El presidente Bernardo Arévalo convocó a alcaldes para exponer los riesgos (para ellos, para sus vecinos) que supone el Decreto 7-2025.
Por Jimena Porres
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo reuniones con los alcaldes del país. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), participó para discutir el decreto 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Segeplan explicó que el decreto está vigente, pero que no existen las condiciones técnicas, legales ni operativas para aplicarlo. Pone en riesgo la firma y la responsabilidad de los proyectos a cargo de las municipalidades. La norma fue aprobada por el Congreso de la República la madrugada del 26 de noviembre; fue vetado por el Presidente. Aún así el Legistlativo decidió publicarlo y ahora está vigente.
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“La ley no cambió el sistema y el sistema no está preparado para esta ley”, expuso Segeplan. Para la institución, el decreto es inaplicable. “Es como inaugurar un puente sin que existan las bases”. Hay cuatro razones por las cuales, según un análisis jurídico, no puede aplicarse:
- El decreto contradice La Ley Orgánica del Presupuesto; normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y puntos resolutivos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).
- Los sistemas de planificación, ejecución y fiscalización no están actualizados.
- Las alcaldías y sus equipos técnicos requieren fortalecer a su personal de las Direcciones Municipales de Planificación (DMP), no cuentan con las capacidades previas instaladas, ni con herramientas y procesos fortalecidos.
- El silencio administrativo positivo de cinco días hábiles aprobará proyectos sin dictámenes, avales o resoluciones necesarias.
Riesgos para las municipalidades
La Segeplan advirtió que existen cinco riesgos concretos para las municipalidades. El primero es el legal. “Usted firma, usted responde”. En caso de que existan fallos, retrasos o malas liquidaciones en una obra, “la responsabilidad será exclusivamente del alcalde”. No del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), diputado, Segeplan, ni del ente rector que emite avales.
Además hay un riesgo financiero. Ya que las municipalidades administran la totalidad de los recursos en un solo desembolso. Responden por reintegros, intereses, ampliaciones y saldos deudores.
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Y otra amenaza: que la alcaldía asume funciones más allá de sus atribuciones. La comuna debe garantizar:
- Supervisión integral
- Control de calidad
- Bitácoras
- Gestión de riesgos
- Georreferenciación de proyectos
- Monitoreo en línea
- Firma digital
Además corren un riesgo penal. Cualquier omisión, uso indebido de fondos o ejecución deficiente puede derivar en responsabilidades de 20 años ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio Público (MP), y entes jurisdiccionales. “Lo que antes era un error administrativo, ahora puede derivar en distintos tipos de instancias penales”.
Por último señalaron el riesgo en imagen, institucionalidad y popularidad. Una obra mal ejecutada, abandonada o no recibida constituye un peligro. Tanto para la población beneficiaria de forma directa, como para las alcaldías y su imagen institucional. Lo que afecta y deteriora la confianza ciudadana y gobernabilidad local.
Los compromisos
El Ejecutivo reconoce la vigencia del Decreto 7-2025, pero advierte que aplicarlo sin armonía expone a las municipalidades. Exhortaron a los gobiernos locales a no suscribir convenios sin contar con dictámenes técnicos, legales y financieros completos. Y reafirmaron que la ejecución de obras debe priorizar la legalidad, transparencia, calidad y bienestar de las comunidades.
Ofrecieron a los jefes ediles una ruta unificada de la Segeplan y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), a nivel nacional y departamental. La primera asesorará y validará técnicamente; mientras que la segunda acompañará, coordinará, supervisará y fortalecerá.
Realizarán jornadas de asistencia territorial y mesas técnicas departamentales. Equipos multidisciplinarios revisarán expedientes en sitio. Capacitarán y fortalecerán las DMP y promoverán la transparencia, auditoría social y participación ciudadana.
Por su lado, el Ejecutivo espera cinco responsabilidades de los alcaldes:
- No firmar convenios sin avales técnicos
- Presentar proyectos de mayor impacto
- Solicitar acompañamiento técnico
- Robustecer las DMP
- Evitar presiones externas
Ideal derogar, mínimo reformar
El Ejecutivo propone varias reformas al Decreto 7-2025. Uno es el desembolso total de los recursos que dice el actual, debe ejecutarse al suscribir los convenios. El cambio sería para desembolsar el capital conforme el avance físico y financiero, sin tomar en cuenta un plazo específico.
También eliminarían la parte que solo le da cinco días hábiles a los entes rectores para emitir avales. En su lugar, agregarían que, a partir de la recepción del expediente, las instituciones no excedan un plazo de 30 días hábiles para que este se encuentre en un estado de resolver.
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