Aunque el lugar está “en agonía”, no se clausurará, sino se reinventará para tratar los desechos y generar ingresos a partir de ellos.
Por Carmen Maldonado Valle
Las instalaciones utilizadas para la disposición final de desechos tienen una vida útil promedio de dos décadas. El botadero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico, sin embargo, superó ese período y aunque el Estado tomó las riendas de él en 1999, existía desde antes como un basurero clandestino.
Quien administra el lugar, donde se reciben los desperdicios de 30 ciudades, es la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA). Según un reporte de la institución, en 2007 el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fijó un límite de cinco años para cerrar el sitio. Si se mejoraba el procesamiento de los desechos, el período se podía ampliar a 14 años, es decir, hasta 2021.
Cuando llegó ese momento, el botadero se incendió tres veces en mes y medio debido a la acumulación de gases, y el Ejecutivo ordenó una vez más cerrarlo, pero como las municipalidades aún no tenían un nuevo terreno dónde depositar su basura se fijó julio de 2022 para la clausura definitiva. Ese mes llegó, terminó y las puertas aún están abiertas.
De acuerdo con el director de AMSA, Edgar Zamora, el vertedero “está en agonía”, pero uno de los principales contaminantes del lago de Amatitlán, además de las aguas residuales no tratadas, son los desechos sólidos. Si se cierra en este momento su receptor, existe el riesgo de un problema más grande porque podrían formarse basureros ilegales y aumentaría la polución.
“El terreno que las municipalidades habilitarían nunca llegó. Continuaremos con el servicio, pero con un nuevo sistema de economía circular donde separaremos los desperdicios, los aprovecharemos y generaremos fondos”, explica Zamora. El botadero actual se enterrará y se convertirá en un parque, el cual será seguro para caminar dentro de un promedio de cinco años, tras liberar los gases contenidos bajo tierra.
En la actualidad AMSA cobra Q60 a cada camión por ingresar sin importar la carga. Cuando el nuevo proyecto se concrete, los conductores pasarán a una báscula y pagarán por cada tonelada de basura transportada. Esta irá después a una planta de separación donde quienes ahora son guajeros informales se convertirán en empleados y apartarán los desechos según su material. Si se trata de papel, cartón o cualquier reutilizable, se venderá, y si son residuos orgánicos (63 de cada 100 toneladas son de esta clase), se convertirán en compost.
“Ahora tenemos ingresos porque vendemos a las recicladoras lo recogido, pero no siempre encontramos muchas cosas aprovechables. Convertirnos en operarios nos daría un ingreso fijo y prestaciones laborales en lo que sabemos hacer”, sostiene Carlos Soto, secretario del comité de recolectores. Por ahora, 120 de ellos trabajan en el lugar, se organizan por equipos y la sanción por faltar el respeto a alguien es prohibir a todo el grupo llegar durante unos días.
Ellos también separarán los desperdicios provenientes de los rastros y los enviarán a un biodigestor donde se captará el metano para producir electricidad, mientras los procedentes de hospitales al menos durante el primer año se enterrarán.
¿Será suficiente?
Para este proyecto hay un presupuesto de Q24 millones otorgados por el Ejecutivo y tras un año de operaciones se solicitarán más fondos para construir un incinerador para los residuos hospitalarios. Sin embargo, explica el ingeniero, Joel Chanchavac, para frenar el daño al lago de Amatitlán también se requiere atacar otros problemas.
“Si no se exigen plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel privado y municipal, habrá poca mejoría. También se debe formar a la población para no sobreexplotar el suelo, porque este se erosiona y los sedimentos se arrastran naturalmente al lago”, agrega. Esto disminuye la profundidad del cuerpo de agua con elementos que no le pertenecen.
En AMSA ya están las montañas de tierra dispuestas para clausurar el basurero actual y el resto de las fases se pondrá en marcha cuando se seleccione a los proveedores adecuados. El 29 de julio era la fecha de postulación de ofertas para el concurso, aunque al cierre de esta nota aún no había ninguna.
Si el evento se adjudica en agosto, Zamora estima 90 días para comenzar con los trabajos y así el nuevo tratamiento de residuos comenzará a operar en enero de 2023.
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