Se elaboró para hacer que prevalezca la democracia en los países miembros. Si van en contra de este principio, arriesgan su permanencia en la organización y las relaciones internacionales.
Por Carmen Valle
Guatemala es uno de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, por lo tanto, es firmante de la Carta Democrática Interamericana, donde se establece que en todas estas naciones prevalece la democracia representativa. Aun así, cuando se considera que no se respeta esta forma de gobierno, la nación se arriesga a enfrentar las consecuencias impuestas por la entidad.
La carta establecida en 2001, define democracia como la forma de gobierno representativo, los principios necesarios para vivirla, cómo contribuye con el desarrollo y el combate a la pobreza, y qué hacer cuando se encuentra bajo amenaza. En su tercer capítulo señala cómo, si se comprueba que el Estado miembro altera el orden democrático, se le puede sancionar con la suspensión de la organización o, incluso, la expulsión.
De acuerdo con Estuardo Contreras, especialista en administración pública, invocar la carta democrática a un país, es cuando la OEA entabla conversaciones con él y le recuerda que es firmante y debe adherirse a sostener la democracia. Si no corrige los comportamientos en contra de ella y se agotan todas las instancias previas, se convoca a sesión del Consejo Permanente donde se discute la suspensión o expulsión de este país.
Las instancias previas, explica Contreras, se dan cuando el Consejo Permanente hace las gestiones diplomáticas necesarias para guiar al país a rectificar sus actitudes antidemocráticas. Si estas no rinden fruto, se busca constatar si el Estado rompió la democracia y, si es así, se vota para tomar una decisión.
“En Guatemala ya vinieron misiones de observación, el secretario de la OEA se reunió con el gobierno saliente y el entrante, el Consejo Permanente se reunió y 24 de los 34 miembros dijeron que Guatemala socava la democracia”, sostiene.
“Por último se debía constatar la actitud antidemocrática, pero tras el intento del Ministerio Público de anular las elecciones, la OEA emitió un comunicado donde considera estas acciones como un golpe de Estado. Solo falta esperar las sanciones”, añade.
Más allá de una suspensión
Si la OEA invoca la carta democrática y decide suspender o expulsar a Guatemala, esta quedaría al mismo nivel que Corea del Norte o China, naciones no integrantes de la organización y cuyos regímenes no son la democracia representativa. “Pero nosotros no tenemos una economía como la de ellos o las reservas petroleras de Venezuela. Si Guatemala no es miembro, se arriesgan los proyectos de cooperación internacional, la asesoría de USAID, las relaciones comerciales y todo lo dependiente de la diplomacia”, explica Contreras.
Según el experto, si esto sucede, se puede considerar incluso como una amenaza al sistema de remesas, pues el funcionamiento de ellas también depende de la relación entre Guatemala y otros países. “Seríamos como parias, porque la comunidad internacional empezaría analizar si vale o no la pena hacer acuerdos con nosotros”, concluye.
De suceder esto, el artículo 22 de la carta, si el gobierno suspendido enmienda la actitud antidemocrática, se puede proponer al Consejo Permanente volver a incluirlo como miembro. Para lograrlo, se necesitan los votos favorables de dos terceras partes de los Estados integrantes.
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