El hospital “Federico Mora” los adquirió al mismo grupo de proveedores, la mayoría por compra directa. El coronavirus también provocó cierres de consultas y reducción de personal lo cual afectó a los pacientes.
Por Isaias Morales
Durante la pandemia, los precios de los medicamentos para la salud mental que compró el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora” de Guatemala aumentaron un 60 por ciento, según una investigación realizada por la Red PALTA. Esto afectó a 300 pacientes que atiende el centro, lo cual se sumó a los cierres de atención y reducción de personal como consecuencia de la covid–19.
El reportaje se centra en este hospital público, ubicado en la zona 18 de la capital, por ser la única entidad con un presupuesto específico para atender este tipo de padecimientos. Este asciende a Q84 millones anuales (US$11 millones). También recibe a personas con capacidades diferentes y privados de libertad.
El Estado guatemalteco invierte en promedio Q4.80 anuales (US$0.63) por persona en este tipo de atenciones, un monto entre cinco y seis veces menor de lo gastado en Perú y Chile.
Variación en época de covid-19
Una comparación de 107 compras realizadas entre 2017 y 2021 determinó que el costo unitario de seis distintos tipos de fármacos adquiridos en ese periodo aumentó, según datos recabados a través de una solicitud de acceso a información y el portal de Guatecompras.
El dato que sobresale es la adquisición de olanzapina, un antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Antes de 2020, cada tableta de la marca Piersan de 10 miligramos (mg) costaba Q3 (US$.39), y tras la llegada del coronavirus incrementó a Q5.50 (US$0.72). La cifra se mantuvo así en los primeros cinco meses de este año.
En estos cinco años tres empresas se turnaron para entregar el medicamento. Se trata de Biológicos Farmacéuticos(Biofarma), Bodega Farmaceútica (Farmacia Cruz Verde) y Nuevos Eticos Neoethicals. Los nombres de las farmacéuticas figuran entre los diez contratistas más importantes que abastecen el hospital.
La primera sociedad la representa Juan Luis Jarquín Cáceres, quien a su vez dirige Servicio de Comercio Internacional, también proveedora del Federico Mora. Se trata de una compañía familiar con contratos estatales desde 2004.
Según Ervin Jonatán Natareno Girón, defensor de las Personas con Discapacidad de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), la centralización de los servicios de salud mental en la ciudad de Guatemala dificultó que, durante la pandemia cuando se limitó la locomoción, los pacientes departamentales tuvieran acceso a sus medicinas.
El hospital no tiene sedes departamentales, por esa razón los pacientes deben viajar a la capital. Si bien no se registró desabastecimientos –porque tampoco se entregaron todas las recetas– la consulta externa aumentó entre quienes hicieron uso de sus servicios por primera vez y buscaron ayuda por crisis de ansiedad, depresión y estrés, aseguró.
Un problema detectado por el PDH fue la reducción de personal que demoró la entrega de los fármacos pues el centro registró cierres por la covid-19. En febrero de 2021, cuando se hizo la primera verificación, el “Federico Mora” contaba con 584 trabajadores en las distintas áreas de trabajo, pero solo se encontró en sus labores al 60 por ciento. El resto eran personas mayores de 60 años que estaban en sus viviendas por riesgo de contraer la enfermedad.
Se buscó obtener una explicación con el hospital, pero el vocero del ministerio de Salud, Boris Barrios, no proporcionó la entrevista requerida el jueves 2 de junio. Así como abordar a las empresas mencionadas, pero tampoco respondieron.
Proveedor permanente
Otro medicamento con variaciones es el ácido valproico (Valpakine), el cual es utilizado para pacientes que padecen convulsiones. Este fue el producto más adquirido en cantidades y concursos por el hospital Federico Mora. Realizó ocho adjudicaciones en cinco años.
Entre 2017 y 2021, obtuvo cada tableta de (500 miligramos) a Q1.01 (US$0.13). Este medicamento lo distribuye J.I. Cohen, S.A., una compañía investigada por defraudación de impuestos al realizar importaciones de medicinas. El propietario es Jack Irving Cohen Cohen, investigado por el Ministerio Público por financiar el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2016). Su caso sigue abierto y mantiene negocios con el Estado.
