La Contraloría General de Cuentas designa a 265 auditores para supervisar a las 340 municipalidades. No son suficientes para vigilar el uso de recursos públicos.
Por Natalie Samayoa
De acuerdo con una respuesta de la Contraloría General de Cuentas (CGC) a una solicitud de información pública, la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo cuenta con 265 auditores.
De ese total, 169 son hombres y 96 mujeres. La cantidad refleja un incremento en comparación con años anteriores.
A este personal se suman puestos como asesor jurídico, asesor técnico, asistente administrativo y otros cargos de apoyo. En conjunto, la dirección la integran 309 trabajadores y dispone de un presupuesto de Q88.7 millones para 2026. Equivale al 7.19% del presupuesto total de la institución.
Menos personal, menos alcance
La respuesta señala que “las municipalidades que fiscaliza la Dirección no cuentan con personal permanente de la CGC en sus instalaciones”. Además, la asignación del personal se realiza por medio del Plan Anual de Auditoría.
Para Eric Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), esta cantidad es limitada para ejercer una supervisión efectiva en las comunas. “Es un auditor por cada dos municipalidades prácticamente. Es totalmente insuficiente considerando que la ejecución del presupuesto se da todos los días”.
El control no es solo en la ejecución presupuestaria, considera que también deben contemplarse los procesos de contratación y adquisición, espacios donde suelen surgir irregularidades. “Esa insuficiencia de personal refleja la falta de cobertura adecuada en la ejecución de los recursos públicos de las municipalidades”.
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La brecha entre auditores y municipios
La cantidad de auditores para la supervisión municipal muestran un crecimiento en los últimos años.
Datos recopilados por Ojoconmipisto muestran que en 2022 se registran 205 auditores. En 2024, la cifra llegó a 235 y para 2026 aumentó a 265. Sin embargo, en la publicación Contraloría tiene 210 auditores para fiscalizar 340 municipalidades (2017), autoridades de la institución indicaron que se requerían al menos 620 auditores para cubrir las 340 municipalidades y 22 empresas municipales.
Los riesgos en la rendición de cuentas
Coyoy advierte que la principal limitación se encuentra en que la revisión se realiza sobre muestras y no sobre la totalidad de las operaciones. “Se hacen muestreos, por lo que solo se fijan en algunas de las operaciones de gasto y no en su totalidad”.
En consecuencia, “se pierde el control sobre una porción de los recursos y no se tiene certeza de realmente si se ejecutaron bien o no”.
Aunque la CGC tiene la facultad legal de presentar denuncias ante el Ministerio Público, Coyoy señala que en la práctica suele limitarse a imponer sanciones administrativas. “En muchos casos no corresponden a la magnitud de la falta que se cometió”.
A su criterio, debería existir una revisión independiente que permita verificar si la Contraloría cumple con su función de fiscalizar y sancionar. “O si no se presta a arreglos con los funcionarios que cometen faltas y en las multas se ponen de acuerdo”, dijo.
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La tecnología como solución
El economista señala que el modelo actual puede generar discrecionalidad en el monitoreo de las municipalidades. Además, indica que “hay un riesgo por la falta de personal, ya que muchas transacciones quedan sin la debida atención”.
Coyoy considera necesario fortalecer la formación del personal auditor. “Si ellos no conocen la Ley de Contrataciones, si ellos no conocen a fondo los procesos de contrataciones públicas, difícilmente van a poder fiscalizarlos adecuadamente”.
Ante esta situación, Coyoy considera que la CGC debe apoyarse en la tecnología y las herramientas de la Inteligencia Artificial (IA) para ampliar el alcance de la supervisión.
Para el experto, el fortalecimiento de la fiscalización no pasa únicamente por contratar más auditores. “No es cuestión de triplicar el número de auditores sino de utilizar herramientas tecnológicas para procesar de mejor manera toda la información. No tendría sentido llevar tres auditores a cada municipalidad si igualmente van a seguir procesando todo el papel. Debe hacerse uso masivo de la tecnología”.
A su juicio, una modernización institucional permitiría analizar los registros del gasto público, identificar posibles irregularidades y generar alertas sobre las operaciones que requieren supervisión.
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En vísperas de la elección del próximo contralor
Coyoy afirma que no existe una articulación adecuada entre la CGC, el Ministerio Público y otras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. “Nunca se coordina la Contraloría con la PGN y escasamente con el MP, porque las irregularidades que encuentran escasamente llegan a denuncias”.
Los resultados de fiscalización reflejan una diferencia entre la cantidad de hallazgos y denuncias. Según el Plan Anual de Auditoría 2025, las direcciones de fiscalización ejecutaron 583 auditorías, que derivan en 2 mil 237 hallazgos y 2 mil 193 sanciones económicas por más de Q48 millones. En contraste, fueron registradas 27 denuncias penales.
En medio del proceso para elegir al próximo contralor general de Cuentas, el analista considera que la Comisión de Postulación debe evaluar aspectos de integridad e idoneidad y no solo los requisitos formales. “Que no se limite a evaluar papeles, si hay títulos, publicaciones o docencia. Son labores importantes, pero realmente no definen nada sobre la integridad e idoneidad de la persona”.
“Ya son varios años con varias administraciones de la Contraloría que claramente han incumplido su mandato legal de fiscalizar”. Explica que “desde la Ley Orgánica de la CGC de 2002, prácticamente si revisamos la historia, no tenemos un caso de contralor que haya cumplido debidamente esa labor”.
