Las remuneraciones no tienen mínimos ni máximos para respetar la autonomía municipal, pero tampoco se establece una guía para fijar el precio de su trabajo.
Por Carmen Valle
Todos los alcaldes, como cualquier otro trabajador en el país, gozan de un salario. Este, sin embargo, no tiene un límite, así como no lo tienen las dietas de los concejos o los gastos de representación. Esto, porque las leyes de Guatemala no especifican a cuánto debe ascender la paga de las personas que ocupan los cargos.
La ley de salarios de la administración pública establece que todo trabajo debe ser remunerado, a excepción de las labores gratuitas a causa de una sentencia. En ella también se menciona la necesidad de tener una escala de sueldos, los cuales pueden revisarse cada año para determinar si deben modificarse.
Esa escala existe pero, “es muy antigua y solo la publican una y otra vez en lugar de revisarla para hacer cambios oficiales. ¿Qué hacen los empleados? Gestionan pactos colectivos donde obtienen beneficios y al final es un desorden cuánto se paga a cada uno”, explica el exministro de Trabajo, Luis Linares.
De acuerdo con él, el primer Código Municipal en Guatemala (1957) no limitaba los montos de los sueldos, dietas o cualquier otro pago por parte de las alcaldías al concejo. Además, solo les dejaba hacer cambios en ellos para la administración siguiente y no para la actual, entonces no se acostumbraba modificarlo.
En 1985, la Constitución Política de la República de Guatemala cambió las reglas, porque en ella se mencionaba la autonomía municipal. Esto también facultó a las alcaldías a disponer de sus recursos a criterio propio y por lo tanto debía reformarse el Código Municipal para hacer valer estos derechos.
El nuevo Código, por su parte, no menciona ninguna escala para regular cuánto deben devengar los jefes ediles. Por eso no se pudieron limitar casos como el del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, quien aumentó Q20 mil a su sueldo en 2022.
Algo similar sucedió con el exalcalde de Chiquimula, Rolando Arturo Guerra, que cuadruplicó el monto de las dietas del concejo y así su municipio pagó Q1 millón 55 mil por esto en diez meses.
En la primera semana de gobierno de la administración 2024 – 2028, en cambio, cuatro jefes ediles hicieron lo contrario. El de la cabecera de Jutiapa, Oscar Pineda, redujo su salario a la mitad y estableció ad honorem las dietas del concejo. En tanto, el de Santa Ana (Petén), Elmer García, lo redujo para ganar el salario mínimo y eliminó los gastos de representación.
El de Tiquisate no redujo el monto de las dietas, pero sí disminuyó el número de sesiones mensuales de 14 a ocho, mientras el de Villa Nueva acortó su sueldo a la mitad.
Linares lo califica como beneficioso para el erario público, aunque también ve importante que las municipalidades bajen o suban salarios con base en algo y no de forma intuitiva. “Podrían fijar los montos según indicadores del nivel de vida en su municipio, como el precio de la canasta básica alimentaria, por ejemplo.
Por la carga laboral, considero que un salario justo para un alcalde podría ser de tres a cuatro veces esta cantidad”, señala. Esto equivaldría a un sueldo de Q11 mil 697 a Q15 mil 996.
Al no existir un tope para dietas, los concejos municipales salientes destinaron a esto y a los gastos de representación Q1 mil 942 millones de 2020 a 2023, según el portal de gobiernos locales.
