Las plantas de tratamiento son una necesidad indiscutible, pero no hay avances. Estas son algunas alternativas accesibles que tienen las municipalidades para tratar aguas servidas.
Por German Carranza
Hace casi dos décadas, en 2006, se aprobó el reglamento de descarga y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Diecinueve años, seis prórrogas y una inconstitucionalidad después, sigue suspendido.
En 2022, el presidente Alejandro Giammattei anunció una prórroga (la última) para las municipalidades del país responsables de construirlas y mantenerlas. “No es justo haberles puesto plazos tan cortos sin pensar en sus presupuestos”, dijo en ese momento.
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Según la Guía para una mejor gestión ambiental en las municipalidades de Lisamaría Santo Arroyo, solo 28 municipalidades contaban con buen sistema de drenaje o plantas de tratamiento en 2016. Las otras 312 no tenían nada.
El Código de Salud (artículo 97) prohíbe verter aguas residuales sin tratar en ríos, lagos o mantos subterráneos. Si lo hacen, las municipalidades pueden ser multadas, clausuradas o enfrentar cargos por contaminación, como dispone la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Para Elisa Colom, abogada y experta en temas hídricos, todas las zonas urbanas necesitan plantas de tratamiento, pero hay opciones más simples y accesibles para comunidades pequeñas en las que viven menos de 50 familias.
Tratar aguas residuales es un tema de salud pública y ambiental, dice. La inversión inicial debe venir del gobierno central, pero operar y mantener el sistema es tarea municipal, financiada con tasas de los usuarios.
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Sistemas en áreas rurales
En áreas rurales, las excretas y aguas residuales pueden manejarse con sistemas individuales como letrinas o fosas sépticas, o colectivos, como alcantarillado simplificado o condominal. Esta es una opción que contempla la Guía de Normas para la Disposición Final de Excretas y Aguas Residuales en Zonas Rurales de Guatemala aprobada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Zoila Martínez, bióloga y líder en gestión de la biodiversidad de Vitalis Iberoamérica, explica que los sistemas más apropiados para estas zonas son los que requieren baja inversión y mantenimiento sencillo, como humedales artificiales, biodigestores y biofiltros.
Comparte que, en Venezuela, se usan biodigestores que tratan aguas residuales y generan gas para cocinar. También usan humedales artificiales que limpian el agua y ayudan a recuperar el ambiente.
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Laura Restrepo Alameda, ingeniera ambiental colombiana, suma otras opciones: fosas sépticas, baños secos, filtros percoladores y saneamiento ecológico. “Todas tratan el agua en la fuente, lo que baja costos y evita redes complejas”.
“Cuando la comunidad se involucra desde el diseño hasta la implementación y mantenimiento del sistema, aumenta el sentido de apropiación y compromiso con su funcionamiento”, dice Martínez.
Restrepo añade que “la sostenibilidad depende en gran medida de la participación de la comunidad en el diseño, implementación y mantenimiento. Es clave involucrar a la población desde el inicio”.
Ambas coinciden en que estas soluciones deben respetar las prácticas culturales, las dinámicas sociales y contemplar modelos de financiamiento sostenibles.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
