Juez eleva a la CSJ denuncia contra Quiñónez por el AeróMetro

El diputado Samuel Pérez interpuso dos acciones legales contra la municipalidad de Guatemala con el objetivo de detener la construcción del AeróMetro.

El proyecto AeróMetro tendrá una inversión privada de US$220 millones. Foto: Bancada Semilla.

Por Jimena Porres

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal, especializado en delitos contra el ambiente, remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez. El proceso busca determinar si el jefe edil debe ser investigado por el AeróMetro.

Esto, después de conocer las diligencias presentadas por el diputado Samuel Pérez, quien alega ilegalidades en la aprobación y concesión del proyecto. “Más allá de las ilegalidades, lo importante es detener la obra, la cual es un gran negocio. Y eso depende más del amparo”, explicó Pérez.

Te recordamos: Dudas sobre el AeroMetro: Semilla denuncia

“La CSJ tiene que conocerlo pronto y asignar a un juez pesquisidor”, contó Pérez. El juzgado también admitió la querella contra Elder Mauricio Morales Juárez, planificador de la Dirección de Movilidad Urbana de la municipalidad de Guatemala, quien emitió un dictamen técnico favorable al proyecto en 2019. 

La denuncia contra Morales, quien no goza de antejuicio, fue enviada al Ministerio Público (MP), para que realice la investigación respectiva. 

La unidad de prensa de la alcaldía dijo que no existe ninguna valoración sobre culpabilidad ni existe un avance sustantivo en el proceso: ”se trata únicamente del cumplimiento del procedimiento legal establecido, en función de la calidad del alcalde”.

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Querella contra Morales

En su denuncia, el diputado Pérez alega que el planificador cometió los delitos de usurpación de atribuciones, fraude y asociación ilícita. Él firmó el dictamen técnico, utilizó hojas membretadas y sellos de la Dirección de Movilidad Urbana sin ser empleado o funcionario público. 

Morales estaba contratado por servicios técnicos. Su contrato establecía que no tenía decisión, ejecución ni manejo de fondos públicos. Carecía de competencia funcional para adoptar decisiones técnicas vinculantes dentro de un procedimiento de concesión pública.

“El sindicado se arrogó facultades que no le correspondían, actuando fuera del marco de su contratación y de las atribuciones legales propias de su cargo”, se  lee la denuncia. Según esta, su dictamen constituyó un elemento esencial para la implementación del proyecto.

“Nadie con conocimientos suficientes y comprobables hubiese firmado un dictamen técnico para construir un AeróMetro”, argumentó la querella.

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Puedes escuchar la presentación del AeróMetro aquí:

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