La Empagua tiene 230 mil cuentas activas con lectura mensual. Contrató a una empresa para cambiar hasta 7 mil 500 medidores de agua.
Por Luis Ángel Sas
La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) aprobó la contratación de una empresa privada para cambiar hasta 7 mil 500 medidores de agua donde presta servicio que están en municipios cercanos.
El contrato fue adjudicado a DEKADA S.A. bajo un esquema de pago por unidad instalada. Empagua pagará Q275 por cada cambio, lo que eleva el monto total a Q2 millones 62 mil 500 si se ejecuta la totalidad del servicio.
El evento se publicó el 1 de diciembre de 2025, las ofertas se recibieron el 20 de enero de 2026 y la adjudicación se oficializó el 6 de febrero.
Falta de capacidad operativa
Según el dictamen técnico para llevar a cabo la contratación, Empagua tiene 230 mil cuentas activas con lectura mensual. De ellas, cuatro de cada diez medidores —92 mil— tienen más de diez años de antigüedad.
Según la Empresa de Agua, por el tiempo de uso, los contadores pueden no estar registrando el consumo real de cada vivienda o comercio por lo que esto provocaría pérdidas para la entidad.
Para justificar la necesidad de contratar a una empresa para que haga los cambios, Empagua argumentó en los documentos para solicitar la contratación de una empresa externa, que la Dirección de Facturación e Ingresos tiene personal limitado. “Hay 3 mil medidores adquiridos –uno por usuario– que no han podido ser instalados por falta de cuadrillas disponibles”, explican en el documento de licitación del servicio.
Cómo se ejecutará el contrato
La empresa contratada deberá conformar equipos de trabajo integrados por un piloto y dos plomeros. El horario establecido será de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábados de 7:00 a 12:00.
El servicio no incluye la compra de medidores, sino la instalación en campo. Los contadores deben ser adquiridos por cada vecino y cancelar en Empagua para que le sea cambiado.
El contratista debe encargarse de la logística completa: transporte, herramientas, materiales, señalización, registro fotográfico y reporte digital de cada orden ejecutada.Cada orden deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco días desde su emisión.
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Esta empresa ya fue contratada en 2024 para llevar a cabo 2665 cambios de medidores. Según consta en el contrato, firmado en noviembre de 2024, por cada cambio la empresa cobraría Q290. Al final le fue cancelada la cantidad de Q772 mil 850 por el monto total de contadores.
Esta misma empresa fue contratada en 2022 para un período de tres años para que fuera a los lugares donde los vecinos reportaron fugas y si eran fugas menores o robo de contadores cerrar las llaves. Si la fuga era mayor debían avisar a un equipo de Empagua. Para eso tenían 7 motoristas.
Aunque el contrato era de Q5,913,000 al final está estipulado que podían cobrar extras por servicios especiales por lo que terminaron llevándose Q6,778,620. Casí un millón más del contrato original.
Mismo producto, varias compras
En poco más de un mes —del 14 de noviembre al 23 de diciembre de 2025— la empresa Dekada recibió Q445 mil en compras directas por servicios relacionados con fugas y revisión de contadores.
La Ley de Contrataciones del Estado permite compras directas hasta por Q90 mil. Si el monto supera esa cifra, debe realizarse una cotización; y si rebasa los Q900 mil, corresponde una licitación pública.
En ese período, Dekada obtuvo tres contratos de Q90 mil cada uno para revisión y reparación de fugas. Aunque los eventos fueron publicados con nombres distintos, el objeto era el mismo. Además, recibió dos contratos por Q87 mil 500 cada uno para la revisión de 250 contadores.
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En conjunto, los cinco contratos suman un monto que supera el límite permitido para una sola compra directa. Cuando adquisiciones similares se dividen para no alcanzar los topes que obligan a un proceso más amplio, la práctica es conocida como fraccionamiento.
El Artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado lo contempla. Prohíbe y establece que existe fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realiza varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización o la licitación pública.
La norma también fija sanciones: el funcionario o empleado público que autorice adquisiciones en esas condiciones puede ser multado con el 5 % del valor total de la negociación, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
