Municipalidades deben Q46.2 millones al plan de jubilación de sus empleados

18 enero 2021

Algunas alcaldías llevan meses y hasta años sin pagar por una prestación que cobran sin falta a todos sus trabajadores.

La municipalidad de Mixco debe Q19.6 millones al plan de pensiones de sus empleados. Foto: Facebook.

 

Por Carmen Maldonado Valle

 

Imagine pagar cada mes una cantidad para su retiro y al cabo de 30 años no esté disponible. Eso ocurre en 180 alcaldías y seis empresas municipales que al 20 de noviembre de 2020 llevaban atrasados los pagos al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) y acumularon una deuda de Q46 millones 214 mil 570. Como consecuencia, cuando los trabajadores reclamaron su prestación, regresaron a casa con las manos vacías.

Cada municipalidad adeuda un monto distinto al Plan de Prestaciones. Por ejemplo, la de El Tejar, Chimaltenango, tiene Q274 pendientes de pago, mientras que San José del Golfo, Guatemala, debe Q1 millón 79 mil 841 a la institución.

Eberto Carrillo, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados, afirma que se le han acercado al menos 30 personas que están en lista de espera para que se apruebe su pensión. Cuando llegaron a reclamarla, les informaron que la municipalidad en la que trabajaron se atrasó con los pagos y por ello debían esperar para optar a ella.

“El problema es que son adultos mayores y no reciben un salario. Dejaron de trabajar precisamente porque esperaban que la jubilación por la que pagaron estuviera lista, pero no se las han dado”, explica Carrillo. Añade que la asociación ha presionado a las municipalidades a pagar lo que deben, “pero la última vez ese proceso duró dos años”.

Uno de los exempleados afectados fue Augusto García, que trabajó durante tres décadas para la municipalidad de Mixco y al llegar a 50 años reclamó la pensión para retirarse. “Gracias a Dios ya nos pagaron a todos los que reclamamos en ese momento porque el alcalde hizo una negociación para saldar la deuda. El problema ahorita es que hay compañeros esperando a que el alcalde vuelva a pagar y solo así se va a aprobar su trámite”, asevera.

De hecho, la municipalidad que más debe es la de Mixco, dirigida por Neto Bran, no ha pagado al PPEM desde febrero de 2019. Su deuda asciende a Q19 millones 696 mil 654.  Ojoconmipisto trató contactar al alcalde durante varios días, también a la dirección financiera de la institución. Tras 37 intentos, no obtuvo respuesta.

 

 

Entremos en contexto. ¿Qué es el PPEM?

 

Desde 1968 es la entidad encargada de dar una pensión a todos los empleados municipales en caso de jubilación o invalidez. La dirige una junta directiva conformada por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes elegidos por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Asociación Nacional de Empleados Municipales (ANEM), el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Actualmente, el PPEM tiene 43 mil 687 afiliados. De estos, 379 reciben pensión por invalidez, mientras que otros 5 mil 203 se jubilaron. Se sostiene, además, de una manera parecida a como lo hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): los empleados tienen derecho a acudir a él, siempre y cuando sus cuotas estén al día. Así, a cada trabajador municipal que tenga 65 años o menos se le descuenta el 7 por ciento de su salario, mientras que la comuna en la que trabaja aporta otro 10 por ciento.

El artículo 22 del Reglamento del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal establece que las alcaldías tienen la obligación de trasladar el monto total al PPEM con el fin de que se acumule. Con esos fondos, la institución otorga la mensualidad correspondiente a cada empleado cuando lo solicite y cumpla con los requisitos para obtener el dinero.

En caso de que el trabajador —activo o jubilado— fallezca, su familia puede pedir una prestación al PPEM. De ese modo, todos los empleados municipales tienen derecho a este beneficio cuando cumplen con los requerimientos para optar a él. Los únicos que están exentos de este descuento son los alcaldes porque solo se sujetan al plan si así lo desean, y quienes trabajan en la municipalidad de Guatemala porque que se rigen bajo un programa propio de pensiones.

 

 

Si una persona no trabajó en la municipalidad durante el período mínimo para acceder a cualquiera de estas pensiones, puede solicitar convertirse en contribuyente voluntario para aportar mensualmente hasta que cumpla con el pago de las cuotas que le faltaban para acceder a los beneficios del PPEM.

Los afectados son los nuevos

“El Plan de Prestaciones paga puntualmente”, cuenta Eberto Carrillo, “entonces el problema no es para los que ya lograron su pensión, sino para los nuevos que van a solicitar que comiencen a darles la mensualidad que les corresponde”.

 

Así le sucede a Héctor López que trabajó durante 25 años en la municipalidad de Mixco, hasta que lo despidieron porque la institución ya no tenía fondos para pagarle. No lo indemnizaron  y cuando fue a tramitar su jubilación le cerraron las puertas: “Yo llevo un año comiendo tortilla y agua, y no tengo ingresos porque esto no se resuelve. Metí mi papelería para jubilarme y no me la tramitan porque, dicen,  no pueden hacerlo hasta que don Neto pague”.

Ahora López va de casa en casa a sacar y ordenar la basura a cambio de una propina. “Más o menos junto Q15 diarios y con eso vamos comiendo mi esposa y yo lo que podemos. Nadie más me da trabajo porque ya casi cumplo 59 y me dicen que no tengo edad para que me contraten”, agrega.

