar, las unidades de control y auditoría interna de las municipalidades no verificaron adecuadamente que los proveedores fueran legítimos. Segundo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) también falló al no detectar anomalías en los proveedores.
Advirtió que se trata de una red delictiva en la que empresas fraudulentas vendían a las municipalidades, lo cual beneficiaba a una empresa mayor al reducir su carga impositiva. Destacó que la Ley de Contrataciones del Estado establece mecanismos para prevenir fraudes y que las compras deben realizarse de manera abierta y competitiva.
Sobre el papel del RGAE, mencionó que la entidad creada en 2015, mediante reformas a la Ley de contrataciones, debía funcionar como un primer filtro para los proveedores. Sin embargo, durante las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el registro fue penetrado por estructuras defraudadoras, dijo..
Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló anteriormente que los contratos firmados antes de que se bloquearan los números de identificación tributaria (NIT) de las empresas tienen validez legal.
*Esta nota fue posible gracias a una denuncia de vecinos que llegó a nuestros buzones en redes sociales.
