En la ciudad de Guatemala se pierden en promedio 54 días al año por persona en atascos viales. Fundesa lo identifica como una emergencia nacional con impacto en la productividad y calidad de vida.
Por German Carranza.
El tráfico en Guatemala representa una emergencia nacional por su impacto en tiempo, productividad y calidad de vida, según datos presentados por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en el foro «Herramientas del Estado para atender el tráfico como emergencia nacional».
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reporta que en el país se pierden más de 1 mil 300 horas anuales por persona en congestión vial. Equivale a 54 días al año, además de costos económicos superiores a Q55 mil millones.
José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, indica que el área metropolitana registra un crecimiento acelerado sin infraestructura proporcional.
El departamento de Guatemala creció 10.9 % en 2023, concentra 43.3 % de la economía nacional y alberga 3.6 millones de habitantes con un PIB per cápita de US$12 mil 500. La red vial alcanza solo 25 centímetros por persona, una extensión insuficiente frente a la expansión urbana, concluye Torrebiarte.
El área metropolitana tiene 44 municipios conurbados
En la presentación de Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, expone que el área metropolitana ya no se limita a la ciudad capital y abarca 44 municipios conurbados vinculados a al menos 5 millones de personas, una cifra en aumento. La saturación vial supera la capacidad urbana y afecta principalmente a población escolar, condiciones de salud y desempeño laboral.
Además, Benavides señala que la congestión genera costos directos en la “población ocupada”, con pérdidas mensuales promedio de Q1 mil 300 por trabajador. El tráfico representa 9.4 % del PIB del departamento de Guatemala. El sistema sanitario también enfrenta impactos asociados, como el aumento de enfermedades renales crónicas.
Las cifras de siniestralidad respaldan la alerta. Durante 2025 se registraron 8 mil 864 hechos viales, con 2 mil 428 personas fallecidas y 9 mil 602 lesionadas. El parque vehicular creció a una tasa anual de 9.6 % durante las últimas dos décadas, con un promedio de 6.4 millones de unidades. La red de carreteras aumentó 1.4 % anual, lo que equivale a 1.07 metros por habitante.
El país contabiliza 3.2 millones de motocicletas. En 2025 este tipo de transporte creció más de 15 % y superó en 3.4 veces la cantidad de automóviles.
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Benavides, expone que la congestión involucra a todos los usuarios del sistema vial y atribuye responsabilidad individual en el fenómeno.
Fundesa plantea acciones enfocadas en optimizar el sistema existente, desarrollar infraestructura adicional, impulsar transporte colectivo y colocar la vivienda como eje central de la estrategia de movilidad.
El proyecto AeróMetro figura como la primera concesión municipal de transporte eléctrico masivo y forma parte de una propuesta integral, según Torrebiarte.
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Movilidad e infraestructura en el área metropolitana
Luego de la presentación de Fundesa, hubo un foro titulado “Herramientas del Estado para atender el tráfico como emergencia nacional”, en el que participaron panelistas, que desde su área de trabajo opinaron sobre las oportunidades que tiene el Estado para solventar la crisis vehicular.
El avance institucional enfrenta obstáculos. Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, explica que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria establece requisitos administrativos previos que impiden la transferencia inmediata de recursos a la Dirección de Infraestructura de Proyectos Viales Prioritarios. La normativa contemplaba un traslado inicial de Q10 millones en un plazo de 60 días para el funcionamiento operativo.
Carmen Abril, presidenta de Cutrigua, identifica tres limitaciones en la Dirección de Infraestructura de Proyectos Viales Prioritarios (DIP): reglamento pendiente, estructura presupuestaria y definición salarial del personal.
Desde el ámbito municipal, Víctor Martínez, concejal primero de la municipalidad de Guatemala, informó que varias alcaldías establecieron mecanismos de coordinación para proyectos de agua, transporte público y vialidades. El AeroMetro surge como un esfuerzo conjunto entre Guatemala y Mixco, con participación privada y acercamientos con Villa Nueva.
Martínez comparte que la municipalidad de Guatemala mantiene estudios actualizados desde hace ocho años para el metro línea blanca. La incorporación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) elimina la necesidad de aprobación legislativa previa y habilita procesos de diálogo competitivo para transporte público masivo.
Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la ANI, señala que la institución actúa a solicitud de las municipalidades y brinda asistencia técnica para proyectos de infraestructura económica.
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