Las alcaldías trabajaron su proyecto de presupuesto 2025. Ahora, cada concejo lo discute y modifica. Si para esa fecha no aprueban, repetirán el del año en curso.
Por Pilar Rodríguez
Los presupuestos 2025 de las 340 municipalidades –en este momento– deben discutirse en el seno de sus concejos. Estos a su vez dependen de la aprobación del presupuesto general de la nación en el Congreso de la República. La fecha límite para este último es el 30 de noviembre próximo.
Hasta entonces las alcaldías sabrán cuánto es el aporte constitucional que les asignan. Si el proyecto es rechazado por el Congreso, trabajarán con el mismo del año en curso, en este caso el de 2024, incluida la ampliación presupuestaria aprobada el 14 de agosto.
Carlos Gossmann, Coordinador del área de Presupuestos públicos y derechos humanos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que el proceso de creación del presupuesto inicia en agosto y finaliza la primera semana de octubre, como lo indica el artículo Código Municipal. Después se discute y modifica en el concejo municipal. Tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarlo.
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Más recaudación, más presupuesto
El aporte del situado constitucional para las alcaldías lo estipula el artículo 257 de la Constitución. “Ahí se establece que el 10 % de los ingresos ordinarios del Estado se deben destinar al financiamiento de los municipios”, comentó.
El aporte recomendado en el presupuesto para las municipalidades es de Q13 mil 389 millones. Según Gossmann, esto proviene de un incremento en los ingresos tributarios.
El proyecto del presupuesto general de la nación 2025 muestra un incremento en el aporte a las municipalidades. Después de la ampliación aprobada el 14 de agosto, lo designado para las alcaldías quedó en Q11 mil 747 millones. De no aprobarse el proyecto presupuestario 2025, este es el monto con el que trabajarán las municipalidades el siguiente año.
Aportes extraordinarios: las negociaciones políticas
Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que este aporte no representa cabildeos políticos sino constitucionales. Esta veta de negociación política la reflejan los aportes extraordinarios, dice.
“La manera de saber si hay alguna decisión que no tenga que ver con cumplir la ley es ver si se incluyen o no este tipo de aportes en el presupuesto”, dijo. En el Proyecto de Decreto de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 existe el artículo 119 que permitiría que los saldos que no se ejecutaron en los Codede del aporte extraordinario del 2024, se puedan ejecutar en 2025. Los Consejos no tendrían que devolverlo al fondo común.
El aporte a los Codede, tras la ampliación presupuestaria de agosto, fue de Q6 mil 407 millones. Según datos del Icefi, solo se ha ejecutado un 19.5% al mes de octubre. Según Lavarreda, los Codedes vienen arrastrando varios aportes extraordinarios de 2020 a 2023.
Cabildeo en el Congreso
En las últimas semanas, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda recibió en el Congreso a varias entidades gubernamentales. El ministerio de Comunicaciones (Micivi), por ejemplo. Al consultar a Julio Héctor Estrada, diputado por el partido Cabal y presidente de la comisión, si recibieron a alcaldes para este análisis, respondió que no. “Ese aporte es fórmula y lo define el Ministerio de Finanzas por el situado constitucional y lo correspondiente al IVA Paz”, contestó.
Gossmann aseguró que mientras los alcaldes no pueden negociar la asignación de los montos, instituciones que cuenten con programas para municipalidades sí pueden. De ejemplo mencionó, al Micivi, y al Ministerio de Desarrollo, específicamente a través del Fondo de Desarrollo Social (Fodes). Estas entidades cuentan con programas destinados a ayudar a las alcaldías.
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Instituciones directamente relacionadas con la municipalidad, como el Instituto de Fomento Municipal (Infom), también recibirán un aumento presupuestario de aprobarse el proyecto 2025. En 2024 funcionó con Q46 mil 500 millones. Para 2025, se recomienda un aporte de Q81 mil 499 millones.
Las alcaldías negocian los aportes extraordinarios por medio de los diputados distritales, dijo Lavarreda. Sucedió también durante la negociación de la ampliación presupuestaria. “Muchas negociaciones no se hacen en los espacios formales”, sostuvo.
Más presupuesto no significa más ejecución
Gossmann y Lavarreda coinciden en que este aumento en el aporte no necesariamente representa una mayor ejecución por parte de las alcaldías.
Los alcaldes no van a poder ejecutar los fondos si no tienen la capacidad para hacerlo, menciona Lavarreda. “La ejecución depende más de las reglas del juego: ley de compras, servicio civil, Sistema Nacional de Inversión Pública. Y de la capacidad y competencias de los funcionarios a cargo de las distintas unidades ejecutoras”.
Según Gossmann, los ingresos tributarios siempre son muy bajos. “Esto nos limita como país a tener una mejor gestión operativa”. El monto asignado dentro del presupuesto de la nación muchas veces representa un 80 % o 90 % de los recursos de las alcaldías para operar. Las capacidades de las municipalidades para conseguir sus ingresos propios han sido limitadas.
La transferencia del Gobierno central es importante. “Lo que hay que evaluar es cómo las munis ejecutan el gasto”, señaló. Dicha evaluación debería ser a partir de las planificaciones operativas anuales (POA) de cada municipalidad.
