El vertedero está “en agonía”, según anteriores autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las actuales intentarán cerrarlo a través de líneas técnicas e institucionales.
Por Jimena Porres
El vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), anunció por primera vez que cerraría en 2022. Esto no pasó. Los camiones de basura provenientes de 32 municipalidades no dejaron de entrar al lugar.
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El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, Edwin Castellanos, prometió una nueva fecha: agosto 2026. “Avanza gracias a dos líneas de trabajo, la técnica y la institucional”, explicó.
En lo técnico, AMSA, dedica esfuerzos a completar los estudios que fundamentan el cierre: topografía actualizada, estabilidad de taludes, análisis hidrogeológicos y evaluaciones ambientales, que incluyen manejo de lixiviados y gases. Luego estos se presentan a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Digarn) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Una vez aprobados, comienzan a ejecutar las medidas del cierre.
Por la parte institucional, iniciaron procesos formales de comunicación con las municipalidades que utilizan dicho vertedero. Recordó la disposición presentada en febrero de 2025 por la ministra Patricia Orantes, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). En este, exigía a las municipalidades presentar al menos dos proyectos relacionados al tratamiento de aguas o desechos sólidos.
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Por último también han trabajado con el sector privado. “Hay empresas interesadas en procesar muchos de los residuos que actualmente recibe AMSA”. Uno es el plástico, así como generar energía a partir de los desechos orgánicos.
Técnicamente inaplazable
Según Castellanos el vertedero ya alcanzó su vida útil operativa y su capacidad máxima de disposición. Esto ya lo había señalado Edgar Zamora, exdirector de AMSA, en 2022. En junio de ese año proyectaron ya no recibir más basura, pero no lo cumplieron.
Esto resultó en diversos incendios durante la temporada seca en Guatemala. Lo que provocó la contaminación del aire, que tiene como consecuencia el riesgo de la salud ciudadana.
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El viceministro Castellanos aseguró que ahora existen circunstancias que lo hacen posible. “A diferencia de años anteriores, cuando se discutía el cierre como una proyección o intención política, en esta ocasión existen condicionantes regulatorias, ambientales y de ingeniería que obligan a ejecutar el cierre en 2026”.
Parte de los esfuerzos que hacen posible este cierre, es la participación activa de las municipalidades. La mancomunidad del departamento de Sacatepéquez, Mancomusac, planea construir una planta de tratamiento de desechos para darle relevo. Diez comunas de este departamento, vierten sus residuos en AMSA.
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Castellanos explicó que existen celdas que ya alcanzaron su capacidad técnica y fueron cerradas debidamente. “Una vez los estudios sean aprobados se hará una suspensión definitiva. AMSA ya no podrá recibir más desechos a partir de septiembre 2026”. En ese mes iniciará con la clausura del resto de celdas activas.
El después
Alrededor de 150 recicladores de base dependen del vertedero para su sustento. Para Celeste Soto, recicladora de base y parte de la Asociación de Recicladores “Estamos Aquí No Nos Olviden” (ACEANO), el cierre supone que perderán esa fuente de trabajo.
Realizaron solicitudes al MARN para ser incluidos en programas de apoyo, como los programas de la Bolsa Social y becas estudiantiles. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), respondió al llamado y atendió a la mesa técnica de trabajo para la transición justa de recicladores de base, instalada y liderada por el MARN.
Annelisse Fernández, directora para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos del MARN, explicó que la mesa fue creada para acompañar a los recicladores en el marco del reglamento 164-2021. A pesar de que este fue declarado inconstitucional, el ministerio siguió adelante con estas.
Durante la mesa compartieron la base de datos de 128 ciudadanos, de los cuales 104 fueron validados por el Mides a través del Registro Social de Hogares (RSH). De esta forma, 80 personas tienen potencial de recibir apoyo social en los diversos proyectos.
En cuanto al terreno, que recibe basura desde 1999, quedará sellado, aislado y dedicado a control y monitoreo ambiental. “Aplicaremos una cobertura de arcilla y suelo orgánico, revegetaremos el área y mantendremos los sistemas de drenaje, así como el manejo de gases y lixiviados”. El ingreso de desechos quedará prohibido y el sitio permanecerá restringido con barreras físicas.
Por los siguientes diez años realizarán monitoreos hasta asegurar la completa estabilidad del lugar. En este período no podrá destinarse a usos urbanos o productivos.
