Solo los aludidos podrán conocer la información bajo reserva. Según expertos, la norma atenta contra la publicidad de los actos administrativos.

Por Gérman Gómez
Durante siete años la información relacionada con el funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas (CGC) no será de acceso público. Así lo indica la resolución A-068-2024, publicada el miércoles 26 de junio en el diario oficial. El documento establece que los procesos e informes de fiscalización quedarán bajo reserva.
Se incluye la metodología empleada, la comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, informes jurídicos, las opiniones que emita la Contraloría, entre otros. La resolución publicada también excluye datos, como el inventario de los documentos que estarán bajo reserva.
La justificación de la Contraloría
El primer considerando hace énfasis en la normativa de que todos los actos de la administración son públicos. Así lo establece el artículo 30 Constitución Política de la República. Sin embargo, argumentan la decisión con el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que permite la clasificación de la información reservada.
También se refiere a la Ley Orgánica de la CGC, decreto 32-2002. Específicamente al artículo 9, que norma la divulgación de la información. Establece que el personal de la institución, “debe guardar la confidencialidad y reserva respecto de la información que obtenga durante el proceso de auditoría”.

Un retroceso en el acceso a la información
La resolución añade que la información “reservada” solo podrá ser conocida por el titular del derecho: el propietario. La finalidad es garantizar la confidencialidad de los detalles. Los datos restringidos estarán en custodia y conservación de la contraloría.
Según Julio Herrera, director ejecutivo de Red Ciudadana, la decisión de la contraloría es una muestra de la “debilitación” de las instituciones públicas. No existe un ente rector que pueda liderar la apertura de los actos del Estado, y con ello, permitirles a los guatemaltecos el derecho al acceso a la información, sostiene.
La organización Acción Ciudadana informó en sus redes sociales que interpondrá un recurso de revisión en contra de la “clasificación de información reservada de la contraloría”. Argumentan que la resolución vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano.
La Contraloría emitió la resolución dos días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) declarará bajo reserva la información relacionada con la seguridad de los magistrados. La decisión fue publicada en el diario oficial el lunes 24 de junio.
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Mirja Valdés
Quetzalteca que estudió Técnico en Periodismo y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos. Reportera y editora en varios medios. Me gusta lo que hago. También los gatos 🐈.