Actualización: las evaluaciones identificaron 985 viviendas en riesgo y 114 con daño severo en cuatro sectores de Villa Hermosa.
Por Pilar Rodríguez
Las evaluaciones de viviendas realizadas en los cuatro sectores de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, identificaron: 985 inmuebles en riesgo, 114 con daño severo, 39 con daño leve y dos con daño moderado. Los resultados forman parte del diagnóstico de las áreas afectadas por la crecida del río Pinula.
En total, los registros suman 1 mil 140 viviendas clasificadas según su condición. Los sectores II y IV concentran los casos de daño severo, con 68 y 46 inmuebles, respectivamente.
El sector IV registra la mayor cantidad de viviendas en riesgo; el sector II presenta el mayor número de inmuebles con daño severo.
La clasificación distingue entre viviendas en riesgo y aquellas que ya presentan daños. Por ello, los resultados no significan que todas las viviendas evaluadas deban ser evacuadas. Esa decisión dependerá de los criterios técnicos establecidos por las instituciones responsables.
Municipalidad adjudicó recursos
La municipalidad de San Miguel Petapa adjudicó Q89 mil 920 por el análisis, modelación y evaluación de la capacidad estructural del puente Pinula.
La compra fue adjudicada el 28 de octubre de 2026, mediante compra directa con oferta electrónica, bajo el NOG 32485611.
El concejal X de San Miguel Petapa, Emanuel Izaac Álvarez Luna, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se pronunció al respecto: ante la preocupación de los vecinos del sector III de Villa Hermosa por el deterioro de los quineles de los sectores I y III, se gestionó un acercamiento con el diputado César Dávila, quien convocó a una reunión interinstitucional el 22 de octubre.
En esta participaron representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), el Fondo para la Vivienda (Fopavi), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y los viceministerios de Infraestructura y de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Según Álvarez Luna, durante la reunión la Conred señaló que los trabajos ejecutados por la municipalidad en el puente Pinula no contaban con respaldo técnico de esa institución. Ni del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por lo que no era posible autorizar su apertura.
También se informó que Segeplan coordinará las mesas de trabajo. En tanto Fopavi evaluaba alternativas para construir viviendas para las familias afectadas de los sectores II y IV, cuyos expedientes debían cumplir con el requisito de contar con un terreno.
El concejal agregó que después de la reunión, AMSA realizó una visita de campo al sector del puente cercano a los sectores I y III. Se comprometió a proporcionar materiales de construcción para reparar las fisuras identificadas. Aclaró que estas gestiones surgieron del acercamiento con los vecinos y el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del sector III, y no de la municipalidad.
Una hoja de ruta para atender la emergencia
El 7 de octubre, el Organismo Ejecutivo y la municipalidad de San Miguel Petapa establecieron una hoja de ruta para atender la emergencia en Villa Hermosa I, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).
La mesa técnica fue encabezada por el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, con participación de la Conred, los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Ambiente, así como representantes municipales.
Entre los compromisos establecidos figuraban la evaluación de daños y necesidades, el diagnóstico de viviendas y la identificación de familias vulnerables. Para esta última tarea, las instituciones acordaron cruzar los registros municipales, la información de Conred y el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social.
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La hoja de ruta también contempló una inspección del puente identificado como vulnerable, patrullajes para resguardar los bienes de las familias que deban evacuar y la preparación de albergues temporales.
En ese momento, la municipalidad había identificado espacios con capacidad aproximada para 350 personas, además de otras instalaciones que podrían habilitarse según los resultados de las evaluaciones.
El Ejecutivo también anunció un análisis integral de la cuenca del río Pinula, cuyo desarrollo requeriría entre tres y cuatro meses. El objetivo es determinar futuras medidas de mitigación, pues la problemática no se limita al territorio de San Miguel Petapa.
La CC ordenó reducir los riesgos
La atención de la emergencia también está sujeta a resoluciones judiciales.
El 8 de octubre, la CC otorgó un amparo provisional a favor del diputado David Mauricio Illescas Sandoval, dentro del expediente 9143-2026. La resolución ordenó al Concejo Municipal de San Miguel Petapa adoptar medidas administrativas y técnicas para prevenir daños en los sectores II y IV de Villa Hermosa I.
La Corte también dispuso que las autoridades municipales revisen sus planes de ordenamiento territorial y control urbanístico para evitar nuevas construcciones en áreas declaradas de alto riesgo. San Miguel Petapa carece de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
De ser necesario, la municipalidad deberá implementar planes de evacuación preventiva y habilitar albergues temporales para atender a las familias afectadas. La resolución también establece responsabilidades para AMSA, que deberá proporcionar información técnica y colaborar en la identificación de medidas urgentes.
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En otra ocasión, el abogado constitucionalista, Juan Pablo Gramajo, cuestionó que las instituciones deban recibir una orden judicial para ejecutar acciones que ya forman parte de sus responsabilidades.
Los resultados de las evaluaciones permiten dimensionar la situación de las viviendas en los cuatro sectores. El siguiente paso corresponde a las instituciones responsables: determinar las medidas de protección, las necesidades de evacuación y las intervenciones para reducir el riesgo de las familias que permanecen en el área.
