La reforma al IUSI exime de pagar el impuesta a propietarios de vivienda; el cobro queda para inmuebles comerciales. Impactará en los servicios municipales, señala Jean-Roch Lebeau.

Por Mauricio Alvarez
Con 121 votos a favor, los diputados acordaron exentar a los inmuebles destinados a la vivienda, el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La reforma dejó que solo los espacios destinados al comercio lo pagarán.
Para Jean-Roch Lebeau, experto en desarrollo territorial, urbanismo y sostenibilidad, la reforma fue más allá de los cambios que eran necesarios. “Fueron totalmente antitécnicos”, comentó.
La reducción de los ingresos municipales podría provocar presión sobre otras fuentes de financiamiento, afectar el mantenimiento de servicios y hacer que las municipalidades dependan más de las transferencias del Gobierno central, dijo.
– ¿Qué es el IUSI?
– Es un impuesto territorial y al patrimonio. Siempre digo: es un impuesto muy viejo. Desde el tiempo de los babilonios teníamos las primeras tabletas de escritura y de mapas de cobro por parte de los reyes de Babilonia y después en Egipto.
Han pasado unos 3 mil o 4 mil años desde que el ser humano cobra IUSI porque es un impuesto que se ve, se mira y se visualiza. Cuando uno está en un pueblo o en una aldea, se sabe quién tiene qué. Qué propiedad tiene el vecino y cuánto debe de contribuir.
Antes se contribuía directamente con parte de las cosechas, poco a poco se sofisticó para hacer un impuesto directamente pagado en especie. En la actualidad, grava una base inmóvil, visible y difícil de esconder o de trasladar. Es una muy buena fuente de financiamiento para las municipalidades aquí y en cualquier ciudad del mundo.
– ¿Cuál ha sido históricamente la función del IUSI en Guatemala?
– El IUSI ha sido un instrumento de descentralización que ha utilizado el Gobierno después de los Acuerdos de Paz. Es uno de los compromisos de la Constitución para dotar a los municipios y acercar la gestión a los vecinos.
El IUSI también tiene una contraparte directa. Se cobra, pero hay una autoridad a quien se le pueda exigir el uso del cobro de una manera transparente, en este caso: un alcalde. El IUSI está muy cercano al vecino, porque no es como el IVA u otros, donde no se sabe dónde se va a reinvertir.
El 77% del IUSI se destina en reinversión a nivel de las comunidades. Es un flujo constante de dinero que tiene la municipalidad que le permite acceder a ciertos préstamos o a ciertas operaciones bancarias.
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– ¿Qué cambios introducen las reformas al IUSI aprobadas por el Congreso?
– Primero hay que entender de dónde vienen las reformas. No hay que perder de vista que existe un malestar de la ciudadanía sobre el destino y la manera en la que se utiliza.
Muchos lo ven como la caja chica del alcalde, con muy poca visibilidad en cómo se invierte en el municipio. Desde el punto de vista de la transparencia es un impuesto que en el diseño legal tiene muy pocos instrumentos que nos permiten rastrear cómo se destina ese recurso.
Hay una segunda parte: un impuesto tiene que ser justo. La manera de aplicar el impuesto, sobre todo en la ciudad de Guatemala, hacía que hubiera distintos tipos de cobro para diferentes tipos de propiedades.
Algunas propiedades nuevas, por ejemplo, pagaban más porque estaban vinculadas con el FHA (Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas). La gente tenía que pagar el IUSI en su cuota integrada que pagaba al FHA o al banco.
Había también un problema vinculado a que ese impuesto al patrimonio, en algunas circunstancias, puede ser que algunos no tengan la capacidad de pago. Hay personas que tienen una propiedad que vale mucho, pero no necesariamente tienen los recursos para sostener un IUSI fuerte porque heredaron esa propiedad.
La ley, en general, estaba bastante bien diseñada, según opiniones de los mejores expertos en temas de impuesto predial de la región. Tiene esas cuotas progresivas, las tres tasas que tenemos nosotros según el valor de propiedad, que permitían cobrar distintos valores: a los que más tienen, cobraba más, y los que menos tienen pagaban menos.
