El sindicato del Mineduc reclama que no se le consultó para tomar decisiones sobre el seguro escolar. Esa puerta se abrió en el pacto colectivo.
Por Carmen Valle
El 12 de marzo de 2024, Joviel Acevedo, líder del sindicato del Ministerio de Educación (Mineduc) aseguró haber pedido a la Corte de Constitucionalidad (CC) intervenir en la decisión presidencial de cancelar el seguro médico escolar de la administración anterior. Aunque el Ejecutivo es autónomo, según abogados, el sindicato tiene voz sobre este tema por decisión del gobierno saliente.
Una semana antes, el 5 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo derogó el acuerdo gubernativo 44-2020. En él, el gobierno de Alejandro Giammattei instauró el seguro escolar para los alumnos del sector oficial en 2020. La propuesta era sustituirlo por un convenio con el Ministerio de Salud y así este atendiera a todos los estudiantes y les brindara el tratamiento necesario.
Según Acevedo, tomar esta decisión sin consultarle al sindicato del Mineduc constituyó una violación a su pacto colectivo. Este, firmado también por la anterior titular de Educación, Claudia Ruiz, incluía el seguro escolar como un servicio necesario para los alumnos. Se justificó con que este se requería “para desarrollar de mejor manera el ejercicio docente”.
En el artículo 62 se faculta al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) para velar por el cumplimiento del seguro escolar por parte del Mineduc, monitorearlo, evaluarlo y ejercer tutela sobre él.
¿El pacto colectivo es del sindicato o de los alumnos?
Un pacto colectivo es un acuerdo entre trabajadores y patronos, donde se establecen las condiciones laborales y así se garanticen los derechos de los empleados. Los regula el artículo 49 del Código de Trabajo, el cual establece quiénes pueden celebrarlos, pero no limita qué pueden pedir los negociantes.
En algunas municipalidades, por ejemplo, existen pactos colectivos con bonos de cumpleaños, convivios, obligación estatal de dar regalos por Navidad a sus hijos, entre otros compromisos a sufragarse con fondos públicos. Estos compromisos son eternos, pues al convertirse en derechos adquiridos las negociaciones posteriores solo pueden aumentar los beneficios, pero no retirar los antes pactados.
“Fue un error poner esta condición en el pacto colectivo del sindicato del Mineduc. El seguro escolar no es una prestación laboral, sino un servicio para los alumnos”, de acuerdo con el exministro de Trabajo, Luis Linares. “Darle ‘tutela’ puede interpretarse de muchas maneras, pero una de ellas es obligar al Estado contar con los trabajadores para tomar decisiones que deberían ser autónomas, como corregir o cambiar condiciones de programas”, añade.
Un asunto constitucional
Aunque los derechos de los pactos colectivos son adquiridos y en las negociaciones no disminuyen, existe jurisprudencia donde se requirió corregir condiciones en ellos. En 2020, por ejemplo, la CC declaró inconstitucionales algunos artículos del pacto colectivo del Ministerio de Salud y debió modificarse.
En la Constitución, por ejemplo, el artículo 183 señala al Presidente como superior jerárquico en todos los ministerios. El artículo 78, en tanto, califica los derechos del magisterio como irrenunciables. “Aunque pueda haber muchas interpretaciones legales, el seguro escolar no es un derecho de los maestros, sino de los alumnos”, dice el abogado Javier Urizar.
El pacto colectivo del Mineduc caducará el 18 de marzo de 2024, pero continuará vigente mientras no se llegue a nuevos acuerdos. En tanto, quien tiene en sus manos decidir si hubo o no falta por parte del Ejecutivo al no consultar al sindicato sobre la permanencia del seguro escolar, es la CC y aún no resuelve.
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