Con la nómina de seis candidatos lista, expertos afirman que la modernización y el cruce de datos son clave para mejorar la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Por Natalie Samayoa
Cruzar datos en la Contraloría General de Cuentas permitiría descubrir en segundos a las alcaldías que fraccionan compras para favorecer al mismo proveedor. Lo mismo que entregar un finiquito en minutos, sin la discrecionalidad ni el sesgo de un funcionario.
De la lista de seis candidatos que la comisión postuladora entregará al Congreso saldrá quien asuma el reto de actualizar la entidad. Expertos en el tema sostienen que deberá apoyarse en un intercambio de datos con: el Ministerio Público (MP), Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Tribunal Supremo Electoral (TSE). Conectar información sobre contratos, proveedores y fondos públicos es urgente.
Edie Cux, asesor legal de Acción Ciudadana, plantea que “esos datos pueden integrarse para llevar a cabo procesos de auditoría al momento de ejecutar los contratos, de una forma preventiva”.
Por su parte, el analista político Renzo Rosal añade que una Contraloría moderna debe ser capaz de “identificar focos, áreas grises y de duda para ejercer sanciones e interponer acciones legales”.
La nómina de seis
La lista quedó conformada por Luis Antonio Marroquín Pimentel, con 22 votos; Elfego Odair Castañón González, con 21; Marco Antonio Vélez González y Oscar Alberto Hernández Romero, con 19 cada uno; y Jorge Giovanni Castellanos Gudiel y Julio Otoniel Roca Morales, con 18 cada uno.
⚖️ La postuladora concluye la evaluación y elige a los seis profesionales que integran la nómina final para dirigir la @ContraloriaGT.
— Ojoconmipisto (@_ojoconmipisto) September 20, 2026
🏛️ De este grupo saldrá el próximo contralor general, cuyo nombramiento quedará en manos del Congreso.
Con información de @ProJusticiaGuat. pic.twitter.com/Jt6bvsZb2T
Según Guatemala Visible, de los seis aspirantes, tres tienen señalamientos admitidos por la Comisión de Postulación. Entre ellos, Marroquín Pimentel, Castellanos Gudiel y Castañón González. Los tres también laboran en la CGC.
La asociación subraya a Vélez González, que también trabaja en la Contraloría. Además, Hernández Romero y Roca Morales laboran en la SAT; este último, además, formó parte de la nómina de candidatos a contralor en 2022.
🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲
— Guatemala Visible (@guatevisible) September 20, 2026
En una radiografía de la nómina, podemos observar algunos elementos relevantes de los candidatos.
▪️Punteo de evaluación
▪️Lugar de trabajo actualmente
▪️Inclusión en nómina 2022 y 2026
🔎 Consulta más datos de su perfil en… pic.twitter.com/F1RSk6Ypze
Frank Helmuth Bode es el actual jefe de la CGC. Su período concluirá en octubre.
Para Rosal, quien lo sustituya deberá impulsar “un cambio fundamental en el modelo de la Contraloría”. Es necesario que la institución asuma “con más contundencia sus competencias”, entre ellas el control del gasto público, y que actúe con autonomía y claridad, considera.
De acuerdo con el experto, las investigaciones que realizan no se acercan a tener los mínimos indicadores de ser una Contraloría moderna. “La Ley Orgánica le plantea competencias que, aunque están bastante desfasadas, siguen siendo medidas útiles, pero que no se cumplen”.
Rosal agrega que hay que modernizar su interior. “Hay muchos procedimientos que se pudieran hacer mucho más rápido, más eficientes, mucho más automatizados”.
Te recordamos esta nota: Solo 265 auditores vigilan las 340 municipalidades del país
Una Contraloría eficiente
Las contralorías modernas van un paso adelante con una estructura de prevención con señales de alarma, la describe Rosal.
Sin embargo, el intercambio de información enfrenta un obstáculo. “En Guatemala es particularmente un dolor de cabeza la coordinación interinstitucional”. La CGC tendría que trabajar de la mano con Minfin, la Superintendencia de Bancos, la SAT, el MP y otras instituciones.
El problema, explica, es que algunas funcionan como “dominios reservados con carácter institucional que son como blindajes, son como feudos casi impenetrables y que están poco sujetas a la coordinación”. A esto se suma una limitación contundente: la voluntad. Se refiere a la decisión del contralor de turno y su equipo para hacer un trabajo independiente, objetivo y que actúe con fuerza.
Cux coincide con “un proyecto de integración mucho más grande de interoperabilidad”. Esto implicaría “generar convenios con el MP y la Dirección de Adquisiciones del Estado (DIGAE) del Finanzas, además de unificar criterios sobre cómo se registran contratos, proveedores y beneficiarios.
Con esa información conectada, los datos podrían integrarse para realizar auditorías al momento de que se están realizando los contratos. La intención sería cambiar la dinámica actual para que “ya no sean auditorías ex post” cuando los hechos ya ocurrieron, sino que contribuyan a “combatir y prevenir la corrupción”.
De papeles a datos
La tecnología también cambiaría el trabajo de los auditores. “El uso de datos compartidos pueden generar motores para análisis de metadata y determinar si existen prácticas en las instituciones públicas como fraccionamientos”, dice Cux.
Un sistema que permita determinar si hay representantes legales, abogados o contadores vinculados hacia una red de empresas.”Que sea una visión integral para lograr una auditoría ya no de escritorio y de papel, sino de análisis de datos”.
Te interesará: Denuncian a siete municipalidades ante el PDH y la Contraloría General de Cuentas.
De cara a las elecciones 2027
Rosal considera que el intercambio de datos es clave durante el proceso electoral, ya que la CGC podría cruzar información para fortalecer la supervisión sobre el origen y el destino de los fondos públicos.
“Muchos alcaldes buscan la reelección. Si tuviéramos una verdadera Contraloría, debería supervisar si las municipalidades están haciendo bien su trabajo, si la cantidad de dinero que utilizan es la adecuada o si dejan de lado el cumplimiento de sus competencias”, afirma.
Esa conexión permitiría detectar con celeridad. “No dentro de un año sino ahorita: si existe un desvío de recursos públicos para posicionamiento electoral”. La información, añade, podría servir al TSE y a la Fiscalía de Delitos Electorales del MP para investigar posibles irregularidades.

Los finiquitos como otro punto en el que el cruce de información podría tener utilidad. “No es cualquier cosa” y puede ser el documento que “les marque sí o no la posibilidad de ser candidatos”. A su criterio, este control “se podría hacer de manera más contundente y coordinada”.
El control para la transparencia
El experto comenta que “lo esencial es cruzar datos y darle seguimiento al origen del dinero”. En materia de financiamiento electoral se debe “seguir la ruta del dinero y pedir su origen, sea público o privado”, añade.
Cux suma a esa propuesta el uso de herramientas digitales dentro de la CGC. “Si se transforma la Contraloría a nivel de procesos con el uso de huellas digitales y trazabilidad, se limitaría la arbitrariedad de los auditores”, destaca.
Ese seguimiento permitiría que “lo que aparece en el sistema no pueda cambiar de un momento a otro con algún interés político”.
No te pierdas: La elección del Contralor se reduce a 15 aspirantes