Había algunos elementos de reforma que eran evidentes, pero los cambios que se introdujeron fueron, como dicen, “ entró un ratón y salió un elefante”. Salió algo que definitivamente fue totalmente antitécnico, sin pensar claramente en los impactos que esa reforma podría tener para las municipalidades.
– ¿Cuál será el impacto de la reforma en las finanzas municipales?
– El impacto que va a generar a nivel de las finanzas de algunos municipios es muy importante. Aprobaron una tasa cero para bienes inmuebles destinados a vivienda de uso residencial e incluso algunos de usos mixtos, que no sabemos muy bien todavía cómo se va a categorizar.
La misma escala que teníamos anteriormente, tres, seis y nueve por millar, para inmuebles de uso comercial. El mensaje que se manda es: vamos a cobrar a la actividad económica, porque cualquier tipo de comercio ya pagaba IUSI, pero ahora van a estar en el ojo porque solo sobre de estos se sostendrá el IUSI.
Hay una prohibición de condicionar el pago del IUSI a cortar agua, basura y alumbrado. Hay una reasignación de algunos timbres sobre segundas y posteriores transferencias inmobiliarias que debería de compensar pero será muy poco.
Un 30% de lo que se quita se va a compensar con esa transferencia de los timbres según las transacciones inmobiliarias, que no sabemos muy bien exactamente cómo se va a comportar.
– ¿Cómo podrían verse afectados los vecinos y los servicios municipales?
– El efecto directo número uno es que ni pagará ese impuesto la vivienda residencial. Ese es el alivio directo. A veces, el problema es que detrás vienen una serie de problemas concatenados.
El IUSI es un impuesto al mantenimiento de la ciudad. Es la cuota de conservación de los espacios colectivos que hacen que una ciudad funcione: las calles, los gimnasios, el alumbrado, el agua, los parques.
Mucha gente dice: “Pero es que de eso no tenemos mucho en Guatemala”. Pero podemos estar peor. Podemos llegar a problemas todavía más fuertes.
Lo que probablemente veremos en el mediano plazo es una pérdida en el margen del mantenimiento de esos servicios. Quizás algunos se van a tener que privatizar y serán más caros o dejarán de funcionar.
También podríamos observar una presión sobre otras cargas, las municipalidades tratarán de compensar esa pérdida, por ejemplo, con licencias de construcción.
Y lo más importante y político es que los municipios se volverán mucho más dependientes de las transferencias del Gobierno central, por un lado. Y de la negociación con los diputados en el marco de las negociaciones del presupuesto.
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– ¿Cómo funciona en la práctica la distribución del 30% del IUSI para funcionamiento y el 70% para servicios municipales?
– Es muy discrecional. Y era probablemente una de las reformas importantes a plantear.
Nosotros planteamos una lógica de tablero municipal donde podíamos tener un seguimiento. Como lo hacen en Ojoconmipisto a través de sus lógicas de observación de inversión pública. Por ejemplo, que las municipalidades apliquen de forma obligatoria a qué se dedica el IUSI y que la gente pueda ver materializada ese 70% de inversión.
La institución que debería controlarlo es la Contraloría General de Cuentas (CGC). Pero con la autonomía municipal y además con el poco personal, es una auditoría que se queda relegada.
– ¿Cuándo una propiedad deja de considerarse de uso residencial y pasa a tener un uso comercial?
– Todavía tenemos que tener la última versión de la ley que consolida las enmiendas con lo que fue aprobado. Había partes del texto que justamente ese elemento lo tenían un poco mejor redactado, pero ya después, con las enmiendas, se eliminaron.
Pero el texto sí distingue, supuestamente, el uso comercial del uso residencial y trata de clasificarlo. Pero lo deja un poco gris. Habrá un tema de interpretación y esas zonas grises van a ser donde las municipalidades van a entrar a cobrar el IUSI.
La interpretación administrativa va a ser la clave. En un contexto donde yo tengo poca plata, esa interpretación va a ser hacia lo más del beneficio que yo pueda tener. Pero, por otro lado, vas a tener la reacción ciudadana de la gente que va a empezar a buscar estrategias para cambiar de uso.
Centros comerciales que van a construir edificios encima para que sean de usos mixtos, la mayoría tratarán de pasar hacia la vivienda. En fin, habrá como toda una hoja de interpretación que me parece que tampoco ayuda mucho a la paz social y a la clarificación del impuesto.
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