En el caso B410 de defraudación al fisco, 10 municipalidades adquirieron servicios o insumos de las empresas implicadas. El experto en política fiscal lo explica.
Por Pilar Rodríguez
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló al público un caso de evasión fiscal conocido como B410. Además de entidades de gobierno de Alejandro Giammattei, diez municipalidades recibieron suministros y servicios de empresas que incurrieron en fraude tributario.
Ricardo Barrientos, experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ahondó en el caso. Habla acerca de las entidades responsables de evitar este tipo de delitos y del futuro de las empresas implicadas.
¿Qué es el caso B410?¿Qué implicó?
El caso involucra varios posibles delitos, pero la idea central es defraudar al fisco, es decir, pagar menos impuestos de lo que la ley establece. Entenderlo requiere recordar cómo funciona el impuesto al valor agregado, el IVA.
El IVA es un impuesto que se calcula tomando en cuenta las facturas que una empresa emite y las facturas que una empresa recibe. Cuando uno emite una factura se genera un débito fiscal. Cuando yo hago una compra, me extienden una factura por la cual yo pago un IVA. Eso es lo que se llama el crédito fiscal.
Lo que la empresa le tiene que trasladar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. Ahora bien, mientras más grande sea el crédito fiscal, menos débito fiscal tengo.
Mientras más crédito fiscal se tenga, menos dinero se tendrá que trasladar a la SAT. Una forma de fraude es inventar facturas o compras para, de manera falsa, aumentar mi crédito fiscal y trasladar menos IVA a la SAT. Esta es una forma de fraude que no es nueva.
En 2009 hubo un caso muy famoso, una red de un señor Norman Tejada. Esta red defraudó al fisco con una facturación espuria de Q17 mil millones.
Lo importante acá es que los vendedores de estas facturas espurias o alteradas fueron entidades del Estado: ministerios, secretarías y se habla de por lo menos de diez municipalidades. Estos entraron en una componenda con una empresa en donde supuestamente hubo una venta, la cual generó una factura. El objetivo fue que esta empresa pagara menos impuestos.
¿Por qué no es correcto que las compras se centren en un solo proveedor?
En el caso observamos varias fallas. La primera tiene que ver con las unidades de control interno, la auditoría interna de estas municipalidades o de estas entidades de gobierno. Dichas entidades no revisaron correctamente que este fuera un proveedor legítimo. Hay una segunda falla de la Contraloría General de Cuentas (CGC), porque tampoco detectó anomalías en los proveedores.
Estamos hablando de una red delictiva en la que estas empresas de cartón resultaban vendiéndole a las municipalidades. Todos estos movimientos falsos beneficiaron a una empresa mayor que al final pagó menos impuestos. Ahora bien, la Ley de Contrataciones del Estado, los estándares y las mejores prácticas de cómo una municipalidad o una entidad del Estado debe comprar y contratar ya establecen mecanismos para evitar este tipo de fraudes.
Como dice aquel refrán popular, “no poner todos los huevos en el mismo cesto, porque si se cae ese cesto se rompen todos”. Entonces, los mecanismos mediante los cuales una municipalidad o una empresa estatal debería comprar y contratar deben ser mecanismos abiertos, competitivos, en donde efectivamente la entidad estatal pueda elegir la mejor opción y la mejor opción debe incluir no comprarle a una empresa que integra una red mafiosa.
¿Qué papel juega el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) en los filtros para los actuales y futuros proveedores del Estado?
El RGAE es una entidad con ciertos niveles de autonomía e independencia, creada por las reformas hechas a la ley de contrataciones del Estado en 2015, por medio del decreto 9-2015. Este se aprobó en noviembre de ese año. Básicamente la idea es que esta sea una entidad que tiene que ser un primer filtro de aquellas empresas que desean ser proveedoras o contratistas del Estado.
Durante los períodos de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, lamentablemente se puede ver que se creó este registro, pero fue rápidamente penetrado y capturado por estructuras defraudadoras del fisco.
Las autoridades se hicieron de la vista gorda para no detectar que, por ejemplo, habían varias de estas empresas que no tenían un domicilio fiscal real o que tenían anomalías que deberían ser de inmediata detección.
¿En algún momento podrían estas empresas volver a ser proveedores del Estado?
Bueno, a estas empresas les asisten algunos derechos. Ahora bien, si están directamente involucrados en este tipo de anomalías y de hecho hay una investigación penal en curso, pues la SAT y el propio RGAE pueden suspender la calidad de proveedor o contratista de una empresa.
Al Icefi le preocupa, por ejemplo, que haya un aumento importante en el aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) incluido en la ampliación presupuestaria que recién se aprobó. Hay Q500 millones para que el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) haga adquisición pública de fertilizantes, semillas y herramientas agrícolas, sin controles, a través de compra directa.
Entonces, los principales ejecutores del gasto que realizan los Codede son las municipalidades. Nuestra preocupación está en si vemos este caso que es enorme, donde quedó demostrada la ineficacia de las instancias de control. Imagínense qué sucedería si se aprueba legislación que facilita las operaciones de adquisición pública sin control.
Este caso B410 nos tiene que servir sí para ver para atrás, ver qué fue lo que ocurrió. Pero también tenemos que ver para adelante y advertir los riesgos de este tipo de disposiciones para que este tipo de fraudes y robos no se vuelvan a repetir.
Cuando estas entidades paguen sus deudas a la SAT, ¿se les eximirá de alguna responsabilidad penal?
Si este fuera un tema que se trató de un error involuntario, eso estaría en el ámbito administrativo. Pero este no es el caso. Aquí sí media la premeditación, la intención delictiva de defraudar al fisco, pagar menos impuestos y violentar los mecanismos de adquisición pública en las entidades del Estado. Eso no se solventa pagando.
El Ministerio Público tiene la obligación de perseguirlos, llevarlos a juicio y probablemente el pago de las deudas sea una medida reparadora. Pero acá no solo es cuestión de dinero, también ha mediado la intención delictiva de defraudar.
¿Qué mecanismos cree que deberían existir para evitar que estas redes puedan seguir operando?
Pprimero, no se debería legislar más como se legisló en la ampliación presupuestaria. Mencionaron que Q400 millones serían destinados para la adquisición pública de fertilizantes, Q25 millones para semillas y Q75 millones para herramientas agrícolas, todo adquirido por compra directa. Es decir, sin los controles. Esas son disposiciones que incrementan el riesgo.
Nosotros no estamos diciendo que ya se robaron el dinero, pero precisamente este tipo de casos alertan de que ese tipo de legislación, como la que quedó en la ampliación presupuestaria, incrementa el riesgo de defraudación.
A los Codede se les dan casi Q2 mil millones sin destino, sin especificar qué van a hacer con ese monto. Estamos viendo que las municipalidades han tenido y siguen teniendo problemas graves de anomalías en la forma en las que compran y contratan.
Entonces, una primera medida es aplicar los controles existentes, dejar de legislar de una forma que libere los controles. La segunda medida sería darles un jalón de orejas a las unidades de auditoría interna, de control interno y a la Contraloría General de Cuentas.
