Uno está ubicado en Quetzaltenango y el otro en Ciudad de Guatemala, pero no se dan abasto para los miles de niños, niñas y adolescentes que regresan al país.
Por María José Longo
Desde enero de 2018 a septiembre de 2021 retornaron a Guatemala, desde México y Estados Unidos, 20 mil 79 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, quienes huyeron por la pobreza, violencia y falta de acceso a educación, para reencontrarse con familiares.
Al regresar al país, se les puede ubicar en uno de dos sitios: un albergue en Ciudad de Guatemala u otro en Quetzaltenango, los cuales se ubican, por lo general, distantes de las comunidades de donde son originarios.
Tan solo este año, de enero a septiembre de 2021, la cifra de niñez y adolescencia guatemalteca migrante no acompañada que ha retornado al país suma 5 mil 341 casos. Y de ellos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 19 por ciento (1 mil 29) son originarios de Huehuetenango, muy distante de ambos sitios.
Pablo González y su esposa, de Huehuetenango, tuvieron que viajar en dos buses y luego hacer un recorrido de 20 minutos a pie para llegar al albergue Casa Nuestras Raíces, en Quetzaltenango. Todo, para recoger a su nieto, uno de los dos niños que tienen a su cargo y que intentó llegar a Estados Unidos.
El abuelo trabaja como comerciante informal y gana de Q50 a Q100 al día. Con su esposa decidieron sacrificar otras necesidades para reencontrarse con su nieto.
El niño regresará a su ciudad, un lugar en que cinco de cada 10 niños tienen desnutrición y 30 de cada 100 personas vive en pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE.
“Son niños con sueños y que están más allá de las fronteras de su país, porque tienen derecho a desayunar, a la diversión, a una cama digna”, señala el padre brasileño Mauro Verzeletti, misionero de San Carlos Scalabrinianos. De toda la niñez no acompañada que regresó a Guatemala de enero a septiembre de 2021, la mayoría llegó al centro ubicado en Quetzaltenango.
Los cinco municipios de dónde han salido, según la OIM, la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han sido Tacaná en San Marcos, Ixcán en Quiché, Chisec en Alta Verapaz y Sayaxché, en Petén, Ciudad de Guatemala,.
Y sólo en este último hay un albergue para recibirlos. Por otra parte, el Gobierno de Guatemala no tiene capacidad para trasladarlos a su municipio por lo que los familiares deben encontrar la forma de llegar por ellos.
“Debería existir una forma para que sea más fácil que ellos lleguen a su familia. Tienen derecho a albergues más próximos a su comunidad”, afirma Rebeca Pérez, coordinadora del programa de municipalización del Centro Ecuménico de Integración Pastoral (Ceipa), aunque a la vez reconoce que lo ideal sería que se le lleve directamente con su familia.
“El problema es que muchos de ellos no saben bien su dirección o no recuerdan los datos exactos de su familia. Y por otra parte, Casa Nuestras Raíces no tiene la suficiente capacidad técnica o financiera para ir a las comunidades e investigar dónde ubicarlos”, explicó Pérez.
“En los planteamientos que se han hecho para mejorar esta situación siempre aparece como principal inversor la cooperación internacional, pero eso implica gestionar durante un largo tiempo. En instrumentos, en leyes, en documentos, todo está muy bonito, pero en la práctica no hay una intervención directa”, agrega.
La integrante de Ceipa también destaca otra debilidad: la falta de seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que pasan por los dos albergues para determinar cómo mejorar su condición de vida.
Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, explica que, de acuerdo con el protocolo establecido, tienen 72 horas para que los menores de edad se reúnan con sus familiares de nuevo.
El primer paso es que la Procuraduría General de la Nación establezca si el niño, niña o adolescente no escapó de su hogar por agresiones. Cuando no han sido víctimas, se les traslada al albergue y se contacta a los familiares.
El subsecretario asegura que en todos los casos se han entregado a los menores en 72 horas. “Los padres tienen un interés enorme porque sus hijos regresen”, afirma, aunque el covid-19 alteró el protocolo ya que si dan positivo a coronavirus deben permanecer 14 días más en cuarentena en el albergue.
Gómez acepta que los recursos son limitados y no cuentan con fondos o programas para apoyar en traslados ni para implementar más albergues. “Nos gustaría tener otros en San Marcos, Izabal, Petén, o en las mismas fronteras por los adolescentes en tránsito. Hata ahora hemos establecido que en el 80 por ciento de los casos los padres pueden viajar a recogerlos y en 20 por ciento no. A ese grupo los trasladamos a la cabecera departamental de donde son originarios”, relató el subsecretario.
En el albergue de Guatemala hay capacidad para acoger a 90 niños, niñas y adolescentes, y en el de Quetzaltenango, 50.
“Cuando ingresan adolescentes que no teníamos programados y no hay capacidad hablamos con la cooperación internacional para habilitar un espacio adicional y darles la atención, tenemos un presupuesto y no podemos modificarlo de la noche a la mañana, hemos arrendado espacios temporalmente”, informa González.
El Albergue Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango funciona con un presupuesto anual de Q575 mil. El 11 de octubre se inauguró una remodelación que se hizo en el lugar, Q1 millón 103 mil aportados porUnicef, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, los gobiernos de Suecia y Estados Unidos.
“Esta nota es producto del Taller “Periodismo y Migración” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
