Guatemala atraviesa una etapa de descenso de la fecundidad y una ventana de bono demográfico, pero el embarazo adolescente amenaza con limitar su aprovechamiento.
Por Pilar Rodríguez
Guatemala atraviesa una transformación demográfica marcada por la reducción de la fecundidad. El país pasó de un promedio de 5.6 hijos por mujer en la década de 1990 a una estructura poblacional en la que las familias tienen menos hijos y aumenta la proporción de personas en edad de trabajar.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que las dinámicas demográficas del país cambiaron: las familias tienen menos hijos, las personas viven más años, la movilidad humana transforma los territorios y la urbanización modifica las dinámicas poblacionales. Comprender estos cambios es clave para orientar la planificación y las políticas públicas.
Actualmente, el 64% de la población guatemalteca tiene entre 15 y 64 años, lo que representa una oportunidad para aprovechar el bono demográfico mediante inversiones en educación, salud, empleo y productividad. Sin embargo, esta ventana no será permanente. Para 2050, las personas de 65 años o más representarán el 11.9% de la población.
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El descenso de la fecundidad también se refleja en los embarazos de niñas y adolescentes. Según datos del especial “Crecer sin elegir, embarazos impuestos”, los nacimientos de madres de entre 10 y 19 años pasaron de 77 mil 700 en 2018 a 56 mil 889 en 2025. Una reducción de 26.8% en siete años.
A pesar de esto, Guatemala todavía mantiene una tasa elevada de fecundidad adolescente. La tasa se ubicaba en 68 nacimientos por cada 1 mil mujeres de 15 a 19 años, según datos del Banco Mundial.
No hay bono demográfico sin bono de género
Para Damaris Amézquita, analista de datos para la población y desarrollo del UNFPA Guatemala, el bono demográfico representa una ventana de oportunidad económica para el país. Ocurre cuando la población potencialmente productiva, de entre 15 y 64 años, representa una proporción mayor frente a los grupos de 0 a 14 años y de 65 años o más.
“Es una oportunidad económica para el país”, explicó Amézquita. Señaló que la población en edad productiva puede contribuir a sostener el gasto social de los grupos que dependen de ella.
Agrega que Guatemala no podrá aprovechar plenamente esta oportunidad si las mujeres permanecen fuera del mercado laboral. Amézquita señala que el país tiene una de las tasas de participación económica femenina más bajas de Latinoamérica y que entre cuatro y cinco de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral.
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Por eso, sostiene que “no hay una oportunidad para el país, un bono demográfico, sin el bono de género”. La participación de las mujeres en la educación y en el mercado laboral es necesaria para que el crecimiento económico asociado al bono demográfico alcance su potencial.
En este escenario también entra el embarazo adolescente. Amézquita señala que la maternidad temprana puede interrumpir la trayectoria educativa de niñas y adolescentes y limitar sus posibilidades de incorporarse posteriormente al mercado laboral.
“Una niña, una adolescente que tiene un embarazo temprano no va a poder quedarse en el sistema educativo por más tiempo y por lo tanto no va a poder profesionalizarse”, explicó.
Según los datos que citó Amézquita, en 2024 más de 50 mil adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un hijo nacido vivo. Además, las estadísticas vitales registraron un promedio de 2 mil nacimientos entre niñas de 10 a 14 años, casos que constituyen violencia sexual.
Para la analista, las consecuencias pueden extenderse hasta la adultez. Una adolescente que interrumpe sus estudios debido a un embarazo temprano puede llegar a 2050 con menores posibilidades de acceder a un empleo formal y generar ingresos.
“No hay bono demográfico sin el bono de género, sin aportar a las juventudes, sin invertir en educación, en salud y empleo para todos y todas”, resumió Amézquita.
Se necesita el “Planea”
Pese a esto, UNFPA advierte que las transformaciones demográficas tienen diferencias territoriales y sociales y que las desigualdades también tienen una expresión demográfica.
En este contexto cobra relevancia el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes (Planea). El plan fue creado en 2013 y plantea la coordinación de instituciones como los ministerios de Salud, Educación, Gobernación y Desarrollo Social, además de la Secretaría de Bienestar Social, con acompañamiento de otras instituciones y organismos internacionales.
El Planea buscaba precisamente articular las acciones del Estado para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes. Entre sus componentes se encuentran la educación, la salud, la prevención de la violencia sexual y el trabajo coordinado entre instituciones a nivel nacional, departamental y municipal.
Sin embargo, el plan no fue renovado a mediados de 2025, cuando correspondía hacerlo. Esto dejó en suspenso la estrategia que durante años había servido como mecanismo de coordinación entre distintas instituciones para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes.
El atraso de la renovación contrasta con la necesidad de anticipar los cambios demográficos que enfrenta Guatemala. UNFPA y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) plantean que la inteligencia demográfica debe utilizarse para convertir los datos sobre población en evidencia que permita orientar la inversión pública y tomar decisiones oportunas.
El estudio de UNFPA aclara que el desafío para Guatemala no es únicamente que las mujeres tengan menos hijos en promedio. También importa cuándo ocurre la maternidad y cuáles son las condiciones en las que ocurre. La reducción de los embarazos adolescentes puede contribuir a que más niñas y jóvenes permanezcan en el sistema educativo y tengan mayores oportunidades para incorporarse posteriormente al mercado laboral.
Según los datos presentados, Guatemala tiene actualmente una oportunidad para aprovechar el alto porcentaje de población en edad de trabajar. Aunque para hacerlo necesita políticas que respondan a las distintas realidades de su población y que permitan anticipar los cambios que experimentará el país en las próximas décadas.
El UNFPA plantea que la resiliencia demográfica consiste en fortalecer la capacidad del Estado para anticipar esos cambios, adaptarse y responder oportunamente a las necesidades de la población.