La sociedad fue relacionada con casos de corrupción porque uno de sus directivos, Gustavo Alejos, también ex secretario privado de la Presidencia (2008-2012), afronta varios procesos. Durante ese periodo la farmacéutica obtuvo una variedad de contratos millonarios.
J.I.Cohen, fundada en septiembre de 1999, es representada en la actualidad por Alberto David Cohen Mory, quien a su vez representa a Agencias J.I. Cohen, otra empresa del mismo del mismo grupo que abastece de medicamentos a organizaciones no gubernamentales y otras instituciones del sector salud.
La compañía distribuye compuestos como Valpakine importada de Ecuador. En el hospital “Federico Mora” obtuvo contratos que suman Q2.2 millones por distribuir este fármaco. También participó en ofertar otros compuestos como clonazepam (Ritrovil), un anticonvulsivo recetado para tratar la epilepsia.
Concentración de contratistas
Durante los últimos cinco años se celebraron 107 concursos que suman Q7.5 millones, diez de las 34 empresas proveedoras obtuvieron el 85 de los contratos del hospital Federico Mora.
El 95 por ciento de las compras se hicieron de manera directa, una modalidad que permite adjudicar en una semana los insumos. Un concurso con competencia y mayor de Q90,000 (US$11,600) toma al menos tres semanas. Esta modalidad se utilizó en cinco ocasiones.
Se buscó conocer cómo funciona el proceso de compras del centro asistencial, pero al cierre de este reportaje no respondieron. El hospital no adquiere sus insumos acorde con el Plan Anual de Compras. Por ejemplo, programó comprar 650 mil tabletas de ácido valproico en 2021, pero adquirió 979 mil unidades del anticonvulsionante.
El representante legal del “Federico Mora” es Erick Belding Delgado Urbina, el jefe de administrativo del ministerio de Salud que el año pasado negó a Ojoconmipisto la copia del contrato firmado entre Guatemala y Rusia para vacunas Sputnik. También fue cuestionado por intentar comprar seis millones de jeringas a un precio de Q22 millones más caro que la segunda oferta presentada, al final la cartera anuló la licitación.
La pandemia detrás de las paredes del centro
Los informes de supervisión de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de pacientes ingresados en el “Federico Mora”, evidenciaron la situación del centro asistencial. Estuvieron a cargo del Procurador de Derechos Humanos y fueron realizados entre febrero y mayo de 2021, en tiempos de pandemia.
La falta de personal redundó en la inadecuada limpieza del lugar, la falta de entrega de tiempos servidos de comida en las horas establecidas y la limpieza de la ropa de los pacientes. El documento no registra desabastecimiento. En la actualidad laboran 443 personas en el hospital.
En febrero de 2021 se encontraron 297 pacientes internos en comparación con los 325 de la supervisión realizada en 2020. En mayo de 2021, en un segundo informe de verificación del PDH, registraron 310. “No se logra evidenciar con claridad el destino del resto de pacientes”, consigna el documento.
Los delegados del PDH comprobaron que los pacientes no usaban mascarilla, salvo cuando salían por algún motivo de la institución. Tampoco se les suminsitraba gel.
Durante 2020, 133 pacientes se contagiaron de covid-19 y dos fallecieron. En cuanto a los servicios brindados ese año, se registraron 24,823 consultas, 13 mil servicios menos en comparación con 2019.
El pabellón de privados de libertad tiene capacidad para 40 personas, pero al momento de la supervisión encontraron 60. Aunque el 85 por ciento se encontraba estable, continuaba en el hospital, según los médicos psiquiatras consultados.
El lugar destinado a terapias ocupacionales se convirtió en una bodega. Con el tiempo se habilitó una capilla, pero el espacio fue insuficiente para garantizar el debido distanciamiento.
El área que funcionaba como un jardín infantil para los hijos de los trabajadores sigue cerrada. Ahora es la antesala de la emergencia, donde se hacen pruebas covid a los pacientes que ingresan. Las visitas siguen prohibidas.
Este reportaje forma parte de una investigación regional realizada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, conformada por OjoPúblico de Perú, LaBot de Chile, Ojoconmipisto de Guatemala, la diaria de Uruguay, PODER de México y La Nación de Argentina.
