El presidente de la entidad y de la Anam, Sebastián Siero, afirma que el RGAE es responsable de velar porque las empresas cumplan los requisitos legales, no las municipalidades.
Por Pilar Rodríguez
El caso de defraudación fiscal “B410” anunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) sigue en la conversación. Entre las empresas señaladas se encuentra un proveedor del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) de hace cuatro meses.
Durante la presentación de Marco Livio Díaz Reyes, Superintendente de la SAT, nombró nueve empresas de las 410 implicadas. Pese a que la investigación presentada fue de los años 2021 al 2023, algunas todavía proveyeron al Estado este 2024.
El PPEM es una de las entidades que adquirió insumos de Kaizen Inc., S.A. La última adjudicación fue del 3 abril por resmas de hojas blancas de papel por un monto de Q9 mil 60. También les vendió herramientas con llaves para grifos.
Sin NIT no pueden proveer
Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que los contratos previos al bloqueo de los número de identificación tributaria (NIT) de las empresas cuentan con respaldo legal. Eso fue a partir del 15 de agosto, el jueves de la conferencia de la SAT, dijo Fabián Galindo, comunicador de la misma.
A partir de esa fecha las empresas señaladas ya no pueden vender al Estado.
El PPEM
El Plan de Prestaciones es una entidad autónoma creada en 1968. El actual presidente es Sebastián Siero, quien a su vez preside la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y es el jefe edil de Santa Catarina Pinula.
Siero fue juramentado el 22 de marzo del presente año. El PPEM estuvo cerrado durante la Semana Santa, por lo que sus gestiones iniciaron después del descanso.
“Tuvieron que darme posesión por un fallo de la Corte de Constitucionalidad”, recordó. Aseguró que hasta el 15 de abril pudo reemplazar a la anterior gerente general. El cargo lo ocupaba Bany Paula Mejía, hija del diputado Maynor Gabriel Mejía Popol del partido Vamos, aseguró Siero.
“Las compras a las empresas del caso B410 fueron realizadas por la administración anterior”, afirmó el jefe edil y presidente del PPEM. “El filtro más grande es el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Si un proveedor cumple con todos los requisitos legales no podemos saber si paga los impuestos”, afirmó. No es responsabilidad de la municipalidades, agregó.
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Por Mirja Valdés
Mirja Valdés
Quetzalteca que estudió Técnico en Periodismo y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos. Reportera y editora en varios medios. Me gusta lo que hago. También los gatos 🐈.