La alcaldía hace descuentos al salario de todos sus empleados permanentes para un plan de prestaciones, pero los fondos no siempre llegan a ese destino.
Por Carmen Valle
En junio de 2022, Ojoconmipisto reportó cómo a causa de una deuda millonaria al menos 75 personas en Mixco no podían optar a alguno de los beneficios ofrecidos por el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM). El personal edil tiene derecho a esto porque de sus salarios se descuenta un porcentaje para abonar a ese fondo. Diez meses después, la deuda continúa y es incluso mayor.
El PPEM es un programa de prestaciones para los empleados permanentes de 339 comunas, a excepción de la Ciudad de Guatemala. Gracias a este, quienes se enferman de gravedad, se accidentan o se jubilan pueden obtener una pensión o un ingreso, el cual se deriva de un descuento que se le hace a cada uno de su salario mes a mes para abonar a ese fondo.
La otra fuente de financiamiento es una cuota obligatoria para el patrono, es decir, la municipalidad. También debe pagarse todos los meses. Sin embargo, la ley orgánica del PPEM le prohíbe dar trámite a solicitudes de prestaciones para empleados o exempleados de una alcaldía atrasada en sus cuotas.
Una de esas comunas morosas —la mayor en varios años, de hecho— es la de Mixco. De acuerdo con un reporte del plan de prestaciones, hasta febrero de 2023 debía Q78 millones 362 mil 65, divididos en Q1.4 millones del descuento hecho mes a mes a los salarios del personal, Q47.8 millones de la cuota que a la entidad le corresponde como empleadora, y Q29 millones provenientes de un convenio de pago que en teoría se pagaría y no sucedió, junto a los intereses acumulados.
Las cuotas pendientes no solo son de este año, del anterior o incluso el previo a ese. Mixco adeuda pagos por lo menos desde 2019. Esto no solo causa la imposibilidad de obtener prestaciones por enfermedad, sino también quita la oportunidad a al menos 90 personas de recibir su jubilación.
Estos, a su vez, no son necesariamente exempleados, sino también trabajadores actuales, pues como dice uno de ellos: “Ya no veo bien y no aguanto esforzarme más después de décadas. No me puedo ir, porque este es mi único ingreso y si renuncio, me quedo sin nada porque no van a tramitar mi jubilación”. Prefirió no identificarse por temor a represalias.
“Hay rumores a cada rato. Unos dicen que ya pagó, otros dicen que ya abonó, otros dicen que hizo un convenio. No importa, porque al final solo nos mantienen intranquilos y cuando vamos al PPEM reciben las solicitudes, pero no las pueden tramitar”, añade.
Reacción en cadena
Además de los empleados y exempleados necesitados de sus prestaciones, hay otros afectados. Entre ellos se encuentra la Asociación Nacional de Jubilados, presidida por Eberto Carrillo. A decir de él, la institución apoya a quienes se retiran, pero para sostener esto requiere las cuotas de los asociados. Aun así, cada año mueren integrantes y no llegan nuevos, porque su jubilación no se puede tramitar a causa de la deuda.
De acuerdo con el abogado, Jorge Mario Andrino, si una investigación determina que una municipalidad descontó dinero a sus empleados para un fin y no lo entregó, podría enfrentar el delito de retención indebida. Esto es objeto de seis meses a cuatro años de prisión.
Además, si se comprueba el uso de los fondos para un rubro distinto a su destino inicial, puede constituir malversación de fondos. Este delito se penaliza con tres a diez años de cárcel y una multa de Q500 a Q5 mil, establece el artículo 445 del Código Penal.
Para esta nota se intentó consultar al portavoz de la alcaldía, Mynor Espinoza, pero no respondió a los cuestionamientos. La entidad no solo es la más endeudada con el PPEM, sino también con el Instituto de Fomento Municipal.
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