Aunque no dictaminen, sus responsabilidades van más allá de solo conocer iniciativas de ley. En 2026 su tarea principal debe ser fiscalizar el gasto, pero con sustento técnico.

Por Pilar Rodríguez
En el archivo de la Dirección Legislativa del Congreso, hay una iniciativa de ley con una propuesta para ampliar la cobertura del transmetro. Ya está lista para que la dictamine la comisión, pero la sala se ha enfocado en otras cosas.
Las sesiones de la Comisión se han enfocado en su instalación y elección de Junta Directiva; presentación y aprobación de agenda anual de trabajo; informes sobre reuniones con el Parlamento Centroamericano y citaciones.
En noviembre de 2025, la página web del Congreso mostraba únicamente una iniciativa dictaminada: la 6466. Propone reformas en la Ley Orgánica del Presupuesto, para que ya no sea necesario que las municipalidades trasladen el derecho de sus terrenos al Estado para que este invierta fondos públicos.
Ahora, incluso tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad del presupuesto general para este 2026, aún queda una exigencia que esta sala del Congreso tendrá que atender: la de fiscalizar cómo se ejecutan los fondos de Consejos de Desarrollo (Codede).
Fiscalizar con sustento técnico
Ricardo Barrientos, experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que a través de la comisión, el Congreso debe ejercer, con sustento técnico, su facultad constitucional de fiscalizar la ejecución del gasto.
Aunque la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la aprobación del Decreto 7-2025 y del Presupuesto 2026, no debe perderse de vista que el Presupuesto 2025 incluye un aporte extraordinario.
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“En términos simples, el mandato de los diputados es legislar y fiscalizar”, recordó. En cuanto a los fondos que las municipalidades podrán solicitar a Codede, Barrientos mencionó que lo único claramente establecido es un monto de Q5 mil 12 millones correspondientes al aporte extraordinario y Q4 mil 672.5 millones del aporte ordinario.
Explicó que no se ha readecuado el presupuesto ni la proyección del IVA para 2026, por lo que no se sabe concretamente cuánto tendrán disponible los Consejos. “Las transferencias a Codede por parte del Ministerio de Finanzas están prácticamente cerradas, aunque aún son preliminares”, explicó.
Para 2025 se aprobaron Q12.2 mil millones de quetzales destinados a los Consejos de Desarrollo. Barrientos contabiliza que se han ejecutado Q7 mil 629 millones, lo que representa aproximadamente el 62%, y quedan alrededor de Q4 mil 400 millones de saldos para este año.
La comisión es un espejo
La comisión realizó dos sesiones por mes desde marzo de 2025. Dos sesiones por día. En una nota anterior, Ojoconmipisto reportó que se organizaron las sesiones número cinco y seis de 2025 el 13 de mayo. Ambas. En total, duraron 15 minutos entre las dos. Siete minutos y medio cada una.
Las sesiones del mes equivalen a un pago de Q5 mil en dietas para cada congresista. Con un total de 16 sesiones en ocho meses, cada diputado que integra la sala cobró un total de Q40 mil en 2025.
Selvin García, exalcalde de Pachalum, Quiché, y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), menciona que tanto los resultados del Congreso como de las comisiones dependen directamente de la forma en que se estén manejando los asuntos políticos dentro del Legislativo.
Los resultados que se observan en las comisiones suelen reflejar también el funcionamiento del pleno. García ejemplifica con que en 2025, el Congreso ha aprobado alrededor de 13 o 14 decretos.
Reconoce que algunas comisiones son más activas que otras. En el caso de la Comisión de Asuntos Municipales, especula, puede que no haya tanto interés en dictaminar o que no existan suficientes iniciativas para generar más resultados.
La dinámica en el Congreso en este momento ha estado lenta, y eso se refleja en la cantidad reducida de decretos, resoluciones y puntos resolutivos emitidos. Hay años legislativos más productivos que otros, y este, en particular, ha sido de los menos activos. Esa falta de movimiento político se traduce también en la labor de salas como la de Asuntos Municipales.
Hay más que hacer que dictaminar
El exalcalde agrega que el trabajo de las comisiones, sin embargo, es variable y depende mucho de quién las preside. Además, es importante recordar que su función no se limita únicamente a dictaminar. También pueden:
- Presentar propuestas de iniciativas
- Analizar peticiones de alcaldes o de instituciones relacionadas con las municipalidades,
- Revisar asuntos vinculados con órganos autónomos o descentralizados.
Según la exdiputada Nineth Montenegro, las comisiones del Congreso tienen la obligación legal de reunirse al menos dos veces al mes, incluso si no hay iniciativas de ley en discusión. Explica que “una comisión no está solo para dictaminar una iniciativa o una ley ya existente. Tiene más funciones fiscalizadoras”.
Recuerda que las iniciativas cuentan con un plazo de sesenta días para ser dictaminadas y que, si no se solicita una ampliación, se consideran archivadas. Sin embargo, aclaró que la falta de dictámenes no siempre depende del presidente de la comisión, sino también de factores como la ausencia de quórum o la falta de coordinación política.
“Si no hay nada que dictaminar, hay muchísimas cosas que hacer en una comisión”, añade. Señala que los integrantes pueden realizar fiscalización en las municipalidades, revisar el funcionamiento de los concejos municipales o atender denuncias de la ciudadanía.
Una de las que no dictaminaron
El 26 de noviembre de 2024 el pleno del Congreso envió a dictaminar una iniciativa a la Comisión: el proyecto de ley 6032 para la ampliación del Transmetro en los municipios del departamento de Guatemala.
Propone incrementar en 1% la asignación del IVA que reciben las municipalidades, lo que equivaldría aproximadamente a Q2 mil 934 millones anuales para financiar transporte municipal a nivel nacional.
Además, incluye la obligación de implementar infraestructura y unidades accesibles para personas con discapacidad.
Plantea reformar el artículo 10 de la Ley del IVA para destinar ese 1% específicamente al financiamiento del transporte público municipal administrado por cada municipio, con excepción de Guatemala.
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NOTA: esta publicación se actualizó el lunes 12 de enero de 2026. Se titulaba «Comisión de asuntos municipales tan lenta como todo en el Congreso». Cambió el enfoque, además de emitir díctámenes qué más pueden hacer los miembros de la comisión. También se añadieron fuentes como Selvin García y Ricardo Barrientos.