Aunque el comprador ofreció Q2 millones al principio, se adhirió al nuevo precio. Solo hubo el único oferente.
Por Carmen Maldonado Valle
El 26 de enero, la municipalidad de Guatemala publicó en Guatecompras que subastaría un terreno de 708 metros cuadrados que no usaba, ubicado en la ruta 6 de la zona 4. El 9 de febrero se recibieron las ofertas y se remató el 3 de marzo, donde el único interesado fue el Banco Industrial (BI), el cual lo adquirió por Q5 millones Q501 mil.
Las tierras se encuentran en medio de dos propiedades del BI: el centro financiero y la torre de estacionamiento. Pertenecía a la alcaldía capitalina desde 1981, según el vocero, Ángel Alvizúrez. En 2019 la corporación manifestó por primera vez su interés en comprarlo a través de una carta enviada por Diego Pulido, el gerente general.
Para ese momento, la compañía había realizado un avalúo de la propiedad, donde constaba que era justo pagar Q2 millones 766 mil 172. Fidel Espaderos, director financiero de la municipalidad, solicitó un nuevo avalúo que dio el precio de Q4 millones 779 mil, como indican las bases de la subasta.
Según el mismo documento, Espaderos pidió la opinión de la Dirección de Auditoría Interna para saber si se podía vender la propiedad. Respondió que sí, “porque las dimensiones y la forma física del mismo dificultan que la municipalidad de Guatemala pueda explotarlo para algún uso en su gestión o para considerarlo como área verde”. El 23 de noviembre de 2019 se dio autorizó iniciar los trámites de la operación.
El acuerdo 48-2020 avaló esta decisión, mientras la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Estado valoró las tierras en Q5 millones 420 mil 207, y eso era lo mínimo que los interesados debían ofrecer para comprarlo. Esta semana el único ofertante, el BI, decidió pagar Q81 mil más, que dio los Q5 millones Q501 mil.
Para participar en la subasta, la institución depositó un día antes Q813 mil 031 en la cuenta bancaria de la municipalidad, debido a que el artículo 65 del reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (LCCE) dispone que los interesados deben aportar el 15 por ciento de la cantidad fijada como precio mínimo del bien para tener derecho a participar. A partir del remate comenzaron a correr los cinco días que tiene la empresa para terminar el pago.
Este procedimiento está regulado por el artículo 89 de la LCCE, el cual establece que los bienes públicos pueden subastarse “para que los oferentes presenten sus propuestas mediante mecanismos transparentes, previo cumplimiento de los requisitos de publicación y bases elaboradas para el efecto”. Si nadie ofrece, se reprograma el evento, pero este no fue el caso.
Desde la creación del portal Guatecompras (2003), donde todas las instituciones estatales deben publicar sus adquisiciones y ventas, ha habido 41 subastas públicas, pero no hay registros de alguna realizada por municipalidades, así que la alcaldía de la ciudad de Guatemala se convierte la primera en llevar una a cabo desde entonces.
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