Desde 2020, la municipalidad de Parramos, Chimaltenango, se ha enfrentado a varias pugnas. En el último acontecimiento, el viernes 26 de agosto, la escalada terminó con la huida de la alcaldesa mientras disparaban al aire.
Por Jhonny Anona
La madrugada del 26 de agosto un tractor entró a unos terrenos municipales arrendados a vecinas de la localidad que lo utilizaban como huerto. La máquina levantó la tierra y con ella las siembras de las mujeres beneficiadas con el programa oficial.
Ellas, enardecidas, empezaron a golpear al operador del tractor y a otros empleados municipales presentes. En tanto la alcaldesa, Alicia Méndez González, también presente, era recipiendaria de insultos y amenazas.
Pero el problema se remonta a febrero de este año, cuando el Juzgado de Asuntos Municipales notificó a Blanca Jaugueri Argueta e Hilda Chávez, encargadas del huerto de los campos de El Tunal, que el arriendo había llegado a su fin y que se les otorgaba tres meses para desalojar los terrenos.
En el aviso se indicaba que el espacio sería ocupado para “realizar proyectos de beneficio para la población”, según acordó el concejo en sesión ordinaria el 26 de enero pasado. En junio, la comuna envió la última advertencia de desalojo, pero las vecinas hicieron caso omiso y continuaron sembrando y cosechando sus huertos.
Ese viernes, encontraron sus siembras destruidas. Exigieron a la alcaldesa una explicación. La jefa edil se encontraba a la mitad del terreno, pero rodeada de empleados municipales y guardias privados que no permitían que nadie se le acercara.
Las afectadas acusaron al personal municipal de quitar las láminas que rodeaban el huerto y de robarse las mejores verduras antes de que la maquinaria levantara todo. “Arrancaron todo, teníamos pedidos, ya estaba la venta”, relató una de las vecinas en el momento. La comuna no ofreció alternativas para sembrar en otro lado.
La abogada de la municipalidad, Laura Arenas, indicó que el terreno fue otorgado por el anterior alcalde Juan Carlos Ruwet Castellanos, gobernador de Chimaltenango hasta ayer 21 septiembre que presentó su renuncia.
“La alcaldesa confirmó el otorgamiento del arrendamiento en 2020, su primer año. Pero, en junio de 2022, se les notificó que ya no podían seguir porque había finalizado y se iba a utilizar para un proyecto municipal”, dijo.
Arenas señaló que se llegó a un acuerdo entre Patricia Schaeffer, representante de las vecinas y la comuna para la entrega de las tierras. Schaeffer es esposa del exgobernador Ruwet Castellanos, ella ha apoyado el programa de los huertos comunales desde que su esposo estaba en la alcaldía. El día del desalojo, denunciaron las vecinas, fue agredida físicamente por el personal municipal.
Durante la discusión, se acercó la diputada por Chimaltenango, Samantha Figueroa, para intermediar entre la alcaldesa y las vecinas. Conversó con ambas partes y propuso entablar una mesa de diálogo, pero no en la municipalidad ni en la Gobernación Departamental. “Al parecer hay un conflicto político entre la alcaldesa y el gobernador”, dijo.
A mediodía, luego de varias horas de tensión, la seguridad de la alcaldesa la sacó por la fuerza del terreno. Videos de distintos medios locales y de vecinos, muestran a la edil corriendo hacia uno de los vehículos mientras su seguridad realizaba disparos al aire y lanzaban gas lacrimógeno a las manifestantes.Agentes de la PNC detuvieron a dos personas: Cilen Gutiérrez Ajabaj, guardia privado de la alcaldesa y a Juan Jiménez Vielman, agente de la Policía Municipal. La PNC los señala de realizar los disparos. Decenas de agentes antimotines bloquearon la ruta que atraviesa el municipio inmediatamente.
La alcaldesa y el gobernador
Un día antes de los incidentes señalados, se tenía programada la colocación de la primera piedra de la Escuela Bicentenario. Un proyecto del Gobierno central, que tiene como objetivo construir 16 establecimientos educativos en todo el país. Parramos fue uno de los municipios seleccionados.
El jueves 25 de agosto por la mañana, la alcaldesa llegó al terreno donde se construirá la escuela, ubicado a unos 50 metros del huerto en conflicto. Puso la bandera municipal en el estrado en un acto en solitario, sin más invitados que el personal municipal y un sacerdote católico. Agradeció al presidente por la obra y señaló que sería un “día de fiesta para Parramos” este inicio, luego se retiró.
Momentos después empezó el segundo acto, el del ahora exgobernador actual y exalcalde del municipio, Juan Carlos Ruwet. Con muchos más invitados, entre ellos el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado. “Tenemos un gobernador que sabe representar bien al presidente”, dijo el funcionario. La bandera municipal había sido reemplazada por la de la cartera.
Ruwet fue alcalde de Parramos de 2016 a 2020. En 2019 buscó la reelección con el partido Vamos, pero quedó en segundo lugar. Desde entonces las relaciones entre ambos se han tornado distantes.
Para uno de los miembros del concejo desaforados en 2020 por la alcaldesa, que pidió omitir su nombre, esto es una clara muestra de lucha de poderes. “Ella (la alcaldesa) por atacarlo a él, le pasó maquinaria a todo”, menciona el concejal I. Es decir, destruir los huertos que empezó Ruwet es una demostración de sus diferencias y el conflicto vigente.
Según Cujcuy, la alcaldesa busca la reelección el próximo año. En tanto Ruwet Castellanos se volvería a postular para regresar a la alcaldía. Otros vecinos opinan que sería su esposa Patricia Schaeffer. Se intentó contactar con el gobernador para obtener su postura, pero no atendió a la solicitud de entrevista. La alcaldesa, Alicia Méndez, tampoco.
En las últimas semanas distintos medios de comunicación la han buscado, pero no atiende ninguna solicitud. Por medio de un comunicado emitido el mismo día de los incidentes, la comuna señaló que las manifestantes hirieron a la alcaldesa con “golpes de consideración”, por lo que fue necesario trasladarla a un centro asistencial. A la vez que repudió los hechos de violencia.
La pugna
Desde 2020, la alcaldesa ha tenido múltiples dificultades con varios sectores de la población. El primero fue el desafuero de cuatro miembros del concejo ese año.
Desde entonces han buscado que se les restituya en el puesto. Han planteado diferentes recursos ante los juzgados. En octubre de 2021 el Ministerio Público (MP) solicitó levantar el derecho de antejuicio contra la alcaldesa por este y otros casos. El ente la señala de abuso de autoridad, usurpación de funciones, coacción, apropiación y retención indebida, falsedad material e ideológica, entre otros delitos.
También se ha enfrentado a comerciantes del mercado local y a transportistas. En varias ocasiones, la ruta que atraviesa el municipio ha sido tomada por los vecinos que han exigido su renuncia. En 2020 desconocidos dispararon al edificio municipal mientras se realizaba una reunión entre la alcaldesa y agentes de la PMT, para hablar sobre las protestas de los últimos días.
Hasta ahora, la alcaldesa y el gobernador guardan silencio sobre su futuro político. En tanto la población exige respuestas a los problemas que les aquejan.
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