A decir del alcalde, recibió las arcas casi vacías y “un montón de reclamos que no vi venir cuando me postulé para el puesto”.
Por Carmen Valle
En San Lorenzo, Suchitepéquez, el alcalde por dos períodos consecutivos es Henry Estuardo Ayala Dardón. Asumió el cargo en 2016, pero cuando llegó a las oficinas lo único en caja eran Q540, un préstamo cuya obra no se ejecutó y al menos Q22.1 millones en deudas.
San Lorenzo se encuentra a siete kilómetros de Mazatenango, la cabecera departamental. Para 2016, cuando la corporación nueva llegó, según sus libros debía tener Q11 millones 4 mil 689 en activos, pero las cuentas bancarias estaban vacías y esos Q540 en el palacio municipal debían estirarse para los proyectos ediles, el pago de nóminas y demás gastos de la institución.
Mientras se hacían los análisis financieros para determinar cuánto dinero tenía la comuna sabían que había algo mal y voltearon a ver al director financiero porque estuvo en la administración pasada “No lo íbamos a cuestionar hasta tener fundamentos, pero queríamos ver cuánto aguantaba. Una semana se quedó, luego abandonó el puesto y desapareció”, cuenta Ayala.
Al obtener su saldo de menos de Q1 mil y al no encontrar varios documentos, el concejo lo reportó ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) y explicó a la población la necesidad de pagar sus servicios porque sin eso no había dinero para obras. Se recordó a la gente sobre saldar las cuentas de impuestos, boleto de ornato, agua, entre otros, y se esperó a febrero para recibir la primera parte del situado constitucional.
Esos fondos comenzaron a pagar las nóminas y podía al menos planearse infraestructura. Mientras tanto, el jefe edil y la CGC denunciaron al concejo anterior ante la fiscalía contra la corrupción y la de delitos administrativos. Seis años después, no hay resolución ni novedades sobre el tema.
El jefe edil que precedió a Ayala Dardón fue José Luis Linares Rojas, estuvo un período, llegó con el Partido Patriota.
Las deudas
Aunque no hubo noticias sobre las denuncias, sí continuaron las sorpresas en el despacho municipal. Comenzaron a llegar representantes de empresas para reclamar pagos pendientes que la administración pasada no saldó por obras ejecutadas entre 2012 y 2014.
Estas denunciaron a la entidad en un juzgado de lo contencioso administrativo, pero se declaró sin lugar porque las obras, en teoría, ya estaban pagadas y porque aunque las autoridades accedieran, no tenían fondos suficientes para ello. Los saldos eran de Q1 millón 200 mil por adoquinamientos, Q400 mil por entubado y Q400 mil por la perforación de un pozo.
De acuerdo con los documentos de la alcaldía, se sufragaron con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) y por eso aparentaban estar pagados, explica el jefe edil: “Ese dinero solo se libera si uno lleva facturas de las empresas adjudicadas donde cobran según avance. Tenemos todas y eso explica que el Codede lo diera, pero no tenemos certeza de que los cheques llegaran a manos de las empresas”. Las compañías, sin embargo, argumentan una falsificación de estos papeles.
A decir del abogado de Acción Ciudadana, Edie Cux, si el Ministerio Público comprueba que estos fondos no fueron a donde debían sino se quedaron con los miembros del concejo anterior, pueden enfrentarse a peculado por sustracción y fraude continuado. No solo por el dinero faltante, sino también porque el alcalde dice que sus antecesores no utilizaban el sistema electrónico donde se deja registro de todas las operaciones, sino hacían los pagos “a mano”. Esto, añade el abogado, significa alterar procedimientos y no está permitido.
Las cuentas por saldar no solo se relacionaban con constructoras, sino también con la empresa eléctrica. Había pozos sin funcionar porque la factura del servicio no estaba solvente. Esa deuda ascendía a Q100 mil, recurrieron a un convenio de pago para terminarla.
También hay deduda de Q20 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Cuando dos trabajadores intentaron tramitar su jubilación los rechazaron por falta de pago de las cuotas por parte del patrono y así continuará si no se cancela todo. Estos jubilados solo pueden reclamar su pensión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, donde las cuentas sí van al día.
Además, existe una deuda con la población de la aldea “La soledad”, pues en 2012 se adjudicó un proyecto por Q4 millones 725 mil para construir un instituto de educación básica. El dinero se pidió prestado a Banco Inmobiliario y este lo recuperó a través de descontar mensualidades de las cuentas bancarias de la comuna. La entidad no tiene registro de haber pagado esto al proveedor y la obra no se hizo, pero ese dinero no se encontraba en sus arcas y nadie rindió cuentas sobre su paradero.
Para esta nota, Ojoconmipisto intentó contactar al exalcalde José León Linares Rojas, quien estuvo en el cargo de 1993 a 2004 y luego de 2012 a 2016 al celular registrado en la Asociación Nacional de Municipalidades. Esta, sin embargo, advirtió que los números de jefes ediles anteriores no siempre están actualizados. No hubo respuesta.
Al consultar con Ayala sobre el paradero de los miembros del concejo anterior dijo: “allí andan tranquilos en sus casas. Según ellos, la prueba de no haber hecho nada mal es no estar en la cárcel”.
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