Esa es la situación que también enfrenta José Maldonado, durante 36 años trabajó como plomero en la municipalidad de Villa Nueva. En diciembre de 2020 acudió al PPEM con los documentos que le pedían para tramitar su pensión, pero le respondieron que debía esperar el pago de la comuna. “El problema es que el alcalde se atrasó con las cuotas y mientras él no pague a mí no me aprueban nada”, agrega.

Según los registros del Plan de Prestaciones, Villa Nueva tiene una deuda de Q656 mil 162 porque no ha pagado desde agosto de 2020. Tras tratar de hablar con el alcalde, Javier Gramajo, en diez ocasiones, la única respuesta  fue por parte de su asistente, quien indicó que el jefe edil llamaría de vuelta cuando tuviera una respuesta, pero eso nunca sucedió.

Otra en la que hay incumplimiento de pago es la de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Allí, las cuentas con el PPEM dejaron de saldarse en junio de 2018 y la deuda acumulada es de Q1 millón 88 mil 352.

Ovidio Choc Pop, alcalde electo por el partido Valor, explica que está al tanto de la deuda heredada de la administración anterior, “pero ya firmamos un convenio antes de que finalizara 2020 y nos comprometimos a hacer pagos mensuales para ponernos al día. Este mes vamos a comenzar”.

Choc se refiere a los convenios propuestos por el PPEM en julio del año pasado mediante el acuerdo 15-2020, que autoriza a los alcaldes no reelectos llegar a un acuerdo con la institución para saldar las cuentas “si presentan atrasos a la presente fecha, generados por incumplimiento de los Concejos Municipales anteriores”.

Por otro lado, el PPEM sostiene que la municipalidad de Chimaltenango le debe Q515 mil 966 y no ha dado ningún aporte desde junio de 2020. El alcalde, Carlos Simaj, negó la deuda y explicó que llevan años solventes: “Es falso. Sí tuvimos alguna dificultad en 2016, pero desde entonces estamos al día”.

Simaj dijo que tenía pruebas de sus pagos y prometió enviarlas de inmediato porque, a su criterio, “los documentos van a hablar por sí solos”, pero al cierre de esta nota no envió las constancias.

A 140 kilómetros de allí se encuentra Tiquisate, Escuintla. Según el PPEM, no han recibido ningún pago de parte de ese municipio desde junio de 2019 y por eso la deuda ha crecido a Q1 millón 361 mil 051. El alcalde, Juan Francisco Carías, justificó que es un lastre que dejó la administración pasada y que, aunque él intente arreglarlo, el retraso no ocurrió por causa suya: “Yo no soy esa clase de persona ni de alcalde. Esa deuda la dejó la otra basura que estuvo antes de mí. En ese momento hubieran actuado todos” (sic).

Carías sostiene que ha tenido reuniones con el PPEM para llegar a un convenio de pago, pero hasta el momento no han podido formalizarlo. “Esos solo para pedir pisto sirven (…) y yo estoy tratando de pagarles entre enero y febrero, pero que se esperen. Ya con los fondos se les va a dar lo que se les debe”.

 

Las denuncias

 

Los registros del PPEM revelan que la institución ha hecho 27 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por la falta de pago de 24 municipalidades. Sin embargo, ninguna ha tenido resolución.

Rocío De León, oficial del MP, asevera que “no es que no le den trámite porque no proceden, sino por nuestra carga laboral”. A su criterio, la cantidad de casos que recibe la entidad aumenta cada vez más y mientras se llevan a cabo las investigaciones, los procesos se retrasan.

La literal c del artículo 22 del Reglamento del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal ampara a la institución para que, si una municipalidad tiene un retraso de más de dos cuotas, no tramite las solicitudes de pensión nuevas hasta que las cuentas vuelvan a estar al día.

En ese caso, según el abogado penalista, Edwin Chavajay, lo más conveniente para los afectados es averiguar en las municipalidades en las que trabajaron si hay algún acuerdo administrativo al que puedan llegar para resolver la situación.

Si los extrabajadores deciden proceder penalmente, el abogado explica que podría darse por incumplimiento de deberes, ya que el artículo 419 del Código Penal establece que “el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

El artículo 272 del mismo cuerpo legal, por otro lado, señala que “quien se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años”, además de una multa de Q100 a Q3 mil.

Chavajay añade que “si los fondos que no se han pagado al Plan de Prestaciones siguen en las municipalidades, no sería apropiación indebida, pero si ya no están allí, es posible que aplique ese cargo”.

Mientras el dinero aparece y las alcaldías saldan sus deudas, los solicitantes de pensión continuarán en una lista de espera para recibir el dinero que sus empleadores les descontaron en las décadas anteriores.

 

*Para esta nota, Ojoconmipisto también intentó hablar con los alcaldes de La Democracia, San José del Golfo, Malacatán, Santa Bárbara, San Raymundo, Puerto Barrios, Huehuetenango, Chiantla, Amatitlán, Livingston, Morales, San Marcos, Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y El Estor, porque se encuentran en la lista de deudores del PPEM, pero después de 72 intentos, ninguno dio declaraciones. Se intentó contactar, además, a Miguel Ovalle, presidente de la ANAM y jefe edil de Salcajá, una alcaldía que debe Q74 mil 037 al PPEM, pero no respondió.

 

 

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