La medida permite usar fondos del IUSI e IVA–Paz para cubrir gastos de la calamidad. También podrán adquirir de forma directa bienes por hasta Q300 mil.
Por Isaias Morales
El Congreso aprobó en las primeras horas de este martes 25 de marzo la Ley de Emergencia, decreto 12–2020. La misma busca que las alcaldías durante el estado de calamidad, vigente hasta el 5 de mayo, puedan ser más ágiles en tomar medidas ante la pandemia del COVID-19 o coronavirus en el país.
Estos son los tres puntos que competen a los gobiernos locales:
1) Colaborar con el ministerio de Salud
Los alcaldes deberán apoyar al personal de la cartera cuando se los requiera durante la emergencia, según el artículo 6 de esta norma. Esto incluye facilitar instalaciones y habilitarlos para la atención médica.
Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla que integró la comisión para analizar esta ley, asegura que el objetivo de esta disposición es que las municipalidades coordinen de mejor forma con el ministerio para garantizar el acceso a la salud a nivel local.
Hasta antes de esta medida, una de las alcaldías que proporcionó instalaciones para este fin fue Quetzaltenango. Se trata de un área abandonada del Hospital Regional de Occidente que costó Q2 millones 456 mil en caso se reportara algún vecino contagiado. Además, acondicionó un hospital provisional en el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (Cefemerq).
Otra de las corporaciones que realizó gastos antes de aprobarse esta ley fue Taxisco que contrató la reparación de un techo de palma del centro de salud para atender en mejores condiciones a los pacientes.
Marvin de León, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que esta entidad coordina con los alcaldes en sus 12 sedes regionales. Citó el caso de Agua Blanca, Jutiapa, la cual habilitará un centro de aislamiento para diez personas en caso se reporten casos positivos de COVID-19, que cubrirá con sus propios recursos.
Los alcaldes, agregó, también apoyan en el transporte de personas y controles para apoyar a la cartera de Salud a evitar más contagios.
2) Más recursos para funcionamiento
Otro de los permisos temporales que tendrán los jefes ediles es disponer de los ingresos que recauden del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI) para atender los gastos de emergencia y cubrir su día a día, excepto incrementar su planilla de trabajadores. También podrán usar los fondos provenientes del ministerio de Finanzas, como el IVA–Paz, no así con el dinero del situado constitucional cuyo destino debe ser un 90 por ciento para obras.
El IUSI es un arbitrio que pagan los guatemaltecos sobre los inmuebles que posean. Las comunas deben utilizarlo para mejorar la infraestructura de las comunidades, pero en esta ocasión podrán destinarlos a proyectos como dotación de agua e insumos que requieran por el coronavirus.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que por la emergencia que vive el país es necesario tomar esta excepción porque las municipalidades son las autoridades más cercanas a la población a nivel local.
Para el entrevistado, la Contraloría debe auditar si el uso dado a estas medidas excepcionales son las correctas.
El investigador de Acción Ciudadana Marvin Flores opina que es válida esta medida por única vez, pero a su criterio el ente fiscalizador debe revisar la calidad del gasto y no solo cuadrar las facturas.
Según datos del Ministerio de Finanzas, hay 24 municipalidades que no recaudan del IUSI. Estas son de los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Jutiapa, Sololá y San Marcos.
Marvin de León, de la Anam, indicó que en al menos un 50 por ciento de los municipios del país hay problemas para recaudar el IUSI, pero hay alcaldías como la de Petatán, Huehuetenango, que no solo percibe pocos ingresos, sino que tampoco lo recauda. Según el portal de Gobiernos Locales su presupuesto es de Q592,000 mensuales y hasta la fecha ha devengado Q118 mil 742.
En su caso, indicó, la municipalidad dependerá de los fondos del IVA–PAZ para no dejar de funcionar ante la crisis. Este municipio de 6,366 habitantes se creó en 2015 y es el número 340. Este año prevé recibir Q971 mil para obras. Ahora lo podrá utilizar para la emergencia o cubrir sus gastos diarios.
Otra de las que no podrá disponer fondos del IUSI es La Esperanza, Quetzaltenango. En febrero pasado, durante un cabildo abierto, los vecinos rechazaron pagarlo.
3) Se elevan las compras directas
Otra de las licencias que tendrán las comunas es comprar de forma directa las adquisiciones relacionadas al COVID-19, por monto tope de Q300 mil.
Según Ricardo Barrientos, elevar la compra directa de Q90 mil a Q300 mil trae consigo la posibilidad de abuso de parte de las municipalidades, pero también se necesita flexibilizar la ejecución en casos de emergencia. “Hay que convivir con ambas situaciones, y ahorita frenar la propagación de la enfermedad es la prioridad”
El legislador Samuel Pérez indicó que una de las razones para aumentar el tope de la compra directa es para evitar que las instituciones fraccionen las compras y lograr agilizarla para cubrir las necesidades de los municipios.
Por su parte, Flores sostiene que una compra directa puede ser competitiva. “Es una modalidad de adquisición da la Ley de Contrataciones del Estado, pero no quiere decir que sea cerrada o se defina de una vez quién se le va a comprar”.